Finalmente se postergó la votación de la comisión que debe expedirse sobre el pedido de aborto no punible de una niña de 12 años, que quedó embarazada en una violación, y que sigue internada por orden de la Justicia en el Hospital Pediátrico Humberto Notti, de la localidad mendocina de Guaymallén. La nena habría manifestado su decisión de seguir adelante con la gestación. Frente a este nuevo escenario, se resolvió que hoy fuera sometida a otra pericia, mediante una cámara Gesell, donde además se le brinde amplia información sobre su situación, para que pueda expresar su opinión con mayor libertad, sobre todo teniendo en cuenta que en los últimos días fue intimidada y atormentada por miembros de grupos católicos que le mostraron panfletos con fetos mutilados y además estaría siendo presionada por médicos del Notti, que han expresado abiertamente estar en contra del aborto. “Están violando sus derechos humanos”, advirtió la titular del Inadi, María José Lubertino.

Al caso se sumó otro hecho llamativo: justo cuando la madre empezó a ser representada legalmente por una abogada de la organización de mujeres Las Juanas y las Otras, el juez de Familia Nº 1 de Mendoza, Germán Ferrer, le quitó la guarda de su hija y se la dio a la abuela, quien –casualmente o no– ya habría manifestado su negativa a interrumpir la gestación. La mamá fue quien presentó el pedido de aborto no punible.

El viernes, con el asesoramiento de la nueva abogada, Patricia González, la madre pidió la externación de la niña del Notti. El magistrado rechazó el planteo. Ayer, en la reunión de la comisión ampliada, donde integrantes del Comité de Bioética del Notti y expertos independientes convocados ad hoc analizaron el cuadro, se le preguntó al magistrado por qué no se allanó a esa solicitud. Ferrer respondió que su decisión se basó en que se trata de “un embarazo de alto riesgo”. La respuesta generó revuelo: ése es el fundamento central que plantearon ya algunos de los especialistas independientes para sostener que se trataría de un aborto terapéutico, para proteger la salud psíquica, física y social de la niña. Pero cuando se le señaló este aspecto, el magistrado se desdijo: finalmente afirmó que en ningún lugar del expediente judicial dice que es “un embarazo de alto riesgo”.

Entre los presentes quedaron muchas dudas sobre los motivos alegados por el juez para mantener desde hace más de dos semanas a la niña internada en el Notti. “Le están haciendo un lavado de cerebro”, opinó uno de los expertos, en diálogo con PáginaI12. Prefirió el anonimato: el magistrado les impuso silencio. A otro de los expertos le llamó la atención la terminología utilizada por el juez, muy similar a la que usan los grupos fundamentalistas. Para referirse al hecho de que la niña habría manifestado su interés en continuar la gestación, dijo: “La nena no quiere matar al bebé”. A una organización de defensa de los derechos de las mujeres que está apoyando a la madre la catalogó de “grupo pro abortista”. El magistrado ya designó un abogado defensor del feto, elegido por sorteo de una lista ad hoc. En caso de que se autorice el aborto, es probable que ese letrado apele la decisión. Y los días seguirán corriendo. El embarazo estaría entrando en la décima semana.

Los resultados de las pericias que se le realizarán hoy a la niña se conocerían mañana. Integrantes de la comisión ampliada podrán seguir el diálogo de la nena con una psicóloga, una psiquiatra y un trabajador social a través de la cámara Gesell. Recién con esa información emitirían su dictamen. Ayer, uno de los miembros del Comité de Bioética, el sacerdote católico Ricardo Poblete, dio su veredicto en contra de autorizar el aborto, argumentando que el mal menor para la niña sería llegar a término con el embarazo. Según se percibió en las reuniones anteriores, al menos otros tres de los seis integrantes de ese órgano colegiado, entre ellos su presidenta, Marta Fracapani, se alinearían detrás del cura. Entre los expertos independientes, tres adelantaron ayer su convicción de que el caso encuadra en los supuestos de no punibilidad contemplados en el artículo 86 del Código Penal: por tratarse de un embarazo producto de una violación y porque la gestación pone en riesgo la salud de la niña. Los demás expertos todavía no se pronunciaron.

El dictamen no es vinculante. De hecho, ni siquiera debería ser requerido: el Código Penal no lo exige, del mismo modo que tampoco establece que sea un juez quien deba autorizar un aborto no punible. Pero en el hospital pusieron como requisito el permiso judicial.

Las cortes provinciales de Mendoza, Buenos Aires y Entre Ríos ya establecieron en diversos fallos que no se deben judicializar los casos de abortos no punibles. También sigue esa línea la Guía de Atención Integral de los Abortos no Punibles, elaborada por el Ministerio de Salud en 2007, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). “No autorizar este aborto es una clara violación a los derechos humanos de la niña”, consideró la presidenta del Inadi, María José Lubertino, en diálogo con PáginaI12. Y agregó: “Este esquema se repite en distintas provincias, una y otra vez, donde se criminaliza a las mujeres y se les impide que aborten cuando la ley y la Constitución las amparan. Aquí se van la salud y la vida de una nena. Por eso es importante que las legislaturas provinciales dicten reglamentaciones para fijar procedimientos en casos de abortos no punibles o legisle el Congreso nacional. Es imprescindible para que a los efectores de salud no les quepa duda de cómo deben actuar.”