La Cámara de Senadores bonaerense convirtió en ley un proyecto impulsado por el gobierno de la provincia a partir del cual se prohíbe el uso de las bolsas de polietileno y de cualquier material plástico convencional utilizadas y entregadas en supermercados, autoservicios, almacenes y comercios en general. Esto no significa que las bolsas de plástico tejido que usaban las abuelas para hacer los mandados recuperarán el protagonismo que tenían en las compras cotidianas: la iniciativa, en realidad, apunta a “modificar la tecnología del proceso productivo de manera tal que la bolsa que resulte como producto final no tarde 400 años en degradarse, tal como lo hace ahora, sino seis meses”, explicó Gustavo Cilenta, responsable de la Dirección de Producción y Consumo Sustentable del Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), impulsor de la iniciativa.

La realidad es que no hay comercio que no ofrezca a sus clientes la clásica bolsa para el traslado de la mercadería que han comprado. Al respecto, Cilenta señaló que “el Ejecutivo advirtió la excesiva cantidad de bolsas de polietileno que hay, por lo que encargó a la OPDS la creación de un proyecto para darle una vuelta de tuerca al tema”.

En su forma original, el proyecto, que fue creado hace más de un año, especificaba de qué clase de material debían ser las bolsas que reemplacen a las de polietileno. Sin embargo, la Cámara alta sólo dio su visto bueno cuando ese punto fue modificado, de manera tal que evite beneficiar a un rubro en particular. Ahora, la norma sólo establece que deberán ser reemplazadas por “contenedores de material biodegradable” para “minimizar el impacto ambiental”.

Las industrias fabricantes de esta clase de empaques tendrán dos años, a partir del momento en que se promulgue la ley, para modificar su tecnología de producción de manera que “los productos finales no generen acumulación de basura –es decir que se degraden en un lapso menor del que ahora lo hacen– y reduzcan el caudal de gases contaminantes que generan durante el proceso productivo”, puntualizó Cilenta al describir los dos ejes más importantes del proyecto.

En los fundamentos de la ley se especifica que las bolsas de ese tipo particular de plástico “no son continentes inocuos para el ambiente, por el elevado número que se desecha por año por persona (cerca de 150) y por la naturaleza no biodegradable del material con que son producidas”. También se subraya que su manufactura “se hace a partir de combustibles fósiles e implica la emisión de gases contaminantes”.

De acuerdo con el proyecto, las industrias “tendrán la libertad de elegir las tecnologías reemplazantes”, destacó el funcionario provincial. Antes de aplicar la modificación, deberán presentar el plan de reemplazo ante la OPDS, que a través de un laboratorio aún no especificado analizará si aprueba el cambio o no. Según analizó Cilenta, es probable que la modificación en la tecnología genere un incremento en el costo de las bolsas, con lo cual “también se estaría controlando la distribución de las mismas a los usuarios, un punto que también es una vía de reducción de la contaminación”.

Por otro lado, se establece que la norma “debe ser acompañada con medidas educativas destinadas a la población”, que consisten en una campaña publicitaria de concientización y un proyecto de talleres y charlas educativas en las escuelas de la provincia. Si bien el funcionario dijo que esos programas están “bastante avanzados”, aún no tiene fecha de implementación.

Informe: Ailín Bullentini.