La Justicia de Tucumán ordenó a una docena de ingenios azucareros que instalen filtros en las chimeneas de sus fábricas para reducir la contaminación en el aire, al hacer lugar a un amparo colectivo de organizaciones ambientalistas. Según confirmaron fuentes judiciales, la resolución de la Justicia les advierte a las empresas que si no instalan los sistemas de filtrado a la brevedad, no podrán iniciar la zafra 2009.

El fallo fue emitido por la jueza Civil y Comercial de Cuarta Nominación, Amely Ana Amenábar, ante quien las organizaciones no gubernamentales presentaron la demanda en mayo de 2006.

La lucha por la contaminación que provocan los ingenios recuerda la emprendida por los pobladores de la localidad de Ledesma, en Jujuy, durante la dictadura militar, que derivó en el accionar represivo recordado como La Noche del Apagón.

La denuncia en Tucumán había sido presentada por la Federación de Organizaciones de Entidades Ambientalistas no Gubernamentales de Tucumán contra doce ingenios locales, por incumplimiento de la ley provincial 7460, que las obliga a contar con filtros en cada chimenea.

Esas organizaciones presentaron un recurso de amparo en forma conjunta a raíz de la polución en el aire que genera la actividad fabril durante el proceso para transformar cañas en azúcar.

El presidente de la federación de entidades ambientalistas, Pedro Ottonello, destacó la satisfacción que generó a las agrupaciones el fallo judicial y remarcó que “es la primera vez que en esta provincia se produce una acción judicial concreta y conjunta”.

En tanto, el apoderado legal del grupo, Javier Navarro Muruaga, dijo que “esta sentencia sienta un precedente porque se trata de un amparo colectivo”. “Es un fallo ejemplar y novedoso”, advirtió.

Las organizaciones recordaron que en la demanda original, que presentaron hace dos años, incluyeron un listado de quince empresas. Pero, en ese plazo, tres de las compañías acusadas iniciaron obras y programas para reducir las emisiones de humo, por lo cual no fueron consideradas en el fallo de la Justicia.

En mayo de 2007, la Secretaría de Ambiente de la Nación ordenó la clausura de un ingenio tucumano porque no había realizado inversiones para evitar la contaminación, tras lo cual los industriales se comprometieron a realizar obras por 156 millones de pesos.

En enero de 2008, el gobernador José Alperovich advirtió que las fábricas instaladas en Tucumán que no cumplan con el Plan de Reconversión Industrial para obras contra la contaminación serían clausuradas por la provincia.