Luis Alberto Urquiza es un argentino, ex refugiado político, radicado en Dinamarca, que ahora quiere pasar sus vacaciones en el país con sus dos hijas, de nacionalidad danesa. Su ex esposa, también danesa, se opone al viaje de las chicas y la Justicia del país europeo le denegó el derecho, a principios de este año, cuando Urquiza ya tenía los pasajes comprados. El motivo: las “condiciones de inestabilidad” que se viven en la Argentina constituiría “un riesgo para las niñas”. Desde entonces, ha comenzado una batalla legal que incluye, ahora, un viaje a la Argentina para demostrar que aquí no corre riesgos y reclamar al Ministerio de Relaciones Exteriores un “apoyo activo” a su causa. La Cancillería le gestionó una entrevista ante el Consulado danés en Buenos Aires y elabora una lista de ciudadanos de ese país que “han venido como turistas a la Argentina y no han sufrido inconvenientes”, según informó a este diario el director de Asuntos Consulares, Raúl Martínez Camadro.
Es difícil convencer a la Justicia de un país que desconfía de la Argentina: hace cuatro meses, Dinamarca levantó su embajada en el país y centralizó la actividad diplomática en Santiago de Chile. Como representante en Buenos Aires quedó apenas un cónsul honorario, el abogado argentino José Fernández Inarte. Fue él quien recibió esta semana a Urquiza y se comprometió a enviar a Copenhague un informe sobre la situación social en la Argentina.
Los padecimientos de Urquiza comenzaron en 1976, a comienzos de la dictadura. En esa época estudiaba psicología en Córdoba y trabajaba como agente de tránsito en la policía provincial. En noviembre de ese año fue detenido, acusado de ser un infiltrado en esa fuerza, y lo torturaron en el Departamento de Informaciones de la policía cordobesa. Dos años después fue liberado y se exilió. Llegó a Dinamarca como refugiado político, allí se casó con una mujer de nacionalidad danesa y tuvo dos hijas, María Cristina y Cecilia, que hoy tienen 12 y 11 años.
Urquiza volvió a Córdoba, con su familia, en 1993 y se radicó en la localidad de Villa Allende. Cuatro años después, brindó su testimonio contra un comisario, jefe de Inteligencia Criminal de la policía cordobesa, quien durante su detención se había desempeñado en un Grupo de Tareas. Después de esa denuncia, Urquiza comenzó a recibir amenazas e intimidaciones, hasta que resolvió irse nuevamente del país, ahora con su nueva familia.
Luego, su matrimonio se disolvió. No hubo inconvenientes con el régimen de visita de las niñas hasta que convenció a sus hijas de viajar de vacaciones a Córdoba, en febrero último, para visitar a sus familiares en la Argentina. “El 31 de enero, las autoridades me habían dado permiso, pero el 18 de febrero, cinco días antes del viaje, un tribunal de apelación hizo lugar a una apelación de la madre y rechazó la autorización”, relató Urquiza.
El hombre hizo un nuevo intento en junio, para las vacaciones del verano boreal. “Pero justo ocurrieron los crímenes de Avellaneda y volvieron a fallar en contra”, relató. Por eso, decidió jugar una carta diplomática en Buenos Aires. “Hasta ahora, el Estado argentino no ha hecho nada para defenderme”, se queja Urquiza. “Creo que me están pasando una factura por mi pasado.”
Tras una gestión del diputado nacional Atilio Tazzioli (ARI-Córdoba), consiguió una entrevista con el director de Asuntos Consulares. En el encuentro, Urquiza reclamó un tratamiento similar por parte del Estado al que recibe Gabriela Arias Uriburu, cuyos tres hijos, de nacionalidad guatemalteca, fueron llevado por su ex esposo a Jordania.
“Le hemos gestionado una entrevista con el cónsul danés, y le dimos instrucciones al cónsul argentino en Dinamarca para que presente un informe sobre la situación del país, que es visitado por miles de turistas europeos”, dijo Martínez Camadro a Página/12. “Pero creemos que al ser unconflicto familiar privado, el principal esfuerzo debe estar en convencer a la madre de que autorice el viaje de las niñas”, dijo el funcionario.
En tanto, por sugerencia del Consulado en Buenos Aires, Urquiza tramitará esta semana un informe ambiental donde se dé cuenta que no existen persecuciones en su contra y que la situación social en Villa Allende no genera riesgos para la seguridad de las niñas.
Después de ese trámite, Urquiza volverá a Dinamarca, donde trabaja como taxista. “Estoy conforme, porque al menos hay un compromiso de mayor involucramiento del gobierno argentino en el caso”, dijo a este diario. En su maleta se lleva un dato que para él es más que una anécdota: en junio, la orquesta sinfónica de la Radio y Televisión de Dinamarca estuvo de gira en Buenos Aires y Rosario, y regresó a su país sin inconvenientes.