La Fiscalía pidió ayer para el ex agente penitenciario acusado de asesinar a un cabo que custodiaba el restaurante de la reconocida cheff Dolli Irigoyen, una pena de 25 años de prisión; y 45 y 43 años de cárcel para los otros dos imputados de haberlo ayudado a escapar tras el crimen y de llevar adelante otra serie de robos. Hoy a las 9.30, el tribunal oral criminal Nº 5 que lleva adelante el caso, les ofrecerá a los imputados decir sus últimas palabras antes de la sentencia. Y, si hay tiempo, el veredicto podría saberse en la misma jornada.
Sobre dos de los acusados, Oscar Chazarreta y Pablo Argarañaz, pesaban penas no cumplidas por delitos graves y por esa razón, el fiscal Horacio González Warcalde pidió para ellos 20 años tras las rejas por el caso Dolli, más la unificación de las condenas anteriores. Ambos están actualmente en prisión y para el fiscal fueron partícipes necesarios del crimen, ya que consideró que apoyaron el asalto y asesinato desde un automóvil estacionado a metros de Dolli. El cuarto imputado, Alejandro Hebert Núñez, el único que no está acusado de matar al policía aunque sí de participar de robos anteriores, es un delincuente que debía estar encerrado en su celda de la cárcel de Caseros al momento de cometer los delitos. Para Núñez, González Warcalde pidió 8 años y medio de prisión. Precisamente fue este caso el que reveló la existencia de una “mafia penitenciaria” que permitía salir a los presos de la cárcel para robar a cambio de repartir el botín con sus carceleros.
En la audiencia de ayer, el fiscal pidió que se condene al ex penitenciario Christian Franco a la pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio simple cometido en 1998 al cabo Rubén Juárez. Para González Warcalde, fue precisamente el guardiacárcel quien asesinó a Juárez en la puerta del distinguido restaurante, ubicado en avenida Figueroa Alcorta y Tagle, junto con el delincuente Maximiliano Noguera, entonces fugado del penal de Villa Devoto y actualmente muerto. Franco, Chazarreta y Argarañaz fueron para el fiscal también autores de robos cometidos con anterioridad al crimen de Juárez, en el mismo raid que se inició la noche del 17 de julio de 1998 y finalizó la madrugada del 18. Frente al restaurante, al que concurrían jueces, legisladores y empresarios, quedó tirado un FAL del Servicio Penitenciario Federal (SPF) que estaba supuestamente extraviado.