Los ambientalistas denunciaron que el proyecto para licitar el servicio de recolección de residuos no cumple con la Ley de Basura Cero. Cooperativas de cartoneros pidieron que la inclusión que propone el gobierno se formalice mediante un contrato, equiparado al que se firmará con las empresas. Organizaciones sociales y simples vecinos cuestionaron la discriminación hacia la zona sur, condenada siempre a un servicio estatal desmantelado, que en lugar de una “zona testigo” se parece más a una “zona castigo”. Y dirigentes políticos y oradores independientes denunciaron el “negocio de las empresas, a las que se les paga para enterrar basura que tiene valor y puede reciclarse”. Casi todos criticaron el pago del servicio por tonelada de basura recogida, porque fomenta la mayor disposición de residuos en lugar de su reducción. Los cuestionamientos a la iniciativa, que prevé un contrato por diez años, se hicieron oír en la audiencia pública que se llevó a cabo ayer, en la Legislatura, previa al tratamiento de la ley.

El debate produjo alineamientos curiosos: por un lado, los ambientalistas, más críticos al proyecto, y por otro, los cartoneros que ven la oportunidad de ser tenidos en cuenta por el Estado, pero que desconfían del gobierno, y trabajan en conjunto con trabajadores de ATE. También permitió saber que el mentado plan de inclusión de cartoneros no figura en ningún texto, lo que hace dudar sobre su cumplimiento, una vez aprobada la licitación.

María Eugenia Testa, de Greenpeace, advirtió que de aprobarse el pliego propuesto por el gobierno “la ciudad de Buenos Aires seguirá siendo uno de los principales contaminadores del conurbano bonaerense” ya que el proyecto “está dedicado exclusivamente a la recolección y el enterramiento masivo de residuos sin ninguna diferenciación”. “Aprobar este pliego convertirá a la Legislatura en responsable de las enfermedades y el daño ambiental que se genera en la provincia”, afirmó.

María Eugenia Di Paola, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que “la recolección diferenciada, exigida por la Ley de Basura Cero, no esta mencionada en el pliego”. Y denunció que “el anunciado plan de inclusión (de cartoneros) no existe, ya que no está regulado”.

Juan Manuel Velasco, del partido Iniciativa Verde, afirmó que si bien comparte la propuesta de incorporar a los cartoneros a la recolección diferenciada, advirtió que el proyecto “no hace referencia a cómo se va a garantizar esa recolección, ni hay información sobre cómo se van a incorporar los recuperadores urbanos (cartoneros) a este proceso”. El ex ministro de Medio Ambiente Marcelo Vensentini planteó que se debe “licitar toda la ciudad y no dejar afuera una que es la zona sur, donde viven los sectores más vulnerables, porque eso es discriminación”.

María José Lubertino, titular del Inadi, le pidió a la Legislatura que no apruebe el proyecto porque “no cumple con la Ley de Basura Cero” y reclamó que las cooperativas de cartoneros “cobren lo mismo, en proporción, que las empresas”.

Vilma Ripoll, ex diputada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), cuestionó que al Ente de Higiene Urbana, el organismo estatal que hace la limpieza en la zona sur, “recibe 76 millones de pesos anuales, mientras que cada empresa recolectora recibe un promedio de 192 millones”. Y cuestionó el proyecto alternativo del kirchnerismo porque “en uno de sus puntos establece que ‘la propiedad de los residuos (reciclables) se les reconocerá a las empresas’”.

Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero porteño, alertó que “detrás del verso de la inclusión se está preparando la peor de las exclusiones” y puso como ejemplo “el requisito de precintar los contenedores para resguardarlos de actos de vandalismo, para que los cartoneros no saquen materiales de ahí”. “El verdadero vandalismo es enterrar 5000 toneladas por día en el Gran Buenos Aires”, denunció.

Las organizaciones de cartoneros expusieron sus respuestas. Juan Grabois, del Movimiento de Trabajadores excluidos –uno de los grupos que acordó con el gobierno porteño la recolección de reciclables–, destacó que “gracias a nuestra lucha, ahora estamos discutiendo cuál es la mejor forma de incluir a los cartoneros, cuando hace cinco meses el gobierno discutía si nos echaba o nos reventaba”. “No le damos un cheque en blanco” al macrismo, aclaró, tras reconocer que la participación de los cartoneros no está incluida en el pliego ni en el proyecto de ley. Pero cuestionó a los que se oponen al proyecto oficial: “Poco hicieron en 2005, 2006 y 2007 por nosotros, que somos los únicos que reciclamos en la ciudad de Buenos Aires”.

Luego, Cristina Lescano, de la Cooperativa El Ceibo, reclamó “que se incluya a los recuperadores en los pliegos, o que se haga un convenio aparte, no queremos medidas declarativas”. También rechazó el pago por tonelada “porque incentivará el mezclado de los residuos húmedos y los reciclables”.

El debate fue por momentos caldeado, especialmente cuando el diputado Cristian Ritondo (PRO), titular de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura, alteró el orden de los oradores para que hablara Grabois, del MTE, justo después de la exposición de Greenpeace. Grabois fue ovasionado por un nutrido grupo de cartoneros que siguió la audiencia en la sala. Cuando la diputada Gabriela Cerruti (FpV) reclamó que se respetara el orden, recibió el airado rechazo de los cartoneros. Hubo forcejeos con el personal de seguridad, pero la cosa no pasó a mayores.

Hubo aplausos imprevistos para una vecina, Josefina Marino, autora de reflexiones inteligentes: “Hace unos años alguien dijo que los cartoneros robaban la basura (dijo en alusión a Mauricio Macri). Si la robaban, quiere decir que se llevaban algo valioso. ¿Por qué tenemos que pagar entonces a las empresas, que roban esa riqueza para enterrarla en el conurbano?”.