Para evitar el hacinamiento de casi 8 mil presos en comisarías bonaerenses, provocado por el correspondiente hacinamiento en las cárceles, generado a su vez en el endurecimiento de las leyes de excarcelación originadas por los reclamos de mano dura, que fue el slogan de solución definitiva a las altas tasas del delito promovido por Carlos Ruckauf, es que ayer el gobernador bonaerense Felipe Solá decidió decretar la “emergencia en las comisarías”. Solá, mucho más sintético que el párrafo precedente, sostuvo que la emergencia comisarial fue dispuesta para la “defensa jurídica de los comisarios, víctimas inocentes de un estado de situación que no promovieron”. Para salvar a esas víctimas inocentes, Solá anunció que, en forma transitoria, los presos serán instalados en contenedores. La propuesta fue recibida con aplausos y rechifla.
“Hemos declarado la emergencia de las comisarías de la provincia de Buenos Aires, en especial las del Conurbano, por decreto de necesidad y urgencia que va a ser ratificado después por la Legislatura bonaerense”, sostuvo Solá. La emergencia fue la respuesta a un problema endémico que se refleja en los casi 8 mil presos alojados en calabozos policiales. El anuncio surgió un día después de que el fiscal de Ejecución Penal platense Marcelo Romero pidiera a la Suprema Corte y a la Procuración de la provincia que le exija al Ejecutivo la implementación de medidas urgentes ante el abarrotamiento de detenidos en las comisarías de su jurisdicción.
No fue la primera vez que el tema fue anunciado como preocupación por las autoridades bonaerenses. En 1998, el entonces ministro de Seguridad León Arslanian echó mano de la recesión económica, para proponer transformar las fábricas desocupadas en potente industria carcelaria: sus instalaciones en desuso pasarían a ser cárceles suplementarias. El proyecto nunca cuajó. En 2000, la secretaria de Asuntos Penitenciarios nacional, Patricia Bullrich, promovió alojar presos en cuarteles, cuestión que fue agradablemente recibida por el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni. Tampoco funcionó. En la provincia de Salta, la Gendarmería adaptó algunos contenedores como celdas para descomprimir la prisión federal. El caso no pasó de una propuesta. Se habló también de estructuras de hormigón y de galpones vacíos.
Ahora, Solá retomó la cuestión. “Es una solución transitoria –dijo el ministro de Justicia bonaerense, Alfredo Meckievi–. La definitiva vendrá cuando en seis o siete meses concluyan las seis cárceles nuevas. Para los meses de tránsito manejamos distintas alternativas a corto plazo: 250 cupos más en Batán, en no más de 10 días; alrededor de 100 en Olmos, y 150 en Magdalena. Estamos analizando que a algunas unidades penitenciarias se les puede adosar un tipo de construcción transportable, semejantes a las que usan los cascos blancos. Son contenedores, adaptados térmicamente, con agua caliente, calefacción, ventanas, baño químico, cuchetas, comodidades superiores a las que tiene un calabozo. El objetivo es poder dar alojamiento a unos mil o dos mil, con lo que se descomprimiría la situación de las comisarías.”
Los contenedores jaula serán instalados uno sobre otro, con espacio para tres a seis detenidos, en una estructura modular para albergar 150 presos, o sea, unos 30 a 50 contenedores, con módulos sanitarios, guardias y demás. El costo calculado es de casi 2 millones de pesos cada 150 presos. Solá justificó el proyecto para otorgarles un marco jurídico de defensa a los comisarios que pueden ser procesados por la Justicia por no dar cabida a los pedidos de traslado de los procesados. Además de los contenedores, Solá analiza la idea de extender la jurisdicción penal a los jueces de paz, para agilizar medidas como órdenes de allanamiento o detenciones.
La emergencia comisarial fue recibida con satisfacción por el fiscal Romero, pero fue rechazada por la oposición: “Si no se frenan los índices de encarcelamiento, ninguna de estas medidas es viable. Es dilapidar el dinero”, sostuvo el senador Eduardo Sigal (FG). “La principal soluciónhubiera sido que se haya hecho lo que se anunció en 1998: construir alcaidías y cárceles nuevas”, cuestionó el diputado Alejandro Mosquera (Frepaso).