Con la aprobación en la Legislatura porteña del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad, se abre paso a una superposición de organismos y de normas que ocasionará un vendaval de problemas. Esto será así porque la Inspección General de Justicia (IGJ), que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, mantiene su jurisdicción sobre la Capital Federal y supervisa la inscripción de sociedades civiles y comerciales. Con la nueva ley, en el primer período será posible que nuevas asociaciones sin fines de lucro, como los clubes de fútbol o fundaciones, puedan registrarse o pasar de la IGJ al control de la Ciudad. En una etapa siguiente lo podrán hacer las sociedades comerciales. El ex inspector de Justicia Ricardo Ni-ssen calificó a la iniciativa como “un engendro jurídico” y la oposición política de Mauricio Macri adelantó que “la situación de incertidumbre generará en la ciudadanía numerosos conflictos que se materializarán en innumerables causas judiciales contra la Ciudad”.

El artículo 1º de la ley, cuya reglamentación está a la firma del jefe de Gobierno, crea “el organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad” que conduce Guillermo Montenegro. El proyecto legislativo de la mayoría PRO que resultó aprobado le confiere al nuevo Registro “las atribuciones propias de un poder de policía amplio en lo concerniente al control de legalidad en materia comercial, con amplias facultades en esta materia”.

Asimismo, la creación del organismo que tendrá como director al ex diputado PRO y constitucionalista Jorge Reinaldo Vanossi, para quienes votaron la iniciativa “significa un nuevo paso hacia la afirmación de la autonomía de la Ciudad”. Muy diferente es la postura de los diputados que se opusieron a la ley, como Gonzalo Ruanova, de Diálogo por Buenos Aires, quien alertó que “genera una inseguridad jurídica galopante y confunde a los ciudadanos, además de duplicar funciones, gastos y puestos de trabajo para amigos de Macri”.

En sintonía con este pensamiento, Nissen y otro ex inspector de Justicia, Hugo Rossi, afirman en un trabajo crítico sobre el proyecto que “no será posible, ni válida legalmente, la coexistencia en un mismo territorio de dos registros con competencia sobre los mismos sujetos y con igual alcance material, pero bajo autoridades diferentes, lo que en nada subsanará el adjudicarles el carácter optativo. El conflicto salta a la vista y la seguridad jurídica será su primera e inmediata víctima”.

Nissen, cuando estaba al frente de la IGJ, cuestionó mediante resoluciones que firmó como inspector algunas iniciativas comerciales de Macri cuando era presidente de Boca. Por eso sugiere que el control en primera instancia sobre las asociaciones civiles le permitiría al jefe de Gobierno “manejar lo que pase en los clubes de fútbol”, siempre y cuando el conflicto de intereses se dirima a favor de la Ciudad y en contra de la Nación.

Vanossi, el mentor de la norma votada hace dos semanas en la Legislatura, cuando ocupaba una banca en el Congreso nacional por el PRO había presentado un proyecto de ley para eliminar la Inspección General de Justicia. Por eso no sorprendió a quienes siguen su trayectoria jurídica que se transformara en el director del Registro, en el que será designado o removido de su cargo sólo por el jefe de Gobierno porteño. Hasta ahora, el abogado y futuro funcionario sostiene que viene trabajando desde diciembre de 2007 junto a “quince destacados profesionales cuya contratación se realizará dentro de las pautas establecidas por las normas vigentes, pero considerando que, por su nivel de capacitación, se trata de especialistas difíciles de reemplazar o de obtener en otros sectores del mercado”. Así le informó por escrito a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura sobre sus necesidades para que funcione el organismo ideado por él mismo.

Un punto importante de las disposiciones transitorias de la norma que votó la Legislatura es el que se refiere a la competencia judicial, ya que la Ciudad no tiene Tribunales de Comercio, porque el artículo 8º de la ley 24.855 –o denominada Ley Cafiero– mantiene a ese fuero, que funciona en la Capital Federal, dentro del Poder Judicial de la Nación. Por tanto, hasta que se haga efectiva la transferencia de competencias, las causas tramitarán ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad.

El Registro Público de Comercio que el gobierno porteño pretende crear con aranceles más bajos para las sociedades que se inscriban en él, según sus detractores, “quizá provoque que los trámites sean más rápidos, pero también se presentarán sociedades que no serán controladas al momento de inscribirse como lo hace la IGJ, tomándose un mes para tomar una decisión de ese tipo”. Y sugieren que las sociedades offshore –que a menudo son una polea de transmisión para lavar dinero– tendrán en la Ciudad un terreno fértil para instalarse. Por el contrario, del despacho por mayoría que presentaron los diputados oficialistas se desprende que se sentaron las bases para “un registro de características eficientes” que dará “cumplimiento a las premisas de inmediatez, celeridad, seguridad, economía y eficiencia en los procesos administrativos”.