Con amenazas de veto presidencial y de excomunión de parte de la jerarquía católica, la Cámara de Diputados podría legalizar el aborto hoy en Uruguay. El debate parlamentario llega en el marco de un amplio movimiento ciudadano con manifestaciones a favor y en contra. La discusión en el recinto promete ser reñida, porque aunque el oficialista Frente Amplio defiende la reforma legal que habilitaría el acceso en hospitales públicos a la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, hay diputados en sus filas (de tendencia democristiana) que se han mostrado contrarios.

La despenalización del aborto está contenida en un capítulo del proyecto de Salud Sexual y Reproductiva que será votado hoy, en una sesión convocada a las 16. El texto de la iniciativa habilita a la mujer a “decidir la interrupción de su embarazo durante las 12 primeras semanas de gravidez” por situaciones de penuria económica, familiares o de edad, así como por razones de salud, malformaciones o peligro de la vida de la madre. Es decir, lo despenaliza ante una amplia variedad de causales.

Las cuentas indican que habría votos suficientes para aprobar el proyecto. Alcanzaría con los diputados del Frente Amplio (FA), que ostenta mayoría parlamentaria. Los partidos opositores votarían mayoritariamente en contra según anticiparon los legisladores.

La iniciativa ya tiene media sanción del Senado: la aprobación en esa Cámara fue en noviembre, también en el marco de manifestaciones a favor y en contra y tras una encendida polémica y sesiones truncas debido a falsas amenazas de bomba, que llevaron a desalojar las barras del Senado, colmadas de activistas de ambos bandos.

El presidente Tabaré Vázquez, oncólogo de profesión y firme opositor al aborto, ha reiterado que vetará cualquier norma que despenalice esa práctica. Sin embargo, el mandatario no puede vetar por sí mismo una ley, sino que requiere el acuerdo del ministro del área vinculada o una votación en el seno del Consejo de Ministros.

La despenalización del aborto es un antiguo reclamo del movimiento de mujeres de Uruguay y cuenta con el apoyo de un amplio espectro de profesionales de la salud. Como en otros casos, la jerarquía católica ha hecho fuerte lobby para frenar la probable sanción. El arzobispo de Montevideo, Nicolás Cotugno, dijo al diario El País que los legisladores que voten a favor de la despenalización del aborto quedarán “excomulgados ipso facto” y que iniciará un proceso de excomunión formal con el papa Benedicto XVI y el Episcopado. Las declaraciones de Cotugno generaron la ira del sistema político y de organizaciones sociales. “Queremos rechazar la injerencia del poder eclesial”, dijo Lilian Abracinskas, coordinadora de la Comisión Nacional de Seguimiento, Mujeres por Democracia, Equidad y Ciudadanía (CNS), que apoya la despenalización. “Una cosa son los mecanismos que usa la ciudadanía” para marcar sus posiciones “y otra cosa es la amenaza de excomunión”, consideró Abracinskas. “Improcedentes, inaceptables”, calificó el diputado del FA José Carlos Mahía los términos de la declaración eclesial.

El representante del opositor Partido Nacional Alvaro Lorenzo dijo que le generaba “rechazo” la amenaza de Cotugno, mientras que el diputado del opositor Partido Colorado Germán Cardozo afirmó que “en un país libre, la amenaza no es el camino, no son buenas en ningún ámbito, ni desde la Iglesia ni desde ningún otro círculo de poder”. El secretario de la Conferencia Episcopal del Uruguay, Luis del Castillo, aclaró que “todavía no es una medida tomada colectivamente” y señaló que los obispos se reunirán en asamblea mañana para analizarla.

En Uruguay se realizan anualmente unos 33.000 abortos, según datos que maneja el Parlamento, aunque a nivel judicial se estima que la cifra real es más del doble y que la práctica clandestina deriva anualmente en medio centenar de procesamientos y casi una docena de muertes, por las condiciones insalubres en que se llevan a cabo.