Todos los que estuvimos trabajando en la gestión pública sabemos que allí los cambios son procesos complejos y lentos, no sólo por la tan mentada burocratización de los procedimientos sino por caracteres propios de la gestión. Por eso, llegar a la gestión pública con un manojo de herramientas simples, supuestamente salvadoras, constituye, en el mejor de los casos, un severo error de diagnóstico.

Una fortaleza central de la política educativa de la ciudad de Buenos Aires es que diferentes gestiones, de diversos partidos políticos, han sabido analizar cuidadosamente, y consolidar respetuosamente aquellas medidas acertadas, de modo tal de traducir aquello tan vapuleado que define a la educación como una política de Estado.

Otra característica que interesa resaltar –aunque resuelta de distinto modo por las distintas gestiones– está basada en la convocatoria al dialogo entre el Estado y los actores involucrados en la cuestión educativa.

Organizar y sostener espacios de diálogo y trabajo con los diversos sectores no es un camino sencillo ni de “rápidos resultados”. Supone tiempos, estudios, confeccionar propuestas y propiciar espacios de debates responsables y sistemáticos. Se identifican desacuerdos y construyen consensos, acuerdos de trabajo que facilitarán los próximos pasos y sobre todo consolidan medidas a largo plazo. Gobernar de este modo supone más tiempo pero simultáneamente produce medidas sostenidas por más de un sector y fortalece a un Estado presente.

Gobernar los sistemas educativos sin establecer canales orgánicos de diálogo complica decisiones; en general, atrasa la toma de decisiones y en muchas ocasiones, implica volver todo a foja cero.

Gobernar de este modo supone que sólo es un único actor quien conoce, investiga, diagnostica las diversas realidades presentes en el sistema y que no requiere de los otros para entender la complejidad de las situaciones, elegir entre diversas alternativas y tomar decisiones. Por supuesto que el gobierno tiene mayor responsabilidad pública que los gremios, los docentes, los padres, los alumnos, las iglesias, las ONG y, en especial, es el que debe priorizar la voz de aquellos ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad en relación con el respeto y cumplimiento de sus derechos educativos.

Debe, al mismo tiempo, consolidar aquellas capacidades institucionales propias del Estado, que se traduce en una apuesta política, una decisión responsable.

Ya hace tiempo, los porteños votaron por nuevos rumbos en los modos de hacer política pública, pero éstos se han traducido en medidas basadas en la ausencia de diálogo, de estudios, en escasos intentos de recuperación de las mejores prácticas del sistema educativo, en acciones apresuradas que luego no pueden sostenerse y sobre todo en el abandono de un plan de trabajo consensuado a largo plazo y sustentable como asistimos desde el 10 de diciembre en esta ciudad.

Vemos con asombro cómo diversos sectores están pidiendo la palabra ante la ausencia de espacios de participación. Vemos una educación sin rumbo, una “ciudad educadora” que navega entre la improvisación, el desconocimiento y la falta de responsabilidad, carente de propuestas a largo plazo y sin poder rescatar y fortalecer las mejores tradiciones de nuestro sistema.

* Ex secretaria de Educación porteña.