El escándalo por el procedimiento llamado Operación Arco Iris, en el que fueron secuestrados 750 kilos de cocaína, puso en marcha una profunda investigación y, como adelantó en exclusiva PáginaI12, derivará en el llamado a prestar declaración indagatoria, como sospechosos, a tres integrantes de la Bonaerense. Todo indica que el juez Juan Manuel Cullotta y el fiscal Jorge Sica se tomarán el tiempo, por ejemplo, para hacer un preciso análisis de las llamadas de los tres policías. Ayer, a raíz de la difusión pública del episodio, se hicieron circular extrañas versiones. Una, que no fue un allanamiento, sino que los mexicanos les abrieron el paso a los policías. Dos, que el dato del depósito lo aportó un confidente-buchón policial y que no hubo tiempo para hacer las cosas con prolijidad. Tres, que apareció un testigo de identidad reservada que habló de una supuesta vinculación entre la ruta de la efedrina y ese depósito de otra sustancia, la cocaína.

Este diario adelantó ayer que tres hombres de la Bonaerense, uno retirado, el comisario inspector, Alberto “El Patón” Molina, y dos suboficiales de muy baja graduación, el teniente Ocampo y el agente Portillo, van a tener que dar explicaciones a raíz del allanamiento realizado en un depósito de San Miguel en el que se secuestraron 750 kilos de cocaína. El lugar venía siendo vigilado por policías federales bajo las instrucciones del juez Cullotta.

En el procedimiento de los bonaerenses, luego convalidado por una orden del juez federal de Campana-Zárate Federico Faggionatto Márquez, hubo circunstancias muy llamativas. Cuando los federales entraron al depósito encontraron que los dos mexicanos que estaban a cargo de la cocaína estaban sentados a una mesa, no contra la pared, sin las esposas puestas ni con las prevenciones de una detención. Los policías bonaerenses carecían de orden de allanamiento, no entraron con los dos testigos que se requieren en los procedimientos, no tenían computadora, máquina de escribir ni papel alguno para realizar el acta. Cuando el jefe de Narcotráfico de Zárate-Campana declaró en la causa, dijo que el teniente Ocampo no tenía auto para ir a ver el depósito y el Patón Molina le dijo: “Vení que te llevo”. La historia oficial, entonces, parece un chiste: fueron a hacer un allanamiento a un lugar sumamente peligroso, donde podrían esperarlos personas armadas hasta los dientes, con un auto prestado, un comisario retirado y dos suboficiales del rango más bajo.

Respecto del Patón Molina hay distintas versiones. Por un lado, fue contratado para una investigación paralela por la viuda de Damián Ferrón, una de las víctimas del triple crimen, porque dijo tener mucha experiencia en General Rodríguez, lugar del que es oriundo y en el que está dedicado a la política. Los suboficiales son también de General Rodríguez, y todos coinciden en que El Patón es el que da las órdenes. La otra versión es que El Patón está en total sintonía con el juez Faggionatto Márquez y opera al margen de la estructura que encabeza el Ministerio de Seguridad bonaerense. La prueba está en que Honorio Rodríguez, jefe de Narcotráfico de Zárate-Campana, dijo desconocer todo lo que hacía el trío que entró al galpón.

Quien quedó en una situación al menos incómoda es el juez Faggionatto Márquez. El magistrado convalidó el accionar de los tres bonaerenses con una orden de allanamiento, firmada primero por uno de sus secretarios, y dos horas más tarde por él mismo. Tal vez fue engañado por el trío que más bien pareció estar conversando y arreglando con los narcos, que haciendo un procedimiento antidrogas. Pero la realidad es que eso está por verse. Por un lado, todo quedará en la investigación de Cullotta y el fiscal Sica, pero también el ministro de Seguridad, Carlos Stornelli, le ordenó a Asuntos Internos que abriera un expediente y determinara por qué un retirado y dos suboficiales se involucraron en tan extraño operativo.