Un día después de la polémica decisión de la Corte Suprema de Justicia que rechazó un fallo de la Cámara de Casación que ordenaba liberar a 60 chicos detenidos en un instituto, la jueza del alto tribunal Carmen Argibay justificó la postura. “Si los largamos sin averiguar dónde pueden ir para estar seguros, hacemos de ellos chicos de la calle que van a sufrir el maltrato, la explotación o la muerte”, insistió Argibay, quien había anticipado esa posición en una nota publicada el domingo por Página/12. La jueza, además, le tiró la pelota al Poder Legislativo: “Hay cincuenta mil proyectos en el Congreso, pero no los tratan. Porque no les interesa, porque no da votos, porque el Poder Ejecutivo pide cosas más urgentes y porque los legisladores no trabajan mucho”. El que recogió el guante, en la sesión de ayer de la Cámara baja, fue el diputado Emilio García Méndez, del SI, quien planteó el tratamiento sobre tablas de un proyecto de su autoría que crea el fuero penal juvenil y deroga la ley 22.278, promulgada por la dictadura militar, que permite que los menores puedan ser encerrados en institutos por decisión de los jueces, sin juicio previo. El proyecto, que ya tiene un año, “no fue tratado por falta de tiempo, pero nosotros seguiremos insistiendo”, le dijo Méndez a este diario.

“Mi intervención fue una respuesta a lo que dijo la doctora Argibay. Hice el planteo de una cuestión de privilegio y pedí el tratamiento sobre tablas, pero el tema no fue considerado en la sesión. Mi postura fue que se trataba de un tema urgente, porque la decisión de la Corte declara la constitucionalidad del decreto de la dictadura, con lo cual se legitima la privación de libertad y sin límite de edad hacia abajo”, aseguró el legislador del Espacio Solidaridad e Igualdad (SI). “Como ya lo dije, hasta ahora la edad de imputabilidad era a partir de los 16 años, pero el fallo de la Corte lo baja a cero”, insistió Méndez.

“Mi planteo no fue considerado, pero insistiremos. No seremos no-sotros los que no trabajamos (lo dijo en respuesta a Argibay).” Lo que plantea es un régimen especial para menores de entre 14 y 18 años, para que en caso de tener problemas con la ley cuenten con las garantías del debido proceso. El proyecto, que tiene el apoyo de otros diputados, establece penalidades menos duras que las del Código Penal para adultos. “Vamos a seguir insistiendo con nuestro proyecto y si no tenemos resultados positivos, analizaremos la posibilidad de llevar el tema a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, anticipó Méndez.

Ayer, en declaraciones a la prensa al finalizar un acto durante el cual la Corte dio el primer paso con vistas a la construcción de un nuevo edificio de la Morgue Judicial, Argibay defendió el fallo que se opuso a la libertad de menores de 16 años involucrados en causas penales. “No podemos largar a los chicos a la calle sin averiguar qué pasa porque, si no, estamos ofreciendo blancos móviles”, aseguró Argibay. “Hay una cosa que todavía no se terminó en la Argentina desgraciadamente: el gatillo fácil y estos chicos están marcados. No digo que los institutos estén bien ni que la ley de menores actual sea la más maravillosa del mundo”, se atajó la jueza del alto tribunal.

Argibay también cuestionó a “la sociedad” argentina, a la que consideró “esquizofrénica” porque organiza dos marchas en la localidad bonaerense de San Isidro, “una para reclamar justicia” para el asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea y otra en favor de “la inocencia” de uno de los menores detenidos en esa causa. La jueza recordó que la Constitución Nacional “dice que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario”, pero “eso no se demuestra en los canales de televisión, ni en las marchas, ni en los diarios ni en ninguna parte más que en un juicio”.

Argibay insistió en que bajar la edad de imputabilidad o subir las penas “no sirve para nada” porque “cuanto mayor sea la cantidad de prohibiciones, peor va a ser la vida social”. Ratificó, además, que el problema planteado con la situación de los menores institucionalizados “tiene que ser solucionado por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo, en todo caso, a través de leyes. Nosotros no somos los que podemos modificar las cosas. Esto es un problema del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Por qué nos echan las culpas a nosotros?”.

También habló sobre el tema el ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, quien sostuvo que “a un menor jamás se le puede aplicar la pena de un adulto”. Recordó que “eso lo hizo la dictadura, en el año ’76 y en el año ’80 y tuvo que dar marcha atrás. A un menor no se le puede imponer las penas del adulto porque tiene un grado de inmadurez emocional inferior”. Las declaraciones de Zaffaroni fueron reproducidas en el sitio oficial del Centro de Información Judicial.

Allí, el juez de la Corte afirmó que “la cuestión no es la imputabilidad sino la procedibilidad, es decir, desde qué edad se lo puede someter a un proceso penal”. “Por mí –añadió–, que se lo someta desde los dos años, porque un proceso penal da garantías, y lo primero que hay que probar en un proceso penal con todas las garantías es que al pibe se le pruebe que haya hecho lo que se le imputa que haya hecho.” Remarcó que Brasil “tiene la procedibilidad desde los doce años, pero la pena que puede aplicársele al niño o al adolescente no puede exceder de cinco años.”

Fue duro al comparar ese régimen con el que está vigente en la Argentina: “Nosotros lo podemos tener privado de la libertad hasta los 21 años y sin proceso penal”. Za-ffaroni opinó que el sistema de tutela estatal, aplicable a los menores de 16 años, se convirtió en un “régimen autoritario y arbitrario” porque cualquier menor “puede ser dispuesto arbitrariamente por un juez hasta los 21 años y eso es altísimamente peligroso por el respeto a las garantías”.