La dolorosa imagen de niños cargados en camiones, con sus familias, para trabajar en plantaciones de ajo, en las afueras de la ciudad de Mendoza, llegaron ayer a Ministerio de Trabajo de la Nación y a la oficina local de la Organización Internacional del Trabajo. El video y las fotografías, así como el relato de víctimas y testigos, fueron tomados durante una investigación realizada por la Cooperativa La Alameda, de la cual participó Página/12. La presentación de ayer, acompañada por una movilización, reclama que se investigue a los productores rurales de Mendoza que incurrieron en “reducción a la servidumbre, explotación laboral infantil, trata de personas y defraudación al fisco”, entre otros delitos, y a los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas laborales en esa provincia. Mañana, los denunciantes harán una presentación ante la Justicia federal de Mendoza.

El relato, publicado ayer por este diario, da cuenta del reclutamiento de familias enteras que esperan, aun de noche, en una plaza pública, ante la vista del que quiera ver, que los productores los levanten en camiones y los lleven como ganado a las fincas. Allí cumplen jornadas laborales de más de 12 horas, y son devueltos, otra vez de noche, al lugar de origen. Chicos y grandes trabajan al rayo del sol, bajo temperaturas superiores a los 35 grados, sin agua potable ni baños, según pudo comprobar una enviada de este diario. Y si quieren comprar algo, como no tienen dinero, les descontarán de la quincena la mercadería consumida en el único boliche del lugar.

Los niños ajeros, por lo general, están excluidos de la escuela ya que cuando termina la cosecha y la limpieza del ajo, con sus familias “golondrinas”, parten a otras explotaciones rurales. Muchos de ellos son inmigrantes bolivianos: a ellos los reclutan en la plaza del departamento de Guaymallén y terminan trabajando a campo abierto.

Otro grupo trabaja en galpones. Por lo general, son jornaleros mendocinos. Pero como esos lugares son inspeccionados, la explotación se extendió a casas vecinas, que son alquiladas por los productores para llevar allí la explotación. Ahí es donde trabajan los chicos y chicas, según pudo ver Página/12.

Los trabajadores no tienen obra social ni aportes jubilatorios, ni ART. Mucho menos mascarillas o guantes para protección. Los han organizado en cooperativas de las cuales son socios sin ningún derecho: no participan de asambleas ni de las ganancias que da la explotación y exportación del ajo. Un grupo de trabajadores denuncia que la cooperativa es una máscara para eludir cargas sociales.

“El criterio de los empleadores, para obtener un máximo de ganancia y de producción, es contratar familias y ubicarlas en distintas fincas de su propiedad o alquiladas, para asignarle trabajo esclavo, sin ninguna protección”, dice la denuncia firmada por Gustavo Vera y Rodolfo García, de La Alameda.

Dicen los denunciantes que “este fomento del trabajo en negro, esclavo e infantil, para lograr una excelente producción a muy bajo costo fijo, sólo es posible con el compromiso y complicidad de funcionarios públicos asociados a los productores”.

Sostiene la presentación que “de ningún modo puede endilgarse la culpa del trabajo de los niños a los padres”, ya que “la situación de extrema necesidad ‘obliga’ al trabajo infantil, que es claramente inducido y fomentado por los productores”.

Después de señalar que “ningún organismo de contralor del Estado como la Secretaría de Derechos Humanos o el Inadi, como así también los delegados regionales y nacionales de los gremios que los representan, la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre) y el Sindicato de Frutas y Hortalizas, no han hecho nada para salvaguardar a los trabajadores explotados durante años”.

La propia directora de Empleo de Mendoza, Dora Balada, reconoció el martes, ante Página/12, que el trabajo infantil existe “pero cada vez que inspeccionamos las empresas los chicos no están o no nos dejan entrar”. “Es un problema cultural y naturalizado”, admitió.

La denuncia ante el ministerio fue presentada por Vera y el abogado Rodolfo Yanzón, de la Fundación Argentina por los Derechos del Hombre. La recibió el subsecretario de Relaciones Laborales de la Nación, Alvaro Ruiz, acompañado por Silvia Kutscher, directora de la Unidad de Monitoreo e Inspección en materia de Trabajo Infantil. “Los funcionarios nacionales se comprometieron a dar una respuesta en dos semanas”, dijo Vera a Página/12. Una copia de la denuncia fue entregada en el Departamento de Normas Internacionales de la OIT.

Mañana, el caso se convertirá en denuncia penal ante los tribunales federales de Mendoza. La presentará el abogado Pablo Salinas, quien además de integrante de la Fundación por los Derechos del Hombre, es subsecretario de Derechos Humanos de esa provincia.