Mientras el gobernador Beder Herrera y funcionarios provinciales y municipales disfrutaban del aniversario de Chilecito desde el palco montado en la Plaza de la Cultura, a una cuadra, unos 30 integrantes de las Asambleas Ciudadanas Riojanas (ACR) eran reprimidos por la policía para evitar que llegaran al desfile oficial. El plan de la protesta era el mismo de otras veces: los asambleístas repartirían frutas y verduras producidas en sus fincas, portando un cartel que rezaba “cuidemos el medio ambiente”, vistiendo remeras con la leyenda “salvemos el (cerro) Famatina”. Pero –declaran– una primera valla policial les dificultó el avance; la segunda detuvo a mujeres jóvenes, adultas y mayores, también a niñas y niños, sin mezquinar golpes. Subieron personas a patrulleros y las trasladaron a distintas comisarías. Como resultado, Elma Cortéz, de 70 años y con antecedentes cardíacos, debió ser internada de urgencia; al cierre de esta edición permanecía en terapia intensiva, mientras en los tribunales de Chilecito se seguían iniciando demandas. Fue una “verdadera vergüenza”, declaró en la tarde de ayer el subsecretario de Derechos Humanos de la gobernación provincial, una situación que “salió de los canales normales”. Herrera, en cambio, se llamó a silencio y prefirió no desmentir ni confirmar acusaciones como la de la UCR provincial, que en un comunicado afirmó que los efectivos actuaron “por orden del gobernador”.

La clave del conflicto es la posible explotación minera a cielo abierto, una iniciativa de la empresa canadiense Barrick Gold propiciada por Herrera y resistida por los ambientalistas que temen la contaminación del río Famatina, fundamental para la actividad agrícola del departamento provincial famoso por su torrontés de altura y sus tomates. “Está demostrado el esfuerzo de nuestros productores y el orgullo enorme de mostrarle a la comunidad que son dignos del trabajo, de la producción de la tierra o en la industria”, dijo Herrera en un pasaje del discurso que tanto celebraba el aniversario local como la inauguración de la Expo Chilecito y la disponibilidad de diez millones de pesos para asfaltar “y reasfaltar” las calles de la ciudad en 2009.

A una cuadra, la docente Jenny Luján se preparaba con sus compañeros ambientalistas “en lucha de resistencia contra la minería química contaminante, a cielo abierto”. Habían formado una columna, los seguía el jeep cargado con frutas y verduras producidas en fincas propias y de amigos; había adultos y niños. “Pero vimos vallas metálicas y una barrera humana, de policías. Había también fuerzas especiales, que acá las llamamos de infantería, con escudos, palos, cascos. Nos decían que no podíamos pasar. Le pregunté a un policía por qué, ‘Hay órdenes’, ‘¿De quién?’, ‘De superiores, del gobernador’. Y en un momento nos dijeron: ‘Por favor, les pedimos que se vayan porque los vamos a reprimir’. Son amables porque muchos de esos policías son vecinos nuestros.” Pero instantes después, tras unos empellones, comenzó una golpiza. Luján vio “que estaban cargando en un móvil a la señora de 70 años (Elma Cortéz de Dávila, madre de otras dos asambleístas), pedí que la dejaran, me cargaron con la señora, que estaba herida, se sentía mal, tenía una crisis de nervios”. Ambas fueron llevadas a una comisaría, desde donde –indicación médica mediante– Cortéz fue llevada a una clínica. Luján permaneció más tiempo, “desde las 20 hasta la una y media de la mañana, que me dejaron ir porque se estaba acercando gente y no había orden de detención ni nada”. Su compañera de “militancia ciudadana”, Carina Díaz Moreno, fue trasladada a la Comisaría del Menor y la Mujer, donde “me arrastraron del pelo hasta un calabozo, me despojaron de mochila, lentes, celular, todo”. No registraron su entrada ni la revisó un médico; cree haber estado algo menos de una hora. “En un momento se acercó un hombre vestido de gala, grandote, morocho, a insultarme. ‘Se merecen que los hagan re-cagar porque han cagado la fiesta. Y ahora va a volar la cabeza del jefe de policía por culpa de ustedes, cagadores’, me gritó.”

Las denuncias, por apremios ilegales y abuso de autoridad, entre otras acusaciones, se radicaron ante el juez Alfredo Ramos. Los asambleístas también planean recurrir al Inadi y la Defensoría del Pueblo de la Nación.