Por considerarlo “extemporáneo” –dado que ya comenzó el debate– y por no haber acuerdo de todas las partes en litigio, el Tribunal Oral Federal 4 rechazó hacer lugar al pedido de probation que cinco ex directivos de la empresa LAPA (entre ellos, quien fuera su presidente) habían presentado. De haber sido concedida, la solicitud de la defensa hubiera implicado una suspensión inmediata del juicio (y la conmutación de eventuales penas por tareas comunitarias) en el que se dirimen responsabilidades penales por la tragedia del avión que, el 31 de agosto de 1999, se estrelló en costanera y dejó un saldo de 65 personas muertas. Familiares de las víctimas, presentes en la sala del tribunal, celebraron la medida por la cual el juicio, que es oral y público –y hoy cumple un año y una semana de iniciado–, retomará sus audiencias el martes.

Los jueces Luis Bruglia, María Cristina San Martino y Jorge Gorini acompañaron, así, el dictamen –vinculante para el tribunal– de la fiscalía –Guillermo Friele y Carlos Rívolo–, que ya había manifestado su oposición. El abogado defensor de los acusados, Jorge Sandro, había propuesto la suspensión del juicio a prueba y que sus defendidos fueran eximidos de cumplir una eventual condena a cambio de cumplir con 25 horas mensuales de tareas comunitarias.

El ex presidente de LAPA Gustavo Deutsch había propuesto cumplir tareas en la sede de la mutual judía AMIA; el ex gerente de operaciones Valerio Diehl, en el Sanatorio San Lucas; el ex vicepresidente Ronaldo Boyd y los ex gerentes de operaciones Fabián Chionetti y Gabriel Borsani habían coincidido en su preferencia por Cáritas.

El delito por el que continúan siendo procesados en la causa los antiguos directivos aerocomerciales es el de “estrago culposo”, el mismo cargo que pesa sobre dos ex jefes de la Fuerza Aérea –quienes no habían solicitado “probation”–, tipología que tenía una pena máxima de cuatro años de prisión al momento de iniciarse las actuaciones (actualmente son cinco). La “probation”, en realidad, puede ser aplicada cuando se juzgan delitos con sanciones máximas no mayores a los tres años de prisión, pero un fallo de la Corte Suprema habilitó a considerar el pedido presentado en mayo del año pasado, aunque el caso supere ese límite de pena.

Los ex directivos habían solicitado sus respectivas “probations” en mayo de 2008, pero el tribunal suspendió su tratamiento hasta que la empresa presentara informes sobre el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas. Fuentes del caso indicaron que la aseguradora británica contratada por LAPA lleva pagados “más de 40 millones de dólares” en ese concepto.

Los abogados defensores apelaron ante la Cámara Nacional de Casación Penal.