“Claro que queremos irnos, pero a una vivienda digna y con una cuota que podamos pagar: no que nos echen a la calle”, decía uno de los 400 vecinos del local de Paseo Colón al 1500, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires intenta desocupar por la fuerza. Ayer, las autoridades de la Ciudad planeaban un “desalojo administrativo”, con el argumento de que el edificio no tendría condiciones de habitabilidad. Los vecinos responderían con un recurso de amparo, establecieron un sistema de guardias para prevenir una acción sorpresiva, y hoy cortarán la avenida Paseo Colón, acompañados por sus hijos en guardapolvo y enarbolando los recibos de los servicios que pagan, para acreditar su pertenencia a la comunidad porteña. El miércoles, el gobierno de Mauricio Macri había lanzado su ofensiva de garrote y zanahoria: el garrote, un allanamiento policial masivo que culminó en la detención de cuatro personas por tenencia de drogas; la discreta zanahoria, un ofrecimiento de 7 mil pesos para quienes se vayan; sólo 13 de las 103 familias aceptaron.

“¿Adónde vamos a ir a vivir con 7 mil pesos?”, preguntaba, retóricamente, Francisco, que desde hace 11 años vive en el edificio. “Nosotros pagamos la luz, mire: este medidor lo tuvimos que comprar”, señalaba el aparato, a la izquierda del gran portalón de entrada. “Tres mil pesos pagamos entre todos este mes.”

El local, donde alguna vez funcionó una fábrica de fideos, está en un predio cuya mitad delantera había sido expropiada por la Municipalidad hace unos 30 años, en tiempos de la dictadura militar, para un ensanche de Paseo Colón que nunca se concretó. Desde hace muchos años hay un litigio judicial entre el antiguo propietario y el gobierno municipal, de modo que la titularidad del inmueble no está firme y no sería posible que un juez ordenara el lanzamiento de sus ocupantes, muchos de los cuales lo habitan desde hace más de una década.

Los vecinos son los primeros en reconocer que el lugar donde residen está en malas condiciones. No funcionan las cloacas: “Hasta el año pasado mandaban camiones atmosféricos para desagotar, pero este gobierno dejó de hacerlo, nos niega toda colaboración”, denunció Francisco.

“Claro que los vecinos quieren irse, pero con una solución de vivienda. Formaron cooperativas, se inscribieron en el IVC (Instituto de Vivienda de la Ciudad), pero no se les da respuesta”, explicó Margarita Escalante, integrante de la agrupación Aukache, a la que pertenecen algunos de los habitantes del local. La vecina Antonia Ramos aseguró que “nos presentamos ante el juez. Le llevamos los papeles”. La señora Gladys, otra vecina, afirmó que “hace años estamos en la lucha de querer una vivienda digna. No pedimos que sea gratis, somos gente de trabajo. A la gente no hay que intimidarla ni arrancarla del lugar donde está”.

Rubén Rosmarino, de Aukache, pidió “una salida digna para los vecinos. Hicimos un censo: el 90 por ciento de los compañeros tiene ocupación y podría pagar una cuota accesible. La ciudad había prometido 10 mil viviendas por año, pero el gobierno actual no construyó ni una”.

El miércoles, el gobierno de la ciudad articuló su oferta de dinero con un allanamiento policial masivo por supuesto tráfico de drogas, autorizado por el Juzgado Federal Nº 3, en el que fueron detenidas cuatro personas y se secuestró “paco”. Algunas de las 13 familias que aceptaron los 7 mil pesos se retiraron y otras acordaron hacerlo hoy a primera hora.

A las 18.30 de ayer, Daniel Presti, subsecretario de Justicia de la ciudad, en la vereda de enfrente de Paseo Colón, se paseaba nerviosamente mientras hablaba por su celular: “Necesito contar con las fuerzas de seguridad que hagan falta para el desalojo administrativo”, pedía. Este tipo de desalojo puede ser dispuesto directamente por el Ejecutivo, por razones de salubridad o habitabilidad del lugar.

Pero los vecinos se disponen a resistir. “Para el desalojo administrativo, primero tienen que notificar. Y en cuanto lo hagan presentaremos un recurso de amparo”, anticipó Rubén Saboulard, de la Asamblea de San Telmo, quien propuso “una mesa de diálogo entre el gobierno de la ciudad y los vecinos”. Estos, entretanto, organizaron un sistema de guardias para evitar toda irrupción imprevista.

Y, hoy a las diez de la mañana, “vamos a cortar Paseo Colón: vamos a estar con los pibes, con sus delantales, vamos a mostrar los recibos de lo que pagamos. Invitamos a todos los que quieran participar”, anunciaron.