La Justicia porteña prohibió la inauguración y el funcionamiento del shopping que el grupo IRSA construye en el barrio de Saavedra, al entender que la empresa vulneró un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad por el cual se comprometía a construir un jardín de infantes y un centro de salud para el barrio, como condición para permitir su edificación. La medida no afecta la construcción del centro comercial, cuya inauguración estaba prevista para fines de abril.

El fallo, que tiene fecha de ayer, fue dictado por el juez en lo Contencioso Administrativo porteño Roberto Gallardo, como respuesta a una medida cautelar solicitada por el asesor tutelar Gustavo Moreno.

Tal como publicó Página/12 hace una semana, la obligación para los propietarios del predio ubicado sobre Avenida General Paz, a la altura de Panamericana pero del lado porteño, fue establecido por la ley 106, sancionada por la Legislatura en el año 2000. Allí establecía un plazo máximo de dos años para levantar un edificio público en un radio de mil metros del Barrio Mitre, habitado mayoritariamente por familias de bajos recursos.

La empresa Auchan, que por ese tiempo era propietaria del terreno, construyó un hipermercado. Luego la edificación pasó a manos de Wal Mart y finalmente a IRSA, que encaró la construcción del shopping, destinado a ser el más grande de la ciudad. Pero el jardín de infantes y el centro de salud ni siquiera empezaron a edificarse.

Desde IRSA aseguran que la obra no se inició aún “porque el Gobierno de la Ciudad todavía no designó en qué lugares van a levantarse” esos edificios públicos. Pero, según determinó el juez Gallardo, “no está demostrada la existencia de intimación (por parte de las empresas) al Gobierno de la Ciudad para que entregue los planos y especificaciones necesarias para cumplir con la ley”.

La prohibición de la inauguración rige, tal como lo solicitó Moreno, “hasta tanto se acredite el comienzo de las obras del centro de salud y el jardín de infantes”.

La construcción del Dot Baires Shopping demandó una inversión de 160 millones de pesos. Según el fallo, la construcción del edificio público demandaría unos 750 mil.