La fiscal María del Carmen Gigante, acusada de cometer un error que favoreció la absolución de un acusado de violar a una joven discapacitada mental, fue desplazada de sus actuales actividades investigativas y se le reasignaron funciones, según informaron fuentes judiciales. La medida, según señalaron, podría considerarse como un “congelamiento”, pero no su apartamiento de la Justicia.

El abogado de la familia de la joven, José Vera, había asegurado que “la cuestión medular es que, durante la instrucción, la fiscal cometió errores que forzaron a los jueces a absolver el caso”.

Por otro lado, el fiscal de juicio Diego Molina Pico apeló ayer ante Casación, solicitando la anulación del juicio. El caso tiene sus aristas. En principio, se había señalado que la absolución se había basado en un “error técnico”, en un informe médico que el Tribunal había debido anular porque no llevaba firma ni sello del forense actuante. Pero ayer, tanto Molina Pico como Gigante aseguraron que el informe era una prueba de la defensa y su anulación jamás podría haber beneficiado al imputado. El caso llegó a los más altos niveles por boca de los medios y derivó en el apartamiento de Gigante, aunque, según la versión de los fiscales, las acusaciones carecerían de sentido.

Molina Pico, quien actuó como fiscal durante las audiencias orales, pidió que el juicio se anule “por arbitrariedad” y se realice “un nuevo debate y/o en forma subsidiaria, se condene” al imputado por “abuso sexual con acceso carnal o abuso sexual simple”.

“La prueba indiciaria era suficiente como para llegar a una sentencia condenatoria como fuera solicitada en el debate y no a la conclusión a la que llegó el Tribunal”, señala Molina Pico en su escrito. El fiscal cuestionó a los jueces Eduardo Lavenia, Eduardo Coelho y Mónica Tisato por no haber dado crédito a los dichos de la propia víctima cuando dijo que había sido violada, y en ese sentido recordó que a pesar de sus problemas madurativos, las pericias psiquiátricas determinaron que la chica no fabulaba. Molina Pico agregó que el informe del forense al que se hizo alusión periodísticamente era una prueba “no relevante”, ya que “el solo hecho de saber que la víctima presentaba al momento de llevarse a cabo el reconocimiento médico desfloración de larga data no aporta nada respecto del hecho y menos aún de su autoría”.

Por su lado, la fiscal de Tigre María del Carmen Gigante, quien había reunido las pruebas acusatorias y solicitado en su momento la elevación a juicio, también aclaró que “ese documento es un fax enviado por el hospital y que le hacía falta un pedazo. Lo que es importante remarcar es que no se usó como prueba en contra del imputado. Era más una prueba de descargo. La defensa la usó durante todo el proceso”, aseguró Gigante.

Y recordó que cuando ella elevó la causa a juicio oral, lo hizo con “dos agravantes” en la acusación y que fue la Sala III de Apelaciones de San Isidro la que “de-sestimó el agravante de acceso carnal haciendo referencia al informe médico tan cuestionado”.

“La sala tomó todos los testimonios pero, como el informe médico dice que no hay lesión de reciente data y que tiene una defloración de antigua data, no pudo tener por acreditada la violación”, explicó. “(El fallo) No dice que el informe no es válido, sino que el informe dice que no puede probar el acceso carnal por este medio.”