El sinuoso camino del proyecto de Ley de Responsabilidad Penal Juvenil dio ayer sus primeros pasos en el Congreso, en la sala 4 de la Comisión de Legislación Penal. A simple vista, el trámite parece haber avanzado a pasos agigantados: hubo consenso de todas las bancadas en los puntos principales del proyecto, y hubo acuerdo en que se continuarían discutiendo los puntos donde se producen las fricciones más importantes, como por ejemplo los montos de las penas y los niveles de delitos que quedarán englobados por ellas. Pero no es lo que imagina parte de la sociedad, la que clama venganza por justicia. Que haya consenso entre los bloques no quiere decir ni que vaya a salir rápidamente ni, mucho menos, que lo que salga tenga que ver con reclamos de mano dura ni que se esté discutiendo sobre el tema de la seguridad. De hecho, todas las bancadas presentes en la comisión acordaron ayer como primer punto que “lo que estamos debatiendo no tiene nada que ver con soluciones a la inseguridad”. En todo caso, al debido proceso.

Fue quizás el logro más notorio, si se compara este debate con las ediciones anteriores, que pueden rastrearse hacia atrás en más de una década. Sin más, en pleno auge blumberista, pretender que más de cuatro o cinco diputados sostuvieran que una ley penal juvenil no tiene nada que ver con la aplicación de penas de adultos ni con cuestiones de seguridad sino con arrancar a los jueces la posibilidad de disponer prisiones sin que se vaya a realizar un juicio. Ayer, sin embargo, después de arduas tres horas y cuarto de discusión, de debate y algo de histrionismo pour la gallerie televisiva, se votó el consenso. “Hubo acuerdo en que es necesaria la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil –dijo a Página/12 Diana Conti desde el oficialismo–; también en que se debe alcanzar a los 14 años; en que es necesario que los chicos que son acusados lo sean con todas las garantías del debido proceso, y en que la prisión sea el último ratio (o sea, que antes de condenar a prisión a un chico se pongan en práctica otros mecanismos).”

Emilio García Méndez, diputado por el SI y autor de uno de los proyectos base históricos, sostuvo la necesidad de que ayer se lograra un consenso. Su propuesta es la que sostiene que la ley se aplique sobre chicos de entre 14 y 18 años, estableciendo un máximo de dos meses de privación de libertad para los casos en que existe peligro concreto de fuga y entorpecimiento de la investigación. Bullrich, invitada a la reunión pero no integrante de la comisión, discutió el proyecto de García Méndez desde la perspectiva de la Justicia argentina, “que no es capaz de resolver nada en dos meses; la prisión preventiva tiene que ser más extensa”, señaló, erróneamente, la diputada de la CC. “No tiene idea, ni siquiera sabe que la preventiva es una excepción”, murmuró la ex diputada y actual titular de la Asesoría Tutelar de Menores porteña, Laura Musa.

Durante el debate, Conti entregó a la presidenta de la comisión, la kirchnerista Nora César, el estudio realizado por el Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho, UBA, cuyo director es el ministro de la Corte Raúl Zaffaroni y su vice, la camarista federal Lucila Larrandart. El documento es el que oficiosamente se denominó como proyecto de Zaffaroni, y que en realidad no fue presentado como proyecto sino como material unificador y de consulta, pero que en la práctica podría terminar siéndolo. El documento señala que tomó como ejes especialmente los proyectos presentados por García Méndez, Vilma Ibarra y en parte la propia Diana Conti.

“En el Senado se está trabajando con argumentos semejantes –explicó Conti–. Si se presentara un proyecto del Ejecutivo, podría iniciar en cualquiera de las dos cámaras y no se producirían cruces porque estamos trabajando con el mismo criterio.” En síntesis, la idea consensuada es sacar una ley de régimen penal para chicos de entre 18 y 14 años, que les permita acceder a un juicio justo y con abogado defensor, que hasta ahora les estaba vedado. Fuera de las variantes mayoritarias, la peronista santiagueña de Coalición Cívica, Marta Velarde, sostiene la imputabilidad de chicos de hasta 12 años.

“Esperamos tener un único dictamen con un solo proyecto –dijo la presidenta de la comisión, Nora César–. Será un debate profundo que no se va a agotar en un día.”

Los diputados presentes aprobaron volver a reunirse con asesores para limar las asperezas en torno de las penalidades (hay diferencias de importancia en más del doble, en algunos casos las penas llegan a 9 años, como el proyecto de Enrique Vanossi). García Méndez, por su parte, pidió que el oficialismo definiera su posición. “Si está dispuesto o no a aprobar con su mayoría el proyecto.” Del lado del oficialismo por ahora hay sondeos y dudas sobre presupuestos, espacios de contención y especialización de funcionarios.