Sobre la entrada de Puerto Pibes, bajo un portentoso sol de otoño, niños y adultos bailan la tarantela que interpreta la banda Caravana. Es un mediodía de fiesta y resistencia ante el inminente cierre de este lugar ubicado en el barrio de Núñez, nacido a fines de los ochenta, refugio de miles de niños y jóvenes marginados, estudiantes porteños y del interior. Hay casi 300 personas entre militantes de la CTA, ATE, los gremios docentes Ademys y UTE, y organizaciones de derechos humanos. Un grupo hace cortes intermitentes en la avenida Cantilo y levantan sus banderas para difundir el reclamo. Dos chicas regalan narices de payaso mientras circulan los volantes. “No queremos que una institución policial nazca del robo y la apropiación del patrimonio público de pibes y pibas”, dice un panfleto en referencia al destino trazado por el Ministerio de Seguridad de la ciudad para este predio: un centro operativo de la futura Policía Metropolitana, según publicó hace dos semanas Página/12 y confirmó el gobierno porteño.

Hace tres semanas, Puerto Pibes fue copado por treinta uniformados a cargo del comisario Julio Ferrón que, sin muchas explicaciones, ocuparon dos cuartos y aseguraron cumplir órdenes de Guillermo Montenegro, ministro de Seguridad porteño. La presencia de los uniformados, que a veces portaban armas, alteró la vida del predio en el que coexisten un jardín de infantes y una escuela donde concurren, en su mayoría, chicos y chicas de la Villa 31 Bis. Hay un amparo presentado por la legisladora Liliana Parada, del bloque Igualdad Social –quien también estuvo presente en el festival– para impedir el cierre del lugar.

La extraña y peligrosa convivencia entre armas y juguetes fue denunciada por este diario y también por varios legisladores de la oposición. Hoy a las 8, un arquitecto junto a funcionarios porteños y un grupo de padres de esa escuela se reunirán para terminar de acordar la construcción de un muro que separe a los uniformados de los alumnos. La medida busca volver irreversible la decisión del ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro.

En un escenario montado en la entrada actúan grupos musicales y payasos para los pibes que se movilizaron hasta el lugar. Junto a representantes gremiales, docentes y legisladores hay grupos de chicos, entre ellos, de la organización Chicos del Pueblo.

En Puerto Pibes hay 20 personas que temen perder su trabajo o que ven dificultoso trasladarse al sur de la ciudad, como propusieron desde el Ministerio de Desarrollo Social. En medio del festival, Página/12 ingresó al predio junto a un grupo de sindicalistas y legisladores para charlar con uno de los coordinadores del lugar. “A nosotros nos ocuparon”, dice el hombre, que optó por mantener en reserva su identidad. Aún es joven pero dedicó veinte años de su vida para sostener este espacio. Fue él quien confrontó con los uniformados, quien reconoce, en un rapto de sinceridad, que ahora los que trabajan allí están “limpiando la caca de la policía”.

La comitiva que lo visita intenta una y otra vez darle ánimo. Pero por momentos él hombre se irrita, eleva la voz. Cuando se calma emerge su amargura. “Hace por lo menos diez años que no recibimos presupuesto ni mantenimiento ni insumos. En lo personal, tengo que decir que fui maltratado y ninguneado por todos los gobiernos”, les dice a los presentes. “Queremos quedarnos. Vimos nacer este lugar. Pero son decisiones políticas, no de los trabajadores”, implora después.

Entre los legisladores que participaron del encuentro están Grabriela Alegre, de Diálogo por Buenos Aires, María Elena Naddeo, de la Coalición Cívica –que fue titular del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. Responden algunas críticas pero terminan por insistir de que están del mismo lado y aunque el encargado les cree, no deja de señalar que se acercaron motivados por la ocupación de la Policía Metropolitana.

El coordinador cuenta que los uniformados se fueron la noche anterior para no presenciar el festival, pero que volverán. Asegura que desde hace dos años el lugar es sondeado por funcionarios macristas y cuenta que cuando se acercaron por primera vez los policías, a fines de marzo pasado, no los dejó entrar porque invocaron una orden del Ministerio de Seguridad. “Les dije que yo sólo respondo órdenes del Ministerio de Desarrollo Social”, contestó. Los uniformados volvieron con un permiso emitido por este último ministerio, aunque según el encargado, en ese texto no se especifica nada sobre la futura Policía Metropolitana. Es su única esperanza de que se vuelva atrás con la idea cerrar Puerto Pibes. Mientras tanto, se mantiene firme: “De acá me sacan con los pies para adelante... y por escrito.”