Vecinos de la Villa 31 protagonizaron un nuevo corte de tránsito, esta vez en la bajada de la Autopista Illia, en reclamo de la urbanización del barrio y en rechazo a la intención del gobierno porteño de demoler unas 50 viviendas, sobre las que pesan otras tantas causas en la Justicia federal. Los vecinos denunciaron además que se está ofreciendo dinero a familias de la Villa 31 Bis, especialmente a extranjeros, para que se vayan del lugar; y que no se les permite el ingreso de materiales para refacciones de sus casas “salvo a los que están de acuerdo con las propuestas del gobierno”, dijo a este diario un delegado del barrio. Desde el gobierno porteño, rechazaron la protesta: “Tenemos una mesa de diálogo y en ese marco se discuten todos los temas, incluso la urbanización del barrio”, dijo a este diario el ministro de Espacio Público, Juan Pablo Piccardo.

Los manifestantes cortaron la avenida Castillo, acceso desde la Autopista Illia hacia el puerto, lo que ocasionó demoras en el tránsito durante unas cuatro horas. “Queremos que lo que se trate en la mesa de diálogo quede asentado en actas. Porque el gobierno hace propuestas que consensuó previamente con otros grupos del barrio y no da lugar al disenso. Y otras veces difunde propuestas que presenta como acuerdos pero que no fueron tratados en la mesa”, argumentó Ramón Ojeda, uno de los referentes de la Mesa de Trabajo por la Radicación y Urbanización.

Esta organización es la que protagonizó el corte de la Autopista Illia en noviembre último, un episodio que abrió el diálogo entre el gobierno porteño y los referentes del barrio. Desde entonces se vienen reuniendo los ministros Piccardo y María Eugenia Vidal, de Desarrollo Social, con los representantes de la villa.

El nuevo reclamo se generó a partir de la aparición de una persona que ofrecía, en nombre del gobierno porteño, sumas de dinero a familias que ocupan una manzana de la Villa 31 Bis, la más cercana a las vías. En forma paralela, los abogados de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) tomaron conocimiento en Tribunales de la existencia de 50 demandas reclamando la demolición de otras tantas viviendas construidas en altura y cuya estabilidad estaría en riesgo.

El ministro Piccardo dijo a Página/12 que no recibió el petitorio de los manifestantes y amenazó con iniciar “acciones penales” contra quienes cortaron la avenida. “Rechazamos esta mecánica empleada por unos pocos que están acostumbrados a hacer clientelismo y pedir planes sociales”, afirmó.

–Pero estos vecinos no pedían planes sociales –advirtióeste diario.

–No, pero tiene un trasfondo que usa a la gente con un sentido político.

Piccardo rechazó que se intente desalojar a vecinos de la villa y aseguró que no se hicieron ofertas de dinero. Destacó que en el marco de la mesa de diálogo se hizo el censo –que arrojó como saldo que la villa tiene 26 mil habitantes– y se iniciaron trabajos para instalar una red de agua en la 31 Bis.

Los vecinos que protagonizaron la protesta ratificaron su apoyo a una propuesta de urbanización de la Facultad de Arquitectura de la UBA y al proyecto del diputado Facundo Di Filippo “que el oficialismo no quiere tratar”, subrayó Ojeda.