En trasnoche y por unanimidad, la Legislatura porteña sancionó en la madrugada del viernes un nuevo sistema de protección del patrimonio edificado. Tras más de seis horas de debate por la renuncia de la vicejefa de Gobierno, Gabriela Michetti, el plenario aprobó la extensión por dos años y a toda la ciudad de la ley 2548, que crea un régimen especial para todos los edificios construidos antes del primer día de 1941. Por primera vez, Buenos Aires tiene una ley que abarca todo el patrimonio edificado en conjunto.

La clave de la ley 2548 es que invierte el sistema actual de protección, complicado y lento, que sólo sirve para custodiar edificios de gran valor arquitectónico o histórico, o para crear Areas de Protección, APHs. Hasta esta semana, el único mecanismo disponible era la catalogación por ley. Quien quisiera evitar la demolición de un predio tenía que buscarle un padrino en la Legislatura e iniciar un largo y complejo trámite.

Una catalogación implica crear una carpeta detallando los méritos de la pieza a custodiar, con fotos y estudios. Una vez entrado el trámite, la carpeta pasa por tres comisiones legislativas y al menos una audiencia pública. Si todo sale bien, el proyecto se vota en el plenario. Y si el voto es positivo, todo vuelve a empezar: comisiones, audiencia, voto. Esta doble lectura es la manera más complicada posible de convertir una iniciativa en ley de la ciudad.

Para peor, durante los largos meses o años del trámite parlamentario el edificio quedaba desprotegido y podía ser demolido sin inconveniente. De hecho, era tradición que los dueños de predios en proceso de catalogación corrieran a sacar permiso de demolición para evitar la protección.

Esto cambió en 2007 cuando la ONG Basta de Demoler logró un amparo histórico al intentar frenar la demolición del petit hotel de los Bemberg, en Montevideo 1250. El amparo, pensado por el abogado Diego Hicketier, argumentó que esta “trampita” en la que una oficina del Ejecutivo autorizaba una demolición antes de que el Legislativo votara la catalogación creaba un conflicto de poderes, en el que el Ejecutivo no dejaba que el Legislativo cumpliera sus funciones porque tornaba abstracto el tema. Basta de Demoler ganó el caso y la apelación, con la Cámara porteña advirtiendo al Ejecutivo que el conflicto de poderes debía evitarse en todos los casos y no sólo en el de la Casa Bemberg.

Esto generó una crisis inesperada, con el sector inmobiliario denunciando inseguridad jurídica y las ONG y vecinos exigiendo protección. En diciembre de 2007, el flamante gobierno Macri desactivó la crisis adaptando un proyecto de ley presentado en julio de 2006 por la presidenta de la Comisión de Patrimonio de la Legislatura, Teresa de Anchorena (CC). El proyecto proponía una protección automática de los edificios construidos hasta 1940 incluido, que sólo podían ser demolidos con un permiso especial. Esto es, se invertía la lógica del sistema y era el que quería destruir el edificio el que tenía que probar que no tenía valor histórico o patrimonial. A fines de 2007, se aprobó el sistema por un año y para una franja costera de la ciudad. Esa era la ley 2548.

Para fines de 2008 quedaba en claro que el sistema funcionaba. Se había compilado un amplio catálogo de edificios a defender, se habían autorizado muchas obras nuevas y nadie podía alegar retrasos. No se habían cumplido las profecías de quiebras y desempleo, pero los lobbies de las grandes constructoras y estudios de arquitectura se preparaban para frenar la renovación de la ley. Casi lo logran: la 2548 fue renovada por apenas seis meses más, hasta junio.

Sin embargo, las cosas habían cambiado. El año pasado hubo una explosión de movilizaciones barriales por el patrimonio y para frenar obras como peatonalizaciones de calles y retiro de adoquinados. El gobierno porteño se encontró flanqueado por amparos y cortes de calles de vecinos que rechazaban el asfalto. La inédita situación hizo que para fin de año, el gobierno anunciara que aceptaba renovar la 2548 por dos años y extendida a toda la ciudad, una manera de desactivar la tensión.

En la Legislatura siguió, sin embargo, la resistencia. El proyecto, ya idéntico al presentado por Anchorena hace casi tres años, fue defendido por Patricio Distéfano, un muy joven legislador del PRO que es sensible a la temática. Finalmente, el lunes pasado se logró acuerdo, aunque el bloque oficialista sólo aceptó votarlo con las modificaciones insertadas a último momento por Martín Ocampo y Silvia Majdalani, presidenta de la Comisión de Espacio Público. Lo que agregaron estos dos diputados fue un alto grado de vaguedad en las fechas, ya que el trámite tiene que durar menos de 45 días, pero no dice cuánto tiempo tiene la autoridad de alzada –ver aparte– para estudiarlo. Y si no se cumplen los trámites, se autoriza de forma automática la demolición. La modificación tiene el potencial de ser un interesante “peaje” para algunas obras, ya que basta demorar el trámite para habilitar las obras.