Vecinos de Vicente López están en pie de guerra para evitar la instalación de una sede del Patronato de Liberados en un barrio residencial de la localidad de Florida. “Todos tenemos temor por las consecuencias. Defendamos nuestra calidad de vida. Que las rejas sean para las cárceles y no para los vecinos”, dice uno de los volantes que están repartiendo en comercios de la zona para recolectar firmas en contra de esa posibilidad. Ya juntaron, aseguran, más de 2000. Mientras los vecinos argumentan que alrededor del Patronato habrá un supuesto aumento de la inseguridad, desde la Subsecretaría de Gobierno de Vicente López aseguraron a Página/12 que “no se observaron más delitos” en la zona y sostuvieron que la mayor parte de los ex condenados que concurren al Patronato cumplieron sentencias por estafas, defraudaciones, cheques sin fondo, “delincuentes de guante blanco”.

“No queremos Patronato de ex convictos”, advierte un cartel pintado a mano con letras rojas colgado frente a una casa desocupada, ubicada en Agustín Alvarez 2394, a seis cuadras del límite con la ciudad de Buenos Aires y otras siete de la avenida Maipú. “Por la devaluación de las propiedades de la zona y por nuestra integridad física”, justificó los motivos del rechazo Miguel Angel Goicochea, uno de los vecinos que están detrás de la movilización en el barrio. El concepto es tan contundente como discriminatorio: no quieren que personas que cumplieron una condena circulen por el barrio.

Según Goicochea, él sería uno de los más perjudicados por el nuevo destino que podría tener la propiedad, debido a que el fondo de la casa linda con la suya. Un vocero del Ministerio de Justicia, del cual depende el organismo que brinda ayuda social a personas que cumplieron con una condena penal, confirmó a Página/12 que se está buscando una nueva sede en Vicente López para mudar la que funciona ya en Hilarión de la Quintana 2013, cerca de la quinta presidencial, pero aseguró que todavía el sitio no está determinado. Por las dudas, el intendente Enrique “Japonés” García se comunicó en los últimos días por teléfono con el ministro Ricardo Casal para trasmitirle la preocupación del barrio “y del municipio” y le pidió que se eligiera otro lugar, dado que se trata de una zonificación R1, la más alta del partido, según informó ayer a este diario la subsecretaria de Gobierno comunal, Marta Ferrara, que mantuvo una reunión con los vecinos una semana atrás.

La casa de Agustín Alvarez 2394 es una herencia vacante, que a través de una causa judicial se habría asignado al Ministerio de Justicia bonaerense, precisó Ferrara. “El municipio no tiene nada que ver”, aclaró. Hasta hace poco estuvo ocupada por una familia que la había tomado, contaron vecinos. Pero ahora está desocupada y la voz que se corrió en Florida es que allí será trasladada la sede del Patronato, que funciona en Hilarión de la Quintana 2013, donde el Ministerio de Justicia alquila. “Queremos que tenga otro destino esta casa, más acorde con el barrio. Consideramos que las características del barrio no dan para que instalen una institución de ese tipo. Tal vez sería mejor que el Patronato de Liberados estuviera próxima a los lugares judiciales, es más el ambiente ...”, señaló a este diario Isolina Martín, otra vecina que también firmó el petitorio. Es empleada y hace 25 años vive a una cuadra de la casa en cuestión.

A metros de la propiedad desocupada hay una garita de seguridad, cuyo personal pagan vecinos de las cuadras cercanas. Saben en el barrio que el argumento del “temor a la inseguridad” por la presencia de ex presidiarios no caerá bien, sobre todo después del repudio generalizado que se ganó el muro que pretendía construir el intendente de San Isidro, Gustavo Posse. Por eso sostienen que “no queremos discriminar”.

Alegan que se trata de una zona residencial, con pocos colectivos y alejada de las principales avenidas y estaciones de trenes de Florida, lo que causaría muchos trastornos a las personas que tuvieran que llegar hasta ahí en medios públicos de transporte.

Pero enseguida se filtra otro argumento, que es el que se destaca en los volantes que reparten en los comercios de Vicente López para juntar firmas, donde alertan que en Agustín Alvarez 2394 “se construirá un instituto de capacitación y rehabilitación de ex presidiarios”. “Todos tenemos temor por las consecuencias. Defendamos nuestra calidad de vida. Basta de pasividad frente a la inacción de las autoridades. Que las rejas sean para las cárceles y no para los vecinos. Necesitamos la unión de todos”, señala el volante.

Goicochea dice que “no hay un solo vecino de la sede del Patronato de Liberados que funciona en Hilarión de la Quintana que se haya salvado de que lo afanen”. Acusa de esos atracos a las personas que cumplieron condena que reciben ayuda social del organismo o están bajo su tutela. “No los queremos acá porque ya tenemos esa experiencia en Vicente López”, agregó, frente a la garita de seguridad. “No es que no querramos que los reeduquen, pero la educación y los talleres se los tienen que dar adentro (de la prisión), opinó.

Página/12 consultó a la subsecretaria de Gobierno de Vicente López.

–¿Tienen detectado que en los alrededores de la sede del Patronato que ya funciona en Vicente Lopez haya más incidencia de delitos?

–Considero que no. Hay vecinos que se han quejado, pero no hemos observado que haya más delitos allí. Lo que pasa es que la gente está muy sensible con este tema. Según me informó el coordinador de esa sede, de los 800 liberados que tiene bajo tutela en Vicente López el Patronato de Liberados, alrededor de 500 tuvieron condenas por delitos menores, como estafas, defraudaciones, cheques sin fondos.

–¿Es decir que la mayoría de los que concurren al Patronato de Liberados son ex delincuentes de guante blanco?

–Así me informaron. Esa información se la trasmití a los vecinos de Florida.