Mar 28.04.2009

SOCIEDAD  › MACRI VETó LA LEY QUE GARANTIZABA EL DERECHO A LA VIVIENDA A CINCUENTA FAMILIAS

El abanderado de los desalojos

Vecinos que viven en un edificio de seis pisos, en Almagro, cortaron la avenida Rivadavia en rechazo a la orden de desalojo que firmó el jefe de Gobierno. La Legislatura, con los votos del PRO, había declarado el lugar como “vivienda social”.

› Por Carlos Rodríguez

Centenares de vecinos cortaron ayer –por un par de horas– el tránsito de vehículos por la esquina de Gascón y Rivadavia, en el barrio de Almagro, para repudiar la decisión del jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, de ordenar por decreto el desalojo de un edificio de seis pisos en el que viven 50 familias, algunas desde hace treinta años. El 5 de junio del año pasado, por voto unánime, la Legislatura porteña había determinado que el edificio de Gascón 123, que pertenece al gobierno de la ciudad, fuera destinado a ser “vivienda social”, con la posibilidad de que sus actuales moradores compraran los departamentos. El 13 de abril, a través del Boletín Oficial, se conoció la decisión de Macri de vetar el proyecto aprobado y ordenar el desalojo del inmueble, que sería demolido en el marco de la construcción del llamado Corredor Verde del Oeste, que prevé la realización de obras de parquización en los costados de las vías del Ferrocarril Sarmiento, desde la calle Hidalgo hasta General Paz.

“Somos 50 familias, incluyendo 73 chicos que son menores de edad, que vivimos en esa casa desde hace más de treinta años, en algunos casos. Desde siempre hemos pagado los impuestos municipales, luz, gas y agua, además de haber realizado obras para mejorar el edificio”, le contó a Página/12 Miriam Catacata, presidenta de la Cooperativa de Vivienda Nuevo Horizonte. La entidad se formó hace siete años, con el propósito de abrir la posibilidad de comprar los departamentos en los que viven. La ocupación del edificio nunca fue ilegal, dado que se hizo con la aprobación de los sucesivos gobiernos de la ciudad.

El diputado Eduardo Epszteyn, titular del Bloque Diálogo por Buenos Aires, se solidarizó ayer con los vecinos amenazados por el decreto de desalojo, que todavía no tiene fecha de ejecución. “Macri se niega a garantizar el derecho a una vivienda digna y se olvida que esa es su obligación.” El legislador calificó de “avasallamiento de poder” la decisión del jefe de Gobierno que vetó la ordenanza aprobada por unanimidad en junio del año pasado. “El Ejecutivo porteño vetó la ley y exige el desalojo, en contra de los derechos de los vecinos”, sostuvo.

Los vecinos que se manifestaron ayer cortando el tránsito, tanto por Gascón como por Rivadavia, recordaron que la ley vetada por Macri contó con el apoyo “de 17 legisladores del PRO”. En una bandera figuraban los apellidos de todos los diputados porteños que votaron por la aprobación de esa ley. Norma, una de las vecinas, dijo que si se desaloja el edificio “dejaría de funcionar un comedor que está en la planta baja, donde almuerzan y toman la merienda 68 personas, algunas de las cuales viven en el edificio y otras que viven en los alrededores”. El comedor se llama Casita de Belén y cuenta con un subsidio del propio gobierno porteño.

El legislador Epszteyn precisó que el comedor funciona hace siete años y que también tiene el carácter de “un centro social que recibe diariamente a madres solteras, personas discapacitadas, adultos mayores y niños en edad escolar, habiten o no el edificio”. Ayer, durante la manifestación, un grupo de veinte chicos de entre 6 y 12 años llevaban la voz cantante. “No al desalojo”, gritaban, acompañándose con palmas y pitos, y también arremetían con el “Macri compadre...”. David, uno de los niños, de apenas 9 años, comentó que todos los chicos estudian. “Yo voy a cuarto grado en la Escuela ‘Manuel Belgrano’ de la calle Pringles.”

Catacata confirmó que “todavía no hay una fecha para el desalojo, pero nosotros nos estamos preparando para resistir. Nunca ocupamos la casa por la fuerza, siempre estuvimos en contacto con los gobiernos de la ciudad, siempre pagamos los impuestos y los servicios. Nuestra presencia allí no es ilegal, tenemos derechos adquiridos, y hasta los propios legisladores macristas nos lo habían reconocido”. Los vecinos están enojados con Marcelo Bouzas, el titular del Centro de Gestión y Participación 6, con jurisdicción en el barrio. “Nos había prometido hacer gestiones para que pudiéramos mantener el derecho a una vivienda digna, pero no hizo nada, absolutamente nada”, concluyó la presidenta de la cooperativa.

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