Osvaldo José Gómez es un sobreviviente de Cromañón y en 2007 iba a terapia mientras trabajaba de sol a sol para darle de comer a su hija, hasta que cayó preso por un malentendido. Pasó casi ocho meses recluido en una celda, acusado de ser un violador serial sólo por tener una remera roja como el verdadero culpable, Maximiliano Di Consoli, a quien la policía atrapó después. Aunque salió en libertad condicional, su caso llegó a juicio oral y recién ayer fue absuelto por decisión de los jueces y a pedido el fiscal Julio César Castro, el mismo que consiguió treinta años de cárcel para el violador. “Me cagaron la vida”, le dijo Gómez a Página/12, que ahora se las arregla trabajando en una fábrica de zapatos e inició una demanda de 3 millones de pesos contra el Estado.

“La chica que denunció al violador nunca lo vio de frente porque la agarró por detrás, pero había llegado a arañarlo y morderlo. Cuando lo detuvieron a Osvaldo (Gómez), no tenía ninguna de esas heridas”, repasó su abogado, Fernando Soto. “Tampoco tenía piercing ni tatuajes como habían dicho otras víctimas –agregó–, para el fiscal de instrucción no era suficiente. El fiscal dijo que el piercing podía ser a presión y no perforado y que lo de los tatuajes podría ser un confusión de las víctimas. Así que no alcanzó para liberarlo. Lo que hicieron fue desastroso.”

Lo único que tenían en común Di Consoli y Gómez, de 28 años, era esa remera roja, que este último usaba la mañana del domingo 21 de enero de 2007 cuando volvía de los boliches cercanos a avenida Rivadavia y Nazca y lo detuvieron. Luego vino una rueda de reconocimiento y la mujer que lo acusó. “Tal vez porque es extranjera (nació en Bolivia) y estaba muy presionada por la misma policía”, dijo Gómez; para su abogado lo culpó por el color de la remera “y porque lo vio preso”.

El verdadero violador, Di Consoli, de 24 años, había cometido 7 violaciones y un intento de abuso entre 2004 y 2007. Sus víctimas eran chicas de entre 14 y 20 años a las que este joven obligaba a subir a su moto y luego conducía hasta algún lugar solitario. Allí les decía que tenía que robarles para comprar medicamentos para su mamá, que estaba muy enferma. Después las ultrajaba vaginal y analmente. Solía realizar sus crímenes en los barrios porteños de Liniers, Villa Luro y Flores hasta que una anciana lo vio en acción y anotó el número de matrícula de su moto. Di Consoli tenía tatuajes y piercing.

Luego de que lo detuvieran, en junio de 2007, el violador fue derivado a la cárcel de Marcos Paz, donde también estaba Gómez, que obtuvo la excarcelación pero quedó procesado. Di Consoli admitió su responsabilidad, pidió disculpas y aseguró que no estaba en sus cabales porque tomaba Rivotril, un ansiolítico. Cuando allanaron su casa encontraron todas las cosas que había robado a sus víctimas: celulares, un discman y reproductores de mp3. Di Consoli había conseguido la prisión domiciliaria, luego de ser condenado a siete años por dos abusos sexuales por un tribunal oral de Morón.

Desde el principio, el abogado de Gómez pidió que se hiciera un ADN a su cliente pero esto nunca ocurrió. “Y había muestras para hacerlo”, dijo Soto. Antes de que se conociera la sentencia de 30 años para Di Consoli, Gómez salió en libertad condicional porque todavía era sospechoso por el caso de la joven boliviana. En esos casi ocho meses de prisión este sobreviviente de Cromañón perdió los dos trabajos que tenía: en una gráfica y en una compañía telefónica.

“Cuando salí estaba en bolas, por los antecedentes penales perdí una posibilidad de conseguir laburo en blanco en una dependencia del Estado –se lamentaba anoche Gómez–. Por suerte unos amigos que tienen una fábrica de zapatos me dieron una mano.” Mientras tanto, este joven terminó la secundaria y comenzó el profesorado de historia. Aunque la indemnización de tres millones de pesos que reclama, según su abogado, no va a reparar el daño moral, al menos podría solucionar sus pesares económicos. Además, Gómez quiere señalar a los funcionarios judiciales que serían responsables de que haya estado en prisión preventiva sin pruebas concretas. En particular, el juez de instrucción porteño Federico Salvó. Ayer, durante el juicio oral y público, el fiscal Julio César Castro criticó la tarea desarrollada durante la etapa sumarial y consideró que la instrucción fue “deficiente” e impidió el esclarecimiento de los hechos. Los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de esta Capital Federal, ante la ausencia de una parte querellante, resolvió absolverlo. “Es la primera vez que me escuchan”, dijo Gómez en sus “últimas palabras” ante el tribunal integrado por los jueces Alberto Huarte Petite, Luis Salas y Martín Vázquez Acuña.

La joven boliviana de 18 años que sufrió una tentativa de abuso no estuvo al momento de dictarse la sentencia favorable a Gómez. Según consta en el sumario de la causa, el abuso no se concretó porque una vecina, alarmada por los gritos de la víctima, llamó a la policía. Luego, cuando declaró ante el tribunal, contó que su agresor le tapaba la boca y le pegaba, mientras intentaba bajarle los pantalones. Cuando se le preguntó si Gómez era quien intentó abusar de ella, contestó que no podía asegurarlo porque el agresor la atacó por la espalda.

Los agentes que participaron del operativo en Flores, el subinspector Jorge Rojas y el cabo Luciano Barrios, no brindaron precisiones. Según fuentes judiciales, durante el juicio muchas de sus respuestas consistieron en un “no me acuerdo”.