“Son residuos radiactivos: traerlos al país, desde Australia, viola la Constitución nacional y genera riesgos”, dijo el ambientalista. “Son radiactivos pero no son residuos, sino combustibles gastados: entrarían sólo para ser reprocesados y volverían a enviarse a Australia sin mayores riesgos”, dijo la empresa estatal Invap. “No se viola la Constitución, y el tema concierne a una política de Estado como lo es la nuclear”, dijo un representante del Poder Ejecutivo. En estos términos, luego de una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de la Nación, quedó planteado el diferendo que se inició en 2002, con un recurso de amparo referido al contrato por el cual la empresa argentina vendió a Australia un reactor nuclear. Resta la decisión final, que será tomada por la Corte.

La empresa Invap pertenece a la provincia de Río Negro y en su control participa el Estado nacional a través de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). En 2001 ganó una licitación para proveer a la Organización Australiana de Ciencia y Tecnología Nuclear (ANSTO) un reactor nuclear con fines de investigación (de magnitud mucho menor que los reactores para generar electricidad, como el de Atucha). En 2002, el ambientalista Juan Schröder –integrante de la Red Nacional de Emergencias Ambientales– presentó un recurso de amparo, aduciendo que una cláusula de ese contrato hacía posible el ingreso de residuos radiactivos desde Australia (donde su almacenamiento sin tratar está prohibido) a la Argentina, pese a lo que establece la Constitución Nacional (Artículo 41: “Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”).

El amparo contra Invap y el Estado nacional, rechazado por el juez de primera instancia, en 2006 fue admitido por la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca y apelado ante la Corte Suprema de la Nación; ésta, antes de emitir dictamen definitivo, convocó a la audiencia pública de ayer.

“Yo fui convencional constituyente en 1994, cuando, pese a un fuerte lobby, logramos incluir esta prohibición –recordó Schröder–: sin embargo, Invap la desconoció en su contrato con Australia y empezó a hablar de ‘combustible gastado’ a procesar. La Constitución no establece diferencias para ingresos temporales o definitivos. Según Schröder, “el ingreso y tratamiento de los residuos es un anzuelo para vender reactores, al costo de tener en el país un ‘basurero nuclear’ con circulación permanente de sustancias radiactivas. Si bien en Francia o Gran Bretaña hay empresas dedicadas a tratar residuos radiactivos de otros países, no venden reactores ofreciendo el costo de ese tratamiento”.

Raúl Montenegro, titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam), sostuvo en la audiencia que “la Argentina, al ingresar al reducido grupo de países que procesan residuos radiactivos, ingresa también a una situación de riesgo de ataques terroristas; los barcos que los transportaran tendrían que seguir recorridos secretos, como lo hacen desde Francia a Japón”. Además, “en la Argentina hay tres mil toneladas de residuos nucleares sin tratar: es absurdo pretender tratar los de otros países”.

Daniel Sabsay, titular de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), aclaró que “no nos oponemos al desarrollo nuclear, siempre que sea sustentable y cumpla con la Constitución, lo cual no sucede en este caso”.

Héctor Otheguy –gerente general de Invap– replicó que “el uranio de los reactores nucleares, cuando ya no es útil, se retira como ‘combustible gastado’, que es a su vez radiactivo; traerlo para ser procesado, acondicionado y reenviado a Australia para su almacenamiento a largo plazo no viola la Constitución”. El funcionario aclaró que “el reactor empezó a funcionar en 2006 y sus combustibles sólo empezarán a reemplazarse dentro de varios años” y destacó que, como solución alternativa gestionada por Invap, “el combustible gastado del reactor de Australia se enviará a Estados Unidos, en el marco de un plan de recuperación de sustancias radiactivas que ese país sostiene por seguridad militar”. Otheguy comentó también que “Invap acaba de calificar, con una empresa francesa y un grupo coreano, para una licitación en Holanda por un reactor mayor que el de Australia”.

Según funcionarios que representaron al Poder Ejecutivo nacional en la audiencia de ayer, “el acuerdo entre Invap y los australianos prevé que, a pedido de éstos, la empresa argentina debería proponer soluciones para los combustibles gastados que produzca el reactor. Se trata de combustibles gastados, no de residuos. Las convenciones internacionales sobre gestión de residuos y desechos nucleares confirman esta interpretación”, por lo cual “no hay violación de la norma constitucional”.

Los representantes del Ejecutivo destacaron que “el tema es de importancia para la Argentina, en tanto la política nuclear es una de las pocas políticas de Estado”.