La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciará por primera vez sobre la responsabilidad del Estado mexicano en los femicidios ocurridos en la fronteriza Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde hay más de 450 mujeres asesinadas identificadas y se estima que son casi cinco mil las desaparecidas en la última década y media. La sentencia se conocerá en las próximas semanas: probablemente haya una condena contra el país por no proteger a las mujeres de la violencia de género. El fallo sentará importante jurisprudencia en la región. “El problema no es exclusivo de Ciudad Juárez. De lo que estamos hablando es de violencia contra las mujeres, donde todas las mujeres estamos expuestas a sufrirla”, señaló la abogada mexicana Andrea Medina Rosas, del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem), una de las organizaciones que representan a familiares de las víctimas en la demanda. “Aquí también sucede y en otros países también. Tenemos varias ciudades Juárez”, advirtió la socióloga e investigadora Silvia Chejter, directora del Centro de Encuentro Cultura y Mujer (Cecym), en un panel en el que se analizó el emblemático caso.

La demanda contra el gobierno de México fue presentada en 2005 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), después de analizar la denuncia que elevaron a ese órgano las madres de tres jóvenes –dos de ellas adolescentes– cuyos cuerpos fueron encontrados en noviembre de 2001 con signos de violencia y tortura sexual enterrados en un terreno baldío que había sido un campo algodonero. Junto a los restos de Claudia Ivette González, de 21 años; Esmeralda Herrera Monreal, de 15, y Laura Berenice Ramos Monarrez, de 17, se hallaron cinco cadáveres femeninos más. El equipo argentino de antropología forense trabajó en la identificación de las víctimas. “Uno de los cuerpos sigue todavía sin tener identificación”, destacó Medina Rosas, quien vino a la Argentina para participar de una serie de actividades académicas y de difusión del caso junto a la abogada Andrea de la Barrera, también mexicana y de Cladem. Medina Rosas y De la Barrera llegaron al país desde Santiago, Chile, donde tuvo lugar el 28 y 29 de abril la última audiencia pública convocada por la Corte Interamericana antes de que se conozca el fallo.

Según registros que llevan organizaciones civiles mexicanas, unas 450 mujeres asesinadas en Ciudad Juárez han sido identificadas desde 1993, muchas de las cuales fueron violadas. Y hay más de cinco mil que permanecen aún desaparecidas. De manera casi sistemática, las autoridades no tomaron en serio estos crímenes, con frecuencia manifestaron que las víctimas tenían la culpa por sus homicidios y trataron a los familiares con desprecio. Pocos de los autores de estos asesinatos fueron llevados a la justicia, “lo que creó un clima de miedo e inseguridad para las mujeres”, apuntó Medina Rosas.

El caso de “Campo Algodonero” es importante porque es la primera vez que la Corte Interamericana se pronunciará sobre los femicidios de Ciudad Juárez. La demanda que enfrenta el Estado mexicano es por la violación al derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, en particular por la desaparición, tortura y homicidio de las tres muchachas. Concretamente se les imputa a las autoridades mexicanas que no cumplieron con su obligación de prevenir y castigar con eficacia la constante violencia que padecen allí las mujeres, un compromiso asumido al suscribir la Convención Interamericana de Belem do Pará.

El caso que analiza la Corte Interamericana es muy parecido a otros que han sucedido en Ciudad Juárez, destacó Chejter: en dos semanas la policía tenía las “confesiones” de los presuntos responsables de los crímenes. Pero hay dudas fundadas de que realmente sean ellos: “Los inculpados inmediatamente denunciaron torturas: las irregularidades que se comenzaron a ver respondían a un patrón de cómo estaban respondiendo las autoridades”, señaló Medina Rosas. “Uno de los imputados murió en la cárcel y el otro, al año siguiente de dictarle una sentencia de 50 años de prisión lo absolvieron porque las pruebas en su contra no eran suficientes”, explicó De la Barrera. En 2006 se inicia otra investigación. A ocho años del hallazgo de los cuerpos, las muertes de Claudia, Esmeralda y Laura siguen impunes.

También es paradigmático el caso porque como en otros de Ciudad Juárez, las madres que buscan justicia por sus hijas asesinadas han recibido múltiples amenazas para que silencien su reclamo y se abstengan de difundirlo, destacaron las abogadas. Al punto de que una de ellas, la madre de Laura, tuvo que pedir asilo en Estados Unidos y acaban de otorgárselo. También las defensoras han sido blanco de amedrentamientos y amenazas.

Las autoridades mexicanas han sostenido que en los últimos años se tomaron medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en el país y para investigar con eficacia los asesinatos. “El Estado dice que hizo reformas legislativas y que incorporó la perspectiva de género en el Presupuesto. ¿Cuál es el indicador de que la situación no ha cambiado en Ciudad Juárez? Que siguen desapareciendo mujeres, siguen siendo asesinadas, continúa la violencia contra las madres, con un daño social muy grande por la impunidad”, indicó Medina Rosas.

El panel en el que participaron las abogadas mexicanas fue organizado por Cladem.

Según un informe de Amnistía Internacional, a pesar de que se ha identificado al menos a 177 funcionarios estatales, posiblemente implicados en investigaciones deficientes de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las autoridades nunca llevaron a juicio a ninguno de ellos.

“Se han creado muchas leyendas urbanas en torno de Ciudad Juárez. No sabemos qué pasa. Pero el gobierno local, los empresarios y los medios de comunicación han tomado las denuncias de los asesinatos de mujeres como un ataque a la ciudad. Y responsabilizan a las mujeres por la violencia que viven. La jerarquía de la Iglesia Católica no se ha pronunciado ni una vez. Pero sí ha dicho que las mujeres sufren violencia porque usan minifalda”, observó Medina Rosas. Chejter recordó que diversas investigaciones sobre los femicidios de Ciudad Juárez determinaron que no existe un patrón determinado en las muertes. “Sólo el 16 por ciento de las mujeres trabajan en las maquilas. Hay muchos cuerpos que aparecen mutilados y otros no. Aquí sucede y en otros países del mundo también. En la Argentina cada dos días es asesinada una mujer como consecuencia de violencia de género. En nuestro país el homicidio conyugal es altísimo: casi el 70 por ciento de los asesinatos de mujeres. Hay varias ciudades Juárez”, concluyó.