“¡Que se pudra en la cárcel!” Fue el deseo en el que coincidieron, a los gritos, dos de las seis mujeres violadas por Guillermo Irineo Martínez, tras escuchar la sentencia a 31 años y siete meses de prisión que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 2 de San Martín le impusieron por haberlo encontrado responsable de los delitos de abuso sexual agravado con acceso carnal y uso de arma y robo en, por lo menos, seis oportunidades.

Aunque la pena impuesta fue menor que los 40 años exigidos por la fiscal de la causa, María Belauzarán, los jueces responsables del TOC Nº 2, Aníbal Bellagio, Gustavo Garibaldi y María del Carmen Castro dieron por probada la responsabilidad de Martínez en los seis casos de abuso a mujeres en la localidad bonaerense de Pablo Nogués llevados a cabo entre junio y septiembre de 2007.

En todos sus ataques, el “violador serial”, como lo denominaron durante el proceso judicial, utilizó la misma modalidad: convocaba a mujeres jóvenes que buscaban trabajo para ofrecerles un empleo. Por lo general, se trataba de mujeres que publican carteles con sus números de teléfono en distintos comercios, ofreciéndose para cuidar niños o para realizar trabajos domésticos. Martínez las llamaba y les ofrecía trabajo. En caso de que aceptaran, las citaba en cercanías de la estación de Pablo Nogués, en el partido de Malvinas Argentinas.

Una vez concretada la cita, el acusado pedía a las potenciales víctimas que lo acompañaran hasta su casa para que hablaran con su esposa. Pero en el trayecto, según varias acusaciones, las amenazaba apuntándoles a la cabeza con un revólver calibre 22 que llevaba en una riñonera y las llevaba a una obra en construcción o a un descampado, donde las violaba varias veces y las dejaba ir. Lejos de finalizar el ataque, el atacante volvía a llamar a sus víctimas para amenazarlas si hacían la denuncia.

La fiscal basó su alegato en que el acusado “en ningún momento tuvo arrepentimiento” por los hechos “ni sintió culpa”. Además, sostuvo que “es muy probable” que haya “más víctimas que no se pudieron conocer”, ya que no habrían presentado denuncia y concluyó que Martínez actuó con una “modalidad muy perversa”. Por su parte, la defensa del acusado había solicitado la inimputabilidad, tomando como base el hecho de que actuó bajo los efectos de las drogas.

Los jueces consideraron como agravante la cantidad de veces que el imputado violó a las víctimas, la duración del abuso, el engaño utilizado para embaucar a las jóvenes, la posibilidad de que contrajeran algún tipo de enfermedad, el hecho de aprovecharse de sus necesidades económicas y el de actuar amparado en la nocturnidad.

A la salida del juzgado, una de las víctimas reflexionó: “Sé que puedo confiar en la Justicia. Denuncien, no tengan miedo; estos casos no pueden quedar en la oscuridad”.