La Legislatura porteña tiene en el temario de hoy la primera lectura de una ley que busca reactivar la Inmobiliaria Macri. Se trata de un proyecto que le permitirá al gobierno porteño vender tres valiosos terrenos en Catalinas Norte y, para redondear el negocio, cambiará la zonificación autorizando la construcción de una megatorre de 150 metros de altura en Alem y Córdoba. Como para completar el asunto, el precio puede ser de liquidación: ya figura en el presupuesto de este año como un “ingreso” de trescientos millones de pesos, la mitad o menos de su valor de mercado.

El mayor terreno, de 6000 metros cuadrados, es ocupado hoy por una estación de servicio que toma toda la cuadra de Córdoba entre Alem y Madero. Los otros dos son estacionamientos, están sobre Madero y tienen casi 5000 y casi 4000 metros cuadrados, respectivamente. La zonificación actual sólo autoriza estos usos.

El gran negocio para el futuro comprador de estos lotes es que el proyecto del PRO indica que los edificios a construir “tendrán una altura mínima de 73 metros”. Quien se pare hoy ante la manzana de torres de Catalinas estará viendo un conjunto de edificios de, justamente, 73 metros de altura. La ley que impulsa el macrismo ordena superarla, creando una renta extra. Para los dos terrenos sobre Madero, el máximo permitido será de 110 metros, para el de Córdoba de 150. O sea un total de 41.500, 44.500 y 61.000 metros cuadrados, respectivamente, lo que incluye tres subsuelos para estacionamientos y servicios.

Como para compensar que se cuenten los sótanos, el proyecto afirma que cada edificio puede tener una recova de hasta seis metros de altura, que no se contará en el metraje autorizado. También se ofrece jardinería gratis: si el futuro dueño decide “donar” el terreno donde no se puede construir (un 40 por ciento de la superficie total), la ciudad se hará cargo de parquizarlos como plaza pública, y también de mantenerlos.

Pero la jardinería es apenas una yapa para el feliz empresario que cierre negocio. El gobierno porteño ya incluyó la futura partida, destinada a arreglar y remodelar edificios escolares, y la estimó en 300 millones de pesos, que solían ser cien millones de dólares. La estimación de mercado ya era para fin de año de por lo menos el doble de ese monto. Como los precios inmobiliarios siguen dolarizados, lo que aspira a cobrar la ciudad resulta cada vez más modesto.

El diputado porteño Sergio Abrevaya (CC) adelantó la oposición de su bloque y resumió los puntos en los que no hubo manera de moderar la posición del PRO. Aunque no existe un desacuerdo de fondo con la idea de vender terrenos o de que Catalinas tenga tres edificios más de oficinas, Abrevaya señala que no se hicieron estudios de impacto ambiental, no se respetó ni la filosofía de fondo del Plan Urbano Ambiental y nunca se explicó debidamente por qué el gobierno considera “inservibles” esos bienes. Y queda el nada pequeño detalle del precio a cobrar y que el dinero pase a gastos generales, y no a una partida específica. Para peor, se venden bienes para gastos de caja, ni siquiera para comprar escuelas o construir nuevas.

Al presentar el proyecto, el macrismo pisó el acelerador y logró cosas raramente vistas en la Legislatura, como una reunión intercomisiones. Así superó con rapidez los pasos para llegar a esta primera lectura. Si se vota hoy –y todo indica que los números le cierran al PRO, que cuenta con votos del FpV– la venta de terrenos podrá entrar en la recta final de una segunda lectura.