España quedó más cerca de consagrar el derecho al aborto. El Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó ayer el anteproyecto que será enviado al Parlamento y que contempla en forma explícita el derecho “a la maternidad libremente decidida” en el marco de una ley integral de Salud Sexual y Reproductiva, por la cual el Estado quedará obligado a promover, además, el acceso universal a la información y educación sexual y a garantizar la entrega gratuita de métodos anticonceptivos. La histórica reforma que impulsa el PSOE legaliza la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta las 14 semanas de gestación, más allá de ese plazo y hasta la semana 22, si existe un riesgo para la vida o la salud de la madre o malformaciones fetales. Y sin límite de tiempo, si se descubren anomalías del feto incompatibles con la vida o enfermedad extremadamente grave e incurable.

Tras la reunión de gabinete, en el Palacio de la Moncloa, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, acompañada por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, destacó que “las palabras derechos, garantías, seguridad y respeto” definen el anteproyecto, que pretende “salvaguardar la dignidad de las mujeres”. Aído indicó que ofrece “más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados”. Además, destacó que se trata de una norma “más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual”.

La liberalización del acceso al aborto es una promesa electoral del PSOE. Pero en su primera gestión, Rodríguez Zapatero prefirió archivarla: tras la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el jefe del Estado español de-sistió de dar otra gran pelea contra los sectores más conservadores encabezados por el opositor Partido Popular y la jerarquía católica, fervientes opositores a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa fue relanzada en 2008 y a lo largo del último año se hicieron consultas con numerosos especialistas de distintos ámbitos, en un amplio debate que involucró a legisladores, organizaciones sociales, mujeres, jóvenes y profesionales. Organizaciones denominadas “anti-derecho” o “pro-vida” expresaron su rechazo a la reforma.

Entre los puntos que más polémica generaron figura la posibilidad de que las adolescentes de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el permiso paterno, una de las recomendaciones que los expertos formularon el pasado 5 de marzo a la ministra Aído, después de seis meses de trabajos y que se incluye también en las conclusiones de una comisión de diputados que analizó el tema.

La ley vigente tiene 24 años. España despenalizó parcialmente el aborto en 1985, luego de una larga batalla encabezada por el movimiento feminista, que incluyó diversas acciones, entre ellas realizar abortos en plazas para provocar detenciones masivas, como forma de proteger a profesionales que practicaban los procedimientos y a las mujeres que decidían interrumpir voluntariamente una gestación. Desde entonces se permite el aborto cuando se practica para evitar un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada”, cuando la gestación es producto de una violación siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas y más allá de ese plazo y hasta la semana 22 si el feto tiene malformaciones o se presume que nacerá con “graves taras psíquicas o físicas”.

Pero a la sanción de la ley siguió una avalancha de juicios por aborto contra médicos y mujeres, que dejó al descubierto la inseguridad jurídica que encerraba la normativa legal. En el último año también recrudecieron las denuncias, promovidas por grupos conservadores, alegando que se estaban realizando IVE por fuera de la normativa. Según la ley, el médico que practique un aborto fuera de los supuestos permitidos puede ir a la cárcel de uno a tres años y quedar inhabilitado para ejercer de uno a seis años. La mujer que aborte fuera de los casos autorizados será castigada con la pena de prisión de seis meses a un año o con una multa.

Desde hace varios años, la asociación que agrupa a las clínicas que practican abortos no punibles y el movimiento feminista español reclaman una reforma legislativa que elimine directamente el aborto del Código Penal, un aspecto que no contempla completamente.

En la actualidad, los hospitales públicos practican menos del 3 por ciento de las IVE. En algunas comunidades autónomas, el Estado solventa los abortos en clínicas privadas. En otras, no.

Ayer, la Federación de Mujeres Progresistas felicitó al gobierno “por el cambio histórico” que supone que la interrupción voluntaria del embarazo “pase a considerarse un derecho jurídicamente exigible y deje de ser una concesión del Estado tutelada por terceros”, señaló su presidenta, Yolanda Besteiro. También la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) manifestó su satisfacción por el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros. “Es muy importante” que la mujer pueda decidir ante un embarazo que no desea, opinó su vicepresidenta Francisca García. Además, destacó que el texto consensuado “no obliga a nadie, sino que garantiza que el aborto se haga en unas condiciones sanitarias buenas”.

El aborto quedará incluido dentro de una Ley de Salud Sexual y Reproductiva. Según informó la ministra de Igualdad, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión. “Garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas”, agregó Aído.

De manera excepcional –continuó– hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

A partir de aquí sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.

La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, “para que sea una prestación pública y gratuita”. También financiará el Estado la práctica en clínica privadas con las que tenga convenios.

Un punto muy importante del anteproyecto es que las mujeres no serán castigadas con prisión por abortar. Si alguna se provoca o deja que le practiquen una interrupción de embarazo fuera de los supuestos que recoge la ley, se le podrá imponer una multa de 6 a 24 meses (el sistema penal español se basa en días multa: en función de los ingresos se asigna una cantidad por cada día de sanción). El juez podrá rebajar la pena atendiendo a las circunstancias personales de la embarazada. Los médicos sí podrán ser castigados, como ahora, con prisión de uno a tres años e inhabilitación especial de uno a seis años para ejercer cualquier profesión sanitaria. Si practican el aborto sin que haya pasado el período de reflexión, o sin comprobar que la mujer recibió la información previa, o sin todos los dictámenes pertinentes, serán sancionados con multa e inhabilitación.

Según se informó ayer, el Ejecutivo enviará el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial que deberán emitir un dictamen, y luego al Parlamento. El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, adelantó que el Grupo Parlamentario Socialista mantendrá la disciplina de voto, por lo que los 169 diputados oficialistas votarán a favor del texto cuando se debata la ley.