El mendocino que durante más de 20 años violó a una de sus hijas y la convirtió en madre de siete niños sigue sin encontrar un abogado particular que quiera defenderlo, mientras se aceleran los tiempos para la realización de las pericias genéticas y la causa continúa acumulando pruebas. Por cuarto día consecutivo, un diario local dio a conocer fragmentos textuales de declaraciones extraídas del expediente, todas ellas brindadas al amparo del secreto de sumario que rige, entre otras cosas, porque la investigación puede tener efecto sobre la vida de menores de edad. La filtración del día reproducía palabras de la mujer que formalizó la denuncia contra su padre hace una semana: recordaba que si no había hablado antes era porque él la amenazaba con alejarla de sus hijos. Ninguna acción judicial se ha promovido, hasta el momento, en contra de la madre de la víctima, aunque sí trascendió que pidió licencia en el Juzgado de Paz donde se de-sempeña como oficial de Justicia. N. O., madre de la denunciante y esposa del acusado, trabaja en el ámbito judicial desde hace alrededor de 30 años.

Por la tarde, Silvina González, titular de la Décimo Tercera Defensoría de Pobres y Ausentes de Mendoza, sobre quien de oficio recae la responsabilidad de asegurar el patrocinio letrado del acusado, reconoció ante la prensa que un profesional –cuyo nombre no trascendió– rechazó a último momento hacerse cargo de la defensa. Armando L. permanece detenido en el pabellón 17 de la penitenciaría de Boulogne Sur Mer, ámbito sobre el cual no cesan de proyectarse especulaciones (habida cuenta de la muerte por ahorcamiento de otro de los internos, sobre la cual se informó ayer) en torno de las posibilidades o no de suicidio.

Ante la evidencia de que existen filtraciones sistemáticas en los propios tribunales, se instruyó un sumario para determinar quién y en qué circunstancias sucedió, tanto como para evitar que continúe sucediendo. Entre tanto, trascendió que dos de los hijo-nietos de Armando L. fueron entrevistados por una psicóloga que recurrió, para ello, a una cámara Gesell.

Esta misma mañana vence el plazo para que Armando L. solicite formalmente la designación de un perito de parte que presencie las pericias genéticas y psicológicas. Nada indica que vaya a nombrar uno: amén de no contar con abogado defensor particular, la defensora González reconoció que desconoce los detalles del caso en profundidad, y que no ha tenido ocasión de diseñar una estrategia de defensa con su cliente. No es un detalle menor el económico: mucho se rumorea sobre solvencia económica de Armando L., habida cuenta de que no se le conocía trabajo rentado alguno. De acuerdo con lo que allegados a la causa confiaron a Página/12, para su sustento la familia depende del salario que N. O. obtiene como oficial de Justicia: ése es el único ingreso económico, y al menos de momento el área de Desarrollo Social provincial no reparó en el inconveniente que ello puede suponer para el avance de la causa judicial tanto como para las vidas de la denunciante y los hijos-nietos.