La denuncia sobre trabajo infantil en chacras de la provincia de Mendoza llegará hoy a Buenos Aires. Organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo, como la Fundación La Alameda y el Movimiento de Trabajadores Excluidos, entregarán en las oficinas céntricas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) un reclamo dirigido a la Mesa de Enlace para que se excluya de esa organización a “los productores agropecuarios denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas”. El reclamo se apoya en la denuncia realizada por La Alameda en febrero último, tras una investigación realizada en fincas mendocinas que incluyeron grabaciones de videos, en los que quedó registrado el trabajo de niños y adolescentes en edad escolar y que dio pie a una causa judicial. La directora de una escuela de El Carrizal, departamento de Luján de Cuyo, confirmó a Página/12 que decenas de chicos han faltado a clase semanas enteras para participar en la cosecha y otras tareas rurales.

La nota, que será presentada hoy a las 19 en la sede de la Sociedad Rural, en Florida al 400, considera que “la Mesa de Enlace debe ser anoticiada formalmente acerca de la existencia de formas contemporáneas de esclavitud y de trata de personas, que son practicadas por productores de Mendoza en perjuicio de los sectores más vulnerables”. Y pide que el tema sea tratado en las reuniones con el gobierno nacional, en las que se discuten reivindicaciones del sector.

“Reclutan a chicos y a adolescentes porque sus manos más chiquitas son más aptas para manipular el ajo”, relata a este diario Patricia Farina, orientadora psicopedagógica de la escuela media de El Carrizal, una localidad rural ubicada a unos 70 kilómetros de la capital mendocina, donde concurren unos 400 chicos que cursan entre 8º grado y tercer año del polimodal. Farina explica que, con gran esfuerzo, en esa escuela han logrado que la retención de alumnos llegue al 89 por ciento el año pasado. “Los vamos a buscar a las casas, tenemos un equipo de trabajadoras sociales que hacen ese trabajo. Y contamos con un régimen flexible de asistencia que permite que los chicos no queden libres”, relata. Es que muchos alumnos “comienzan las clases recien en abril, cuando termina la vendimia, pero en octubre empieza el trabajo manual fuerte con el ajo y entonces dejan de venir o no rinden las evaluaciones globales”. Y advierte que otras escuelas no cuentan con ese régimen de flexibilidad.

A mediados de febrero, una cronista de Página/12 recorrió chacras del departamento de Godoy Cruz y Guaymallén y comprobó cómo los niños son cargados junto a sus familias en camiones y trasladados a las fincas, donde trabajan en la separación y limpieza del ajo. Las grabaciones con una cámara oculta que obtuvo un trabajador de La Alameda registraron esas escenas que fueron presentadas en la Justicia federal de Mendoza.

El juez federal Walter Berto inició un sumario en el que investiga el posible delito de “trata de personas” que, de acuerdo con la ley 26.364, consiste en “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de un niño con fines de explotación”. “En esa causa hay mucha prueba, videos, fotos y declaraciones de testigos, entre ellas las del actual ministro de Gobierno, Mario Adaro, quien asegura que cuando se desempeñaba como subsecretario de Trabajo detectó numerosos casos de trabajo infantil”, dijo a Página/12 el abogado Pablo Salinas, de la Fundación Liga por los Derechos Humanos.

En esa misma causa, los abogados Rodolfo Yanzón, Alfredo Guevara, Rodolfo García y Salinas presentarán una ampliación de la denuncia con nuevos casos, registrados entre abril y mayo en los mismos lugares denunciados en febrero, como la plaza de Rodeo del Medio, donde son reclutadas las familias, con sus niños, y trasladadas en camiones. Un nuevo video incluye además los testimonios de la directora de la escuela y de numerosos niños que trabajan o trabajaron en las plantaciones de ajo.

Esta vez, la cámara oculta que portaba una militante de La Alameda que logró ser reclutada para el trabajo rural registra imágenes en plantaciones de cebolla y calabaza. “La denuncia original tuvo la suficiente repercusión pública como para esperar que el fenómeno denunciado hubiera mermado”, cosa que “no ha ocurrido: todo continúa como antes, lo que revela el grado de impunidad con el que pueden actuar los productores frente a la inocua actividad gubernamental”, expresa la denuncia.

En la presentación ante la Justicia se incluye un informe del gobierno mendocino sobre “Erradicación del Trabajo Infantil”, donde consta que las autoridades provinciales han detectado niños y adolescentes trabajando en cosecha de uva, manzana, tomate, galpones de empaque, pero además en aserraderos y hornos de ladrillos. “No surge que el gobierno haya dispuesto la formulación de las correspondientes denuncias contra los patrones por los graves delitos contra la libertad de las personas en perjuicio de los trabajadores.”

Las organizaciones denunciantes resolvieron además reclamarle a la Mesa de Enlace de productores agropecuarios que “excluya a los empresarios de la provincia de Mendoza que están denunciados por reducción a la servidumbre y trata de personas”, reveló a Página/12 Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda.”

La nota sostiene que muchas de esas empresas, en distintos departamentos mendocinos, recurren a una práctica “fraudulenta” que consiste en “presentar a los trabajadores como integrantes de presuntas cooperativas de trabajo que contratan con los productores la recolección”, lo que les permite “eludir sus obligaciones respecto de los trabajadores”.

De acuerdo con el documento, esos productores “recurren al expediente de contratar familias y ubicarlas en fincas de su propiedad o alquiladas donde desempeñan su trabajo en condiciones más que precarias y sin la protección de las leyes”. De esa manera “se reclutan los niños, que colaboran con sus padres en el trabajo, sin percibir ninguna clase de remuneración”. “Los niños están sometidos a servidumbre a través del cabeza de familia varón y no se les otorga la consideración de trabajadores como tales.”

Esos trabajadores, según el reclamo, “no son provistos de lo básico y necesario para un ser humano, como la provisión de agua potable y baños. Deben concurrir a comprar bebidas o alimentos a lugares que son de propiedad de los productores y lo adquirido para su consumo es descontado cuando se les hace la liquidación semanal”. Para eliminar el trabajo infantil, La Alameda propone “otorgar a las familias un subsidio para que los niños vayan a la escuela en lugar de trabajar”.