El juicio contra el hombre que regenteaba una red de prostíbulos en San Miguel, apañados por el poder político y policial del distrito de Aldo Rico, tuvo el comienzo más inesperado. El fiscal del caso pidió la recusación de uno de los magistrados del Tribunal Oral Nº 6 de San Martín, Eduardo Frato, porque un nombre igual al suyo aparecía en la famosa agenda en la que el imputado anotaba los pagos a funcionarios municipales y uniformados que le brindaban protección para que sus locales nocturnos pudieran funcionar. El fiscal Raúl Serraco aclaró que no pudo corroborar si la persona mencionada es el juez o un homónimo. “Si bien eso no quiere decir que se trate del juez, entendemos que para la transparencia de este proceso corresponde su alejamiento”, sostuvo Serraco. El magistrado aludido aceptó alejarse del caso, se excusó y sorpresivamente el juicio debió suspenderse.
La pesquisa que dejó al descubierto las actividades de Vicente Serio, el hombre que regenteaba los tres prostíbulos en San Miguel, fue realizada por “Telenoche investiga” en julio del 2000. Una cámara oculta del programa mostró a Serio cuando revelaba que pagaba unos 18 mil pesos mensuales para “arreglar” a comisarías y a funcionarios políticos del reino de Rico. Serio tenía a 34 mujeres paraguayas –seis menores– encerradas y explotadas como esclavas en sus tres boliches, Imagina, Hawaii y El Porteño.
El caso derivó en una causa paralela por cohecho que en abril de este año le costó el cargo al entonces jefe de la Policía Bonaerense, Amadeo D’Angelo. En el marco de esa investigación, la casa de D’Angelo fue allanada y ese mismo día el comisario presentó su renuncia. En la misma libreta en la que aparece un nombre idéntico al del juez Eduardo Frato, bajo la palabra guía “arreglos” figuraba la “Jefatura Departamental Zona Norte” y a continuación una cifra de dinero. El jefe de esa departamental en aquel momento era D’Angelo. Al parecer, la red de prostitución y esclavitud de mujeres, que presuntamente dirigía Serio, tenía tal protección que el mismo día en que se realizó el procedimiento en el domicilio del ex jefe policial, también se allanó la municipalidad y el Concejo Deliberante de San Miguel.
El juicio oral que debía comenzar ayer no sólo iba a juzgar a Serio. También a su esposa, Estela Paredes, y a dos presuntos ex socios, Juan Carlos Pacheco y José Francisco Bogado. Serio está acusado de la presunta comisión de los delitos de “promoción y facilitación de la prostitución, infracción artículo 142 bis del Código Penal y ultraje a la moralidad sexual”, un delito que contempla penas de hasta 25 años de cárcel, en caso de que las mujeres sean menores de edad.
El planteo del fiscal Serraco sorprendió a los miembros del Tribunal Oral Nº 6 de San Martín. “Si bien eso no quiere decir que se trate del juez, entendemos que para la transparencia de este proceso corresponde su alejamiento”, planteó el fiscal al pedir la recusación de Frato por la presencia de un nombre igual al suyo en la famosa agenda de Serio. Algunas fuentes señalaron que no se trataría del magistrado sino de un concejal, pero la versión no pudo ser corroborada. El tema fue analizado por los integrantes del tribunal. Finalmente, el juez aludido se excusó de seguir interviniendo con el fin de “no afectar la credibilidad del tribunal” y en pos “de los derechos de los imputados”. Así, el proceso oral quedó suspendido sin fecha de inicio hasta que el tribunal decida quién será el nuevo juez que ocupe el lugar de Frato.
Mientras tanto, trascendió que en los próximos días varios de los policías y políticos que aparecían mencionados en esa misteriosa libreta serían llamados a declaración indagatoria en la causa paralela por presunto “cohecho”.