La preocupación porque el cura Julio César Grassi sigue libre después de haber sido condenado a 15 años por pedofilia y por la posibilidad cierta de que tome contacto personal con los chicos alojados hoy en la Fundación Felices los Niños generaron una resolución administrativa y tres planteos judiciales que buscan impedir que eso pueda producirse. Ayer se conoció una resolución, dictada la semana pasada por el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, a través de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, por la que se pide a los directivos de la Fundación que prohíban la entrada de Grassi a la sede que tiene la institución en la localidad bonaerense de Hurlingham. El mismo texto, con igual pedido, fue remitido por la subsecretaria del área, Cristina Tabolaro, a todos los jueces que tienen responsabilidad sobre los 30 o 40 chicos que están internados en el lugar. Por otro lado, como había adelantado Página/12 en su edición del lunes, los fiscales que intervinieron en el juicio y dos de los querellantes presentaron recursos ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón para que se revoque la decisión del Tribunal Oral 1 que confirmó el régimen de libertad restringida del que goza Grassi y que se ordene su inmediata detención.

Uno de los querellantes, Juan Pablo Gallego, en representación del Comité de Seguimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, interpuso un recurso de apelación ante la Sala I de la Cámara contra una de las partes del fallo dictado el miércoles 10 de junio por el Tribunal Oral 1. Solicitó la “efectiva detención del delincuente sexual condenado”, planteando como argumentos “el concreto peligro de fuga” y el “concreto riesgo de reiteración delictiva, por demás inherente a este tipo de delincuentes sexuales”, teniendo en cuenta que son reiterados los casos de reincidencia en los autores de delitos semejantes.

En el mismo sentido que Gallego, por la inmediata detención de Grassi, se expresaron en otros dos planteos por separado los fiscales Federico Nieva Woodgate y Alejandro Varela, y el abogado querellante Sergio Piris, en representación de “Gabriel”, por cuyas denuncias fue condenado Grassi.

En forma simultánea se conoció una resolución dictada el jueves, después de conocido el fallo, por la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia bonaerense. Una fuente oficial dijo que ese organismo tiene “como norma que en casos de denuncias o condenas por abuso de menores, le solicita a la institución involucrada (en este caso Felices los Niños), que impida el contacto de los niños con la persona denunciada”.

La medida “se tomó en cuenta en la causa contra Julio César Grassi” a partir del año 2002, cuando el caso alcanzó difusión pública. Ese año “se dictó una resolución administrativa que fue ratificada en la actualidad, en la que se establece la prohibición a Grassi a mantener contacto con los niños de la Fundación, ubicada en Hurlingham, con el objetivo prioritario de resguardar la integridad física y psíquica de los menores allí alojados”. La fuente agregó que “también se comunicó con todos los juzgados a cuyo cargo están los chicos que siguen alojados en la Fundación, para que lo tengan en cuenta y tomen las decisiones que ellos consideren pertinentes”.

Página/12 habló con Daniel Cavo, uno de los defensores de Grassi, quien sobre las presentaciones judiciales para que se disponga la detención de Grassi sostuvo que “desde que se conoció el fallo, el miércoles 10, no sucedió nada que justifique que el tribunal tenga que modificar su sentencia”. Agregó que el veredicto “en nada modifica lo que viene sucediendo hace siete años, desde el inicio del proceso, tiempo durante el cual Grassi nunca intentó fugarse ni entorpecer el juicio en su contra”.

Sobre la resolución administrativa, Cavo aseguró que el viernes pasado “enterado de esa decisión, el padre Grassi envió al tribunal un escrito en el cual se comprometió a abstenerse de ingresar a la sede de la Fundación”. Según Cavo, el sacerdote “viene cumpliendo esa resolución, que se había dictado antes, en 2003 o 2004, no lo recuerdo, y ahora ratificó que la va a cumplir, a pesar de que está habilitado para ingresar a la sede de la Fundación”. Insistió luego en que su defendido “no se ha fugado en siete años y no tiene sentido, entonces, que se pida su detención. El estado de derecho dice que no se es culpable hasta que la condena no esté firme y la condena contra Grassi no lo está”.

Otra es la opinión del querellante Gallego, quien ayer pidió a la Sala I de la Cámara de Apelaciones de Morón que modifique la resolución del Tribunal Oral 1 que denegó “la solicitud de inmediata detención” de Grassi, luego de la condena, que habían solicitado la Fiscalía y los tres querellantes. Gallego aseguró que la medida dispuesta por los jueces provoca “un gravamen irreparable” para las tres víctimas que acusaron a Grassi, con el agregado de la “notoria puesta en riesgo (...) de las potenciales (nuevas) víctimas del pedófilo”.

Recordó que los jueces condenaron a Grassi “por abusar y corromper sexualmente a un menor de edad para satisfacer sus propios deseos”. El querellante pidió que se fije una audiencia para tratar, en forma oral, el entredicho y advirtió que “de mantenerse la decisión adoptada” por el Tribunal Oral 1 “en relación a la libertad del delincuente sexual condenado e incluso su ingreso al escenario de los crímenes (la Fundación Felices los Niños), se propiciará la reiteración delictiva en detrimento de lo dispuesto” por las leyes vigentes.

Gallego mencionó que “si bien nuestro ordenamiento procesal tiene previsto como regla general que el imputado permanezca en libertad durante el desarrollo del proceso”, la misma ley “se ocupa de establecer cuáles son los supuestos donde dicho principio no se aplica”. El querellante cuestionó con dureza expresiones de Luis María Andueza, presidente del Tribunal Oral 1, en el sentido de que “no le preocupa que (Grassi) reincida” y que sólo le preocupa que se fugue. Gallego sostuvo que “este sujeto (Grassi) es capaz (...) de reiterar sus delitos”.