Frente a las cenizas y los escombros, los funcionarios y los especialistas pusieron el grito en el Estado, que más que cielo se parece al infierno, lejano, en verdad inexistente. La crónica que Página/12 publicó ayer, en la que contaba cómo un grupo de vecinos de Moreno incendió y destruyó un aguantadero protegido por la policía generó opiniones que fueron de la alarma a la advertencia. “A mí, ideológicamente toda forma de intervención comunitaria autogestionaria me resulta importante, pero acá el problema es que esta autogestión reemplaza al Estado ausente en la protección de vida frente al delito, en vez de ser un signo de democratización, es la expresión de un quiebre del Estado democrático”, opinó el viceministro de Seguridad bonaerense, Marcelo Saín. “Si desde el Estado no nos apuramos por reconstruir una relación con la gente, seguro que las explosiones se van a seguir dando”, le dijo a Página/12 el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini. “Uno dice –reflexiona el sociólogo Juan Pegoraro–: ‘qué bueno que se hayan organizado para autodefenderse’. Pero esto es el peligro de situaciones más conflictivas y ambiguas.”
Quien ya había opinado sobre este tipo de situaciones varios meses atrás, tras la destrucción de la comisaría de El Jagüel, es Carlos Vila, el actual subsecretario de Seguridad y Protección Civil. En una nota de opinión recopilaba diferentes casos como el de la seccional quemada. “A diferencia de otras sociedades latinoamericanas, los linchamientos eran prácticamente inexistentes en Argentina hasta recientemente”, diagnosticaba Vila, profesor de derecho, además de funcionario. Vila ratificó sus ideas sobre el asunto a Página/12. “Estas conductas legitiman desde lo social la misma ilegalidad e impunidad que imputan a los actores a los que atacan. Por esto mismo deberían ser un dramático e impostergable llamado de atención para quienes ejercemos funciones de responsabilidad política”, lanzó.
Alertando sobre los peligros de las reacciones populares, el viceministro de Seguridad considera que lo ocurrido en el barrio Las Catonas es una expresión de un problema más complejo: “La presencia irregular del Estado en la aplicación de la ley a través de un sistema policial fallido y de una Justicia ausente que retrotrae la situación a una especie de naturaleza humana preestatal”.
Para Saín, el funcionario que denunció la relación entre las recaudaciones ilegales de la policía y el financiamiento de la política, esta actitud de los vecinos de Moreno se origina en “la consagración del sistema policial regulatorio del delito”. “Aunque en este caso hubo una autogestión comunitaria, este hecho es una expresión más del fracaso de nuestra democracia en la aplicación de la ley en toda la estructura social y en todo el territorio”, consideró San.
“Lo vivimos como un hecho terrible, más siendo que Moreno, con 400 mil habitantes, ha sido la punta de lanza de conflictos sociales”, remarcó ayer a este diario Eduardo Sreider, presidente de la Asociación de Abogados de Moreno. Sreider recuerda que los saqueos del 19 de diciembre comenzaron en su partido y que la represión allí produjo tres muertes entre los pobres que buscaban alimento. Sreider denuncia que “todo el partido es una zona liberada”. “No es que sólo en Las Catonas había un aguantadero, cada diez cuadras hay uno. Vivimos metidos en nuestras casas desde que oscurece, el accionar policial casi no existe”, asegura. Para los miembros de la Asociación, uno de los grandes dramas de la zona es que los fiscales penales están “apoltronados en sus sillones en la ciudad de Mercedes”, donde tiene sede la justicia del Departamento judicial, y “no se mueven hasta el escenario de los hechos”.
Para el sociólogo Juan Pegoraro, investigador titular del Instituto Gino Germani de la UBA, los funcionarios, entre otros los que hablan en esta nota, “son responsables de esto, aunque la visión que expresan sea todo lo crítica que quieran”. Pegoraro considera que el proceso que llevó a losvecinos de Las Catonas a incendiar el aguantadero fue muy largo. “Los funcionarios son culpables de que se haya llegado a esto” debido a que se produjo después de que la comunidad reclamara en todas las instancias siempre recibiendo como respuesta el silencio”, sostuvo. “Estas explosiones no benefician a nadie, porque queda muy lesionado el tejido social. El papel del Estado en última instancia es regular la fuerza. Y si las viejas formas ya no sirven para eso, hay que ir cambiándolas. Estamos a tiempo de reaccionar desde el Estado para construir una nueva relación”. consideró Ciafardini.
–¿Qué hará el gobierno bonaerense? –le preguntó Página/12 a Saín.
–Primero tener en cuenta estas cuestiones para entender cuáles son los parámetros de una política necesaria. Acá hay algo muy fuerte y es que la modernización del sistema policial no pasa exclusivamente por la capacitación o por un sistema eficiente de asuntos internos. Es necesario quebrar esa impronta de policía de Estado que era casi el brazo armado del poder político para convertirse en una policía ciudadana.