Los habitantes de la villa La Fábrica, o de lo que ella queda luego del incendio del martes pasado, aseguran que el gobierno porteño los trata como animales. “Nos tiran botellas de agua, leche y pañales. Y la gente tiene que pelearse para agarrar algo. Una sola vez nos dieron de comer. Era polenta cruda, ni los perros se la comían”, dice Viviana, una señora que hace la cola sobre las ruinas de la villa del Bajo Flores para censarse por tercera vez. Detrás, Ricardo, padre de tres chicos, jura que están “como en los tiempos de la dictadura”: no los dejan salir; si salen, no pueden entrar. “Desde el principio manejaron esto como si fuera un desalojo, no como una tragedia”, agrega. Ayer, demolieron las pocas casas de ladrillos que quedaban en pie, los guardias de seguridad tienen orden de impedir que se levanten casillas. Y la gente, que no tiene adónde ir, duerme a la intemperie, rezando para que no llueva.

A pesar de la prohibición, muchos improvisaron tiendas con techo de tela, agarradas a los alambres de púas de las rejas que preceden al paredón del Club Deportivo Español, que será la sede de la policía metropolitana. Otros se las ingenian armando con dos tablones una especie de carpa canadiense. Es que la orden es derribar los techos de chapas, pero la necesidad obliga a plantear variantes. El lugar está vallado pero por la noche ya no hay tantos controles, la gente sobrevive entre los escombros, la basura y el agua estancada.

“Muchos faltan a su trabajo y encima de que perdieron su casa, no pueden ganarse el pan”, dice Ricardo. Los recuerdos del día del incendio siguen frescos. Una señora que comparte la cola cuenta que los encerraron en un corral de vallas donde entraban 20 personas, pero había 100. “La gente salía desmayada”, cuenta. Ella, como otras tantas mujeres, fue de refugio en refugio y volvió porque no le daban soluciones ni comida. Hace la cola pero no sabe para qué. Al rato, los asistentes del Ministerio de Desarrollo Social deciden irse porque oscurece.

Sin embargo, la gente sigue en la cola pensando que se trata de un cambio de turno. Después, cuando entra un patrullero para preguntar si vuelven los asistentes porque ellos se quieren ir, nadie puede responderles. Marcelo, que ya abandonó la cola, se queja de que “pidan requisitos” para llenar los formularios oficiales: “Si se me quemaron todos mis papeles, mis documentos, cómo me los pueden pedir, están locos o son unos hijos de puta”. Lorena, otra que se alejó de la fila, dice que pidió a uno de los asistentes si se podían limpiar los baños químicos y amenazaron con quitarlos si preguntaba de nuevo.

Clarisa Adem, que fue en representación de la Asesoría General Tutelar del Poder Judicial porteño y estuvo más temprano, comenta que la estrategia macrista es cansarlos, obligarlos a salir para negarles la entrada. “Lo más terrible es que no dejaban entrar a las ambulancias, había bebés con fiebre y hambre. Tuvimos que pelearnos para que los atendieran. La policía decide quién entra y quién no, como si fuera una cárcel”, dice. El lunes podría presentar junto a varios damnificados un amparo o una denuncia por esta situación.

Al fondo, seis de los nueve guardias privados contratados por el Gobierno porteño calientan la pava. Uno de ellos protesta porque tampoco le dieron de comer ni le dieron techo. “Estamos durmiendo en un acoplado que nos prestó el tipo que hizo las demoliciones”, dice avergonzado. La situación es tan terrible que hizo una “vaquita” con los demás guardias para pagarle la comida a un señor que ayer volvió de trabajar y se encontró con que le habían derrumbado la casa. “El tipo tiene cuatro chicos, hace tres o cuatro días que no comen. No sabés lo contentos que estaban los chicos cuando le dimos el yogurt. Me partieron el alma.”