La sanción en Estados Unidos, el 12 de junio, de una ley que, por primera vez, pone el tabaco bajo control de las autoridades sanitarias, plantea varias cuestiones. Una podría ser: ¿cómo es posible que sólo a partir de ahora se empiece a ejercer algún control sobre un producto tan probadamente tóxico? O bien, por la positiva: ¿cómo se logró generar un movimiento social capaz de enfrentar a una industria tan poderosa como la del tabaco? Desde Estados Unidos, una representante de la ONG Tobacco Free Kids –que encabezó la lucha por esta ley– contó a Página/12 qué acciones, durante décadas y desde la sociedad civil, hicieron posible este resultado. Otro experto señaló posibles objeciones o limitaciones de la normativa estadounidense. Y, ya en la Argentina, dos especialistas explicaron por qué no se ha logrado hasta ahora una ley que controle el tabaco, pese a los avances obtenidos en varias provincias y en la percepción social sobre el tema.

Patricia Sosa, de la ONG Campaña por Niños Libres de Tabaco (Tobacco Free Kids), ubica el comienzo de la historia “en 1996, cuando el presidente Bill Clinton trató de reglamentar la industria del tabaco sobre la base de la ya existente ley de cosméticos y de drogas; la industria interpuso recursos judiciales y, en 2000, la Corte Suprema dictaminó que hacía falta una ley específica: es la que se sancionó el 12 de junio”.

–¿Cómo se recorrió el camino hacia la ley?

–Incidieron muchos factores –contestó Sosa–. Uno de ellos fue el desarrollo de las leyes estaduales para impedir fumar en sitios públicos, que empezó en California a mediados de los ’90. Fueron leyes muy populares y generaron conciencia de que el tabaco es un problema. En rigor, ya en 1964, el cirujano general, cuya responsabilidad es proteger la salud del pueblo de Estados Unidos, produjo su primer documento sobre los efectos dañinos del tabaco. Desde entonces y cada año, los sucesivos cirujanos generales emitieron reportes científicos sobre el impacto negativo del tabaco.

A partir de esa constatación oficial, “los estados norteamericanos empezaron a establecer políticas para reducir el consumo, cuya efectividad sanitaria se documentó: las tasas de cáncer bajaron dramáticamente –-recordó la representante de Tobacco Free Kids–; los medios de comunicación difundieron estos datos, que también se difundieron en el sistema educativo”.

“La movilización se dio a nivel de base –contó Sosa–. Entidades médicas como las asociaciones norteamericanas del Cáncer, del Corazón, del Pulmón, tomaron partido contra el tabaco. Son organizaciones de gran penetración, que congregan millones de voluntarios, y sus miembros empezaron a presionar a sus congresistas; el electorado exigía a sus representantes que no fueran marionetas de intereses económicos. Así se fue creando una cultura política en la que apoyar a la industria tabacalera ya se veía de manera negativa: ¿qué peor ejemplo que el de una industria cuyo producto mata a sus consumidores? Y los políticos empezaron a distanciarse de esta industria.”

“Durante décadas –continuó Sosa– se suponía que ir contra la industria tabacalera era un suicidio político. Pero en 1996, cuando Clinton procuró reglamentar la industria, sucedió que la población lo apoyó; lo mostraron las encuestas. Entonces los funcionarios se dieron cuenta de que criticar a la industria tabacalera no era malo, sino bueno; no iban a perder elecciones por eso, iban a contar con el apoyo de la gente.”

“Otro factor fue la demanda que 47 estados norteamericanos interpusieron contra la industria tabacalera, por los fondos que debían dedicar a los daños a la salud causados por el consumo de tabaco. En 1998 se llegó a un acuerdo por el cual no sólo la industria se comprometió a resarcir con más de 200.000 millones de dólares a lo largo de 25 años, sino que los estados quedaron en condiciones de llevar a la Justicia a las empresas que violaran aspectos del acuerdo. Por ejemplo, el fiscal general de California demandó a la industria por intentar vender sus productos a los jóvenes, contraviniendo así el acuerdo. Y esto llegó a los medios de comunicación.”

“Organizaciones mafiosas”

Sin embargo, no todos los activistas acuerdan con el texto final de la ley, que no cumple plenamente con los estándares del Convenio Marco sobre Control del Tabaco, acuerdo internacional que firmaron 164 países pero no Estados Unidos. Stanton Glantz –director del Centro de Educación e Investigación para Control del Tabaco de la Universidad de California–- advierte que “esta ley viola el artículo 5.3 del Convenio Marco, al crear un Comité Científico Asesor que incluye a dos representantes de la industria tabacalera: aunque no tengan voto, estarán allí”, se inquieta Glantz, y compara: “Si el Departamento de Justicia formara un comité para desarrollar políticas contra las organizaciones mafiosas, ¿aceptaríamos que, sin derecho a voto, participaran mafiosos?”. Otra objeción es que “la ley no cumple con la prohibición total de publicidad de tabaco que requiere el Convenio Marco”, señala Glantz.

Verónica Schoj –titular de la Alianza Libre de Humo Argentina (Aliar)– señaló que “la prohibición de publicidad debe incluir las estrategias indirectas como el esponsoreo de recitales o la promoción de concursos. En varios estados norteamericanos que prohibieron sólo la publicidad, la industria pasó a invertir todavía más en esos recursos”.

“De todos modos –sostuvo Schoj–, la ley aprobada en Estados Unidos es un paso muy positivo. La prohibición del marketing de cigarrillos ‘light’ es necesaria: se demostró científicamente que estos cigarrillos son incluso más peligrosos porque, como tienen menos nicotina, el adicto, para lograr el mismo nivel de nicotina en sangre, fuma más cantidad y da pitadas más profundas: esto lo lleva a tener mayor nivel de monóxido de carbono en sangre y, así, se infartan más fumadores de light que de cigarrillos comunes. Básicamente, es positivo que, por primera vez, el contenido de los cigarrillos quede sometido a una agencia sanitaria de regulación.”

–¿Cómo se puede regular sanitariamente un producto que es en sí mismo tóxico? –preguntó Página/12.

–Es difícil –contestó Schoj–. Los expertos que redactan las directrices del Convenio Marco todavía no se han puesto de acuerdo. Pero se puede, y esta ley lo permite, reducir al máximo los aditivos que suman perjuicio: el amoníaco, que facilita la llegada de la nicotina al cerebro; las sustancias anestésicas que atenúan el efecto nauseoso de la nicotina en los que empiezan a fumar. También permite regular la concentración de nicotina, que aumentó por ejemplo en algunas líneas de Marlboro, lo cual genera más adicción.

Desde Free Tobacco Kids, Patricia Sosa destacó que “nunca se había logrado reglamentar la industria tabacalera: esta ley, por primera vez, le dará autoridad al gobierno federal para averiguar qué cosas hay en un cigarrillo: hasta ahora, sólo la industria lo sabe”.