La Inmobiliaria Macri acaba de sufrir una seria demora judicial. El diputado porteño Eduardo Epszteyn logró un amparo que impide la audiencia pública que iba a realizarse hoy en la Legislatura como paso para la venta de tres valiosos terrenos en Catalinas Norte. Epszteyn argumentó y la Justicia porteña aceptó que el llamado a audiencia “ocultaba información” con lo que se evitaba “la real participación de los vecinos” en el debate. El diputado, que preside Diálogo por Buenos Aires en la Legislatura, agregó que se opone a la venta porque es “una privatización de espacios públicos” y “un negocio inmobiliario”.

El gobierno porteño envió en noviembre al legislativo dos proyectos que definen un formidable negocio en lo más rentable del centro porteño. Uno desafecta los tres terrenos en la manzana de las torres definida por Alem, Córdoba y Madero, con el cuarto borde en el Sheraton. El otro redondea las ganancias al permitir en la parcela mayor una supertorre de 150 metros de altura. Este terreno, de casi seis mil metros cuadrados, es el de la estación de servicio que toma toda la cuadra de Córdoba entre Alem y Madero. Los otros dos son los estacionamientos entre las torres de oficinas de Catalinas, ambos con entrada sobre Madero al 1100, de casi cinco mil y casi cuatro mil metros cuadrados, respectivamente.

Epszteyn recordó que en su momento la manzana fue objeto de un cuidadoso planeamiento urbano y los tres lotes públicos fueron explícitamente destinados a usos abiertos de baja altura, para “la guarda de automóviles y las instalaciones complementarias de ese uso principal, tales como estación de servicio”. El primer proyecto de ley, el 2454, deshace este andamiaje y busca la venta por subasta pública para que el dinero vaya “al Ministerio de Educación, con destino a las obras nuevas que se inicien a partir del ejercicio fiscal 2009”. El 14 de mayo, la Legislatura aprobó la primera lectura del proyecto.

El segundo, el 2874, modifica el Código de Planeamiento y crea un nuevo uso y reglamento para estos terrenos, resultando en una irresistible propuesta de negocio inmobiliario. El proyecto ordena que los nuevos edificios ocupen sólo el 60 por ciento de los terrenos, algo normal cuando se trata de torres, y se pone suculento cuando dice que “la altura mínima de los edificios a construir será de 73 metros”. Nada casualmente, el número 73 es el que marca el promedio de los ya altos edificios que existen en la manzana, por lo que el gobierno porteño ordena que se descalabre toda escala actual. Para los terrenos más chicos, sobre Madero, se permite construir 110 metros de altura. Para el terreno grande, el máximo llega a 150 metros, una cuadra y media.

El mismo proyecto de ley aclara el dato que realmente les importa a los desarrolladores inmobiliarios cuando dice que los edificios tendrán superficies totales de 61.000, 44.500 y 41.500, respectivamente, un total de 147 mil metros cuadrados incluyendo tres niveles de subsuelos en cada uno. De yapa, la ley dice que no se cuentan las recovas de las torres y que lo que no se construya puede ser “donado” de vuelta a la ciudad como plazuelas que serán casi virtuales, pero tendrán jardinería y limpieza a cargo del fisco.

El verdadero escándalo comienza cuando se calcula cuánto valen estos tres terrenos con leyes hechas tan a medida. “Según la tasación del Banco Ciudad –explica Epszteyn–, la comercialización de estos terrenos sería de un valor apenas superior a los 70 millones de dólares. Pero los privados lo estiman hasta en 200 millones.” Al revelar el negocio, Página/12 consultó a la gerencia de inmuebles comerciales de la inmobiliaria Izratzoff, que calculó que sólo el terreno mayor, sobre Córdoba, podría venderse en casi 100 millones de dólares con semejante capacidad constructiva. Los otros dos terrenos, con sus torres de 110 metros, sumarían otro tanto. Una vez todo construido, las tres torres tendrían un valor de mercado de más de 500 millones de dólares.

Ante semejantes números, no extraña que el oficialismo haya apurado los trámites, tomando pasos tan poco comunes como reuniones conjuntas de comisiones legislativas. Lo que no hubo en los casi ocho meses desde que se inició el tema fue un estudio de impacto ambiental ni una reflexión sobre lo que le harían a la zona tres megaedificios de semejante escala en cuanto al tránsito y los servicios. A esta falta de planeamiento urbano se le suma el absoluto silencio mantenido en estos meses sobre la grave diferencia de precios estimados. Off the record, funcionarios del macrismo apenas amagaron a decir que una cosa es una venta en subasta pública y otra es entre privados, con una inmobiliaria. La debilidad del argumento es tal que nunca pudieron explicar por qué, entonces, no se hacía una venta directa con una inmobiliaria.

El diputado Epszteyn explicó ante la Justicia porteña que la audiencia pública había sido convocada para hablar sólo de la ley ya votada en primera ronda. Quedaba afuera el segundo proyecto, el que realmente crea el negoción, con lo que se creaba un grado de confusión y oscuridad, ya que ambas cuestiones –autorizar la venta y modificar el Código para permitir las megatorres– son realmente inseparables.