“¿Quiere más? Tenemos innumerables pruebas que marcan a (Germán) Ferrand Luna y al chico (Ezequiel) Di Cugno, que está prófugo, como jefes de la banda.” De ese modo, una fuente de la Bonaerense señaló a Página/12 la convicción de que el círculo prácticamente se había cerrado sobre los autores del secuestro de Antonio Echarri, consolidando una de las hipótesis anticipadas por este diario que hablaba de una “banda de perejiles”. El dato es distinto del aportado por una fuente judicial, que aseguró que “entre los detenidos no están los secuestradores”. Tras ordenar la libertad de Claudio Martínez por falta de pruebas, hoy el juez Arnaldo Corazza decidirá la situación de los primeros seis detenidos.
Para abonar a la confusión, ayer el jefe de Delitos Complejos de la Bonaerense, Angel Casafús, se reunió con el juez federal Arnaldo Corazza. Versiones confirmadas y también desmentidas señalaban que había entregado datos sobre dos integrantes más de la banda, para solicitar su captura. “Los detenidos, bien detenidos están”, aseguró Casafús al retirarse de los tribunales federales platenses.
La decisión que tomará hoy Corazza es trascendente no sólo por la suerte que correrán Germán Ferrand Luna, Juan Carlos Cajigal, Esteban Furtado, Eduardo Wilson, Josefina Agüero y Vanessa Castro (los primeros seis detenidos por el caso) sino porque definirá la situación judicial en que se encuentra la investigación de una causa sólo conocida por versiones e infidencias. Si dicta la prisión preventiva, podría acusarlos por secuestro, por extorsión o por estafa, y tendrá diferentes significados.
“Con las pruebas recolectadas la mayor parte está hasta las manos”, confió la misma fuente de la Bonaerense. Según el experto, entre esas pruebas figuran papeles con anotaciones sobre los movimientos de Antonio Echarri, hasta un plano, y una conversación grabada en la que quienes cobraron el rescate avisaban que ya tenían el dinero para que liberaran al secuestrado. “Es más, estamos convencidos de que Ferrand Luna y el chico Di Cugno son los jefes de la banda”, prosiguió el investigador. De ser cierto, Corazza ordenará la prisión preventiva bajo la acusación de secuestro.
Pero ayer, una fuente judicial dio a la agencia Télam una versión diferente: “Los ejecutores del secuestro no están detenidos”. Ese solo dato no indica que los detenidos no estén vinculados al secuestro, pero abre aristas inquietantes. Este diario informó el domingo pasado que una de las hipótesis de los investigadores sostenía que detrás de la “banda de perejiles” existía una mano que los amparó lo suficiente como para mantener durante una semana a Echarri lejos de la policía y de la prensa de todo el país y que les dio la impunidad como para manejarse a cara descubierta y cobrar el rescate a escasas cuadras del Congreso. En esa hipótesis, el interrogante se abría tanto sobre bonaerenses como federales.
Si los primeros detenidos no quedan vinculados con el secuestro pero sí con el cobro del rescate, dos delitos penden sobre sus cabezas: extorsión o estafa, separados por una delgada línea interpretativa y por sus condenas (el primero implica de 5 a 10 años de cárcel; el segundo de 1 mes a 6 años). La extorsión se induce mediante el miedo, la estafa mediante engaño.
Pero el juez también podría disponer sus libertades. En ese caso, el sentido será diametralmente opuesto: transformará la recolección de pruebas en un fracaso que abre preguntas sugerentes: ¿error, incapacidad o encubrimiento? Hoy, a última hora, al menos ese capítulo del caso quedará dilucidado.