La periodista de Página/12 Mariana Carbajal acaba de publicar El aborto en debate, aportes para una discusión pendiente, de Editorial Paidós, un libro que reúne su cobertura sobre la despenalización del aborto, realizada en este diario. El texto recopila aportes de especialistas y las historias de mujeres, jóvenes y niñas, forzadas sexualmente e impedidas de su derecho a decidir la interrupción del embarazo. El libro pone de relieve que las muertes por aborto no sólo son un problema de salud pública, sino también una violación a los derechos humanos. “Hablar del aborto genera mucha incomodidad –subraya la cronista–. El aborto sigue siendo un tema tabú, que está envuelto en mucha hipocresía, fundamentalmente, porque las que padecen la prohibición del aborto son las mujeres pobres, no son las mujeres de clase media que pueden pagar un aborto seguro en una clínica privada”, apunta. El libro muestra que, con una lectura amplia de las vidas dramáticas reflejadas en las crónicas, esas historias pueden dejar de ser vistas como casos aislados y generar un punto de partida para mejorar la vida de todas las mujeres.

–¿Cómo surge el libro?

–Marta Alanís, coordinadora de Católicas por el Derecho a Decidir en Córdoba, me conminó cariñosamente a publicar un libro con toda la información que había ido recolectando, investigando y profundizando sobre la problemática del aborto en la Argentina y con los procesos de liberalización en el acceso a esta práctica que se han dado en otros países latinoamericanos como Colombia, y también en la Ciudad de México y España. A partir de ahí tomé el impulso para empezar a revisar el camino recorrido en los últimos años. El resultado es este libro.

–¿Por qué se habla poco en los medios del problema del aborto, cuando –-como usted destaca desde el comienzo en el libro– se trata de un problema de salud pública?

–No es un tema del cual se hable habitualmente en los medios, aunque en los últimos años pueden observarse algunos cambios: el tema ingresó en los medios masivos a partir de una sucesión de casos de abortos no punibles, donde mujeres jóvenes, con discapacidad mental, tuvieron que atravesar un largo proceso judicial ante los obstáculos que les pusieron tanto en el ámbito médico, en hospitales públicos, como en la Justicia para poder acceder a ese derecho. Estos casos pusieron la temática en la primera plana de los diarios. Son dramas. Pero hay un aspecto de fondo que se aborda poco y es el que tiene que ver con las vidas que se ponen en riesgo y que se pierden en un marco normativo de acceso restringido al aborto. La prohibición del aborto no ha servido más que para que cada año mueran alrededor de cien mujeres por abortos inseguros y muchas más sufran graves mutilaciones porque no pudieron pagar un aborto en una clínica privada, como lo hacen históricamente tantas mujeres de clase media o media alta. Ese escenario de profunda inequidad me conmueve. Ninguna mujer deja de abortar, una vez que tomó esa decisión, porque el Código Penal se lo prohíba. Sobre este aspecto poco se habla en los grandes medios. El temor a las presiones de los sectores conservadores y particularmente a la Iglesia Católica es enorme y prefieren el silencio. Las mujeres que ponen en riesgo su vida son las más pobres. En provincias del Norte todavía se recurre a métodos precarios como la introducción de una aguja de tejer, un tallo de perejil o una sonda, que terminan en gravísimas infecciones. Lo que pasa es que de esa inseguridad que afecta particularmente a las mujeres pobres no se habla. Estamos a mitad de año y ya debe haber un promedio de 50 mujeres que perdieron la vida en todo el país por esa causa. A fin de año serán alrededor de cien. El aborto inseguro es la principal causa de muerte materna en la Argentina desde hace más de dos décadas, pero es un dato que no conmueve a funcionarios y legisladores, que prefieren mirar para otro lado y evitar la apertura de un debate en torno de la despenalización del aborto. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de definir a las altas tasas de mortalidad materna que hay en el mundo como un problema de derechos humanos. Ya no sólo como un problema de políticas sanitarias, sino de derechos humanos, porque está en juego la vida, el derecho a la salud, a la integridad física de las mujeres. Una política integral de derechos humanos debería incluir el problema de las muertes por abortos inseguros. El tema tiene que entrar en la agenda parlamentaria.

–¿La despenalización del aborto no se discute en el Congreso porque los políticos tienen temor a las presiones de la jerarquía eclesiástica o porque la sociedad está dividida y todavía no está preparada?

–Es un cuento decir que la sociedad no está preparada para dar este debate. Es cierto que el tema divide a los bloques. Con excepción del Partido Socialista, ninguno tiene una posición unánime. En algunos diputados juegan las creencias personales y, en otros, el temor reverencial a la jerarquía católica. En las provincias del NOA, el poder eclesiástico es fuerte y tiene mucha influencia sobre los políticos. Pero los últimos estudios de opinión pública marcan que hay un amplio consenso en la sociedad en torno de la despenalización del aborto en algunas situaciones, como los casos de violación. El año pasado se quiso avanzar con un proyecto muy interesante que aclaraba los alcances del Código Penal en ese punto, para que no hubiera más dudas y quedara saldada la discusión sobre si sólo se considera no punible la interrupción de un embarazo producto de una violación cuando la mujer tiene una discapacidad mental o ese derecho alcanza a cualquier mujer. El proyecto tenía el visto bueno del presidente de la bancada oficialista. Lo presentaron e impulsaron tres diputados kirchneristas, que además son presidentes de tres comisiones clave, involucradas con la temática: Nora César, titular de Legislación Penal; Juliana Di Tulio, de Mujer, Familia y Adolescencia, y Juan Héctor Sylvestre Begnis, de Salud. La iniciativa tenía apoyo de legisladores de todos los bloques, salvo del PRO. Justo el día que se iba a firmar un dictamen de mayoría, que lo habilitaba a votarse en el recinto, se levantó la reunión de las comisiones y el proyecto quedó archivado. Hay mucha hipocresía porque seguramente alguna hija, tía, sobrina, esposa, de los legisladores que se oponen a abrir la discusión en un ámbito parlamentario para proteger la vida de las mujeres alguna vez tuvieron una experiencia cercana de un aborto. Pero prefieren decir “de eso no se habla”. Y es importante aclarar que nadie quiere que una mujer aborte. Sería deseable que ninguna tuviera que recurrir a un aborto. Pero hay ciertas circunstancias que enfrentan a una mujer a un aborto, como la falta de educación sexual, de acceso a anticonceptivos, una relación sexual violenta u otras experiencias o coyunturas. El punto es que todas las mujeres puedan acceder a una práctica segura y que la diferencia entre la vida o la muerte no sea cuestión de tener o no tener dinero suficiente para pagar el procedimiento en una clínica privada.

–Una de sus crónicas más fuertes, incluidas en el libro, es el relato del ingreso de integrantes de un grupo fundamentalista de Mendoza en la habitación de un hospital donde estaba internada una nena violada para presionarla y convencerla de que no interrumpiera el embarazo, después de que había reclamado su madre el acceso a un aborto no punible. ¿Qué opina de que estos grupos se denominen “pro vida”?

–Yo ya empecé a llamarlos “antiderechos”, como los denominan en otros países. Llamarlos “pro vida” genera una confusión semántica. Quienes defendemos la despenalización del aborto también defendemos la vida: la de las mujeres. Hace pocas semanas asesinaron a un médico muy conocido en Kansas, que tenía una de las dos clínicas que realizaban abortos en embarazos avanzados en Estados Unidos, donde están permitidos. Lo asesinaron en la puerta de un templo, cuando iba a practicar su religión, mientras estaba acompañado de su mujer. Lo mató un fundamentalista. ¿Quiénes defienden la vida? Por supuesto ninguno de esos grupos que pretenden llamarse “pro vida” se adjudicó ese homicidio, pero han promovido otros asesinatos de médicos que realizaban interrupciones voluntarias de embarazos. Esos grupos pretenden obligar a una mujer que ha sido violada a una maternidad forzosa. Eso no es defender la vida. Esa actitud tiene tintes de tortura.

–¿Por qué le interesó el problema del aborto y particularmente el del acceso a los abortos no punibles?

–Me interesa visibilizar un tema silenciado. Pienso que como periodista tengo un compromiso en darles voz a las y los que tienen voz y no los escuchan. En ese sentido, creo que es muy importante acompañar el reclamo de una mujer que pide acceder a un aborto no punible tras haber sido violada y tiene que enfrentar trabas y obstáculos arbitrarios. Las cortes de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Mendoza se pronunciaron en los últimos años señalando que en los casos de aborto no punibles contemplados en el Código Penal los médicos no deben exigir una autorización judicial, sino que la interrupción del embarazo debe plantearse y resolverse en la privacidad de la consulta médica. Pero esto rara vez ocurre. Me interesa dar cuenta de la violación de los derechos de estas mujeres. Cuando entrevistás a una mujer o a su familia en esas circunstancias, en algún sentido le estás robando su intimidad, porque te está contando cosas de su privacidad. Siempre pienso que el costo de revelar sus dramas y miserias tiene que tener una compensación; a esa mujer, a su familia, les tienen que servir para mejorar algo de su vida.