“Es alarmante el desprecio por la vida humana.” En esos durísimos términos la Cámara Civil porteña cuestionó severamente al gobierno porteño y la Legislatura, y ordenó el pago de 100 mil pesos de idemnización a un vecino del barrio de Virrey Liniers luego de que las raíces de un árbol levantaron pisos y paredes, al punto de que una cuadrilla debió apuntalar algunos sectores porque la casa amagaba con desmoronarse. Para colmo, la cuadrilla le cobró más de 350 pesos y después el gobierno negó haber cobrado. Además, el fallo critica la actuación de los abogados porteños por los términos en que criticaron el peritaje realizado por un ingeniero luego fallecido.

La Sala G de la Cámara Civil, que integran Beatriz Areán, Carlos Belucci y Carlos Carranza Casares, criticó el accionar del gobierno porteño y los argumentos que utilizó para defenderse, que incluyeron ofensas a un muerto.

El árbol y sus raíces habían sido plantados en la vereda de la calle Bernaldes 1190, esquina con Murature, en el barrio de Virrey Liniers. La contingencia del vecino dueño de la propiedad era, entre los años 2000 y 2003, dramática, tal como la había informado a las autoridades: las raíces se habían metido dentro de la casa, habían generado “fisuras en la pared del frente, losa, cielorraso, pared opuesta al frente, medianera, cielorraso de la cocina y ambos laterales de la cocina; el levantamiento del piso del living, el curvado en un plano vertical de la reja de la ventana en el frente y el curvado hacia arriba de la carpintería metálica del antepecho”.

El dueño venía reclamando desde hacía tiempo, cuando empezó a descubrir que las raíces crecen bajo tierra. Y como la vivienda corría serios riesgos de venirse abajo, convocaron a la Guardia de Auxilio del gobierno porteño. Los muchachos se pusieron a medir y apuntalar, y colocaron fierros y maderas en el living. El dueño miró algo conforme dentro del desastre que era la situación. Pero alcanzó el borde del espanto cuando los muchachos le indicaron que por todo concepto debía 365,48 pesos. Después, el gobierno porteño negaría haber realizado ningún apuntalamiento,

“Según su posición defensiva (del gobierno porteño), no apuntaló nada, pero ha decidido cobrar al vecino por el apuntalamiento que nunca hizo. ¡Vaya forma original de administrar! ... Realmente, todo este obrar es muy lamentable, aunque ya nada debe sorprenderme al cabo de un cuarto de siglo de estar juzgando el proceder del ente que gobierna la ciudad en la que vivo”.

“La demandada –continuó Areán– negó todo, hasta lo innegable y, lo más grave, es que lo sigue haciendo aún hoy en los agravios”. La jueza cuestionó severamente la absoluta “sinrazón” de los argumentos de los abogados de la Procuración de la ciudad. “Los señores letrados no se tomaron el trabajo de asistir a la práctica del peritaje en el inmueble, ni siquiera enviaron a un consultor técnico... No saben de qué se trata ni intentan averiguarlo... Total, es seguro que ellos no habitan como los actores en una casa en estado de semidestrucción”, afirmaron los jueces.

El fallo de la Sala G sostiene que los árboles “son bienes del dominio público municipal” y “el cuidado, mantenimiento y conservación de los que circundan las calles y paseos de la ciudad configura un servicio público a cargo de la Municipalidad. Por ello, en tanto guardián jurídico y siempre que no medie caso fortuito, debe responder por el daño ocasionado por caídas totales o parciales sobre bienes de los particulares”. En pocas palabras, la jueza consideró que por más que se esforzara, el gobierno no podía alegar que la culpa era del árbol.

La jueza recordó que el diputado porteño Jorge Giorno había presentado una iniciativa para solucionar la situación del propietario, pero el proyecto caducó sin que hubiese tenido tratamiento parlamentario. El fallo critica a los abogados porteños por los términos en que cuestionaron la pericia arquitectónica realizada por el fallecido ingeniero Moisés Dolinko, a quien acusaron de que “no ha efectuado una pericia proba”.