Los senadores de la Nación dictaminaron un proyecto de ley en el que convergen dos reclamos sociales: por un lado, el reclamo de terminar con la ley de patronato de la infancia y crear un régimen penal juvenil acorde con la Convención de Derechos del Niño. Por otro lado, el reclamo de mayor seguridad mediante la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.

¿Por qué el pedido de bajar la imputabilidad fue acoplado al proyecto de creación de un régimen penal juvenil? Son exigencias absolutamente distintas. La creación de un sistema judicial juvenil es una obligación legal del Estado derivada de la Convención de los Derechos del Niño. La baja de la edad de imputabilidad no es de ningún modo una obligación del Estado; muy por el contrario, la obligación es no bajarla, porque compromete los derechos de los niños y vulnera el principio de progresividad de los derechos humanos.

Si se bajara la edad de imputabilidad ya podría afirmarse legalmente que un chico de 14 años puede ser un delincuente. Y esto genera un cambio absoluto de paradigma en los numerosos actores que intervienen en el tema. En primer lugar, la sociedad argentina misma empezaría a cambiar la forma de tratar a los adolescentes, sobre todo los más pobres. Serían cada vez más sujetos peligrosos, y cada vez menos sujetos de derechos. Después, las fuerzas de seguridad cambiarían su mirada y su accionar, y comenzarían a tratar a chicos de 14 como sujetos de persecución penal y policial, valiéndose de la violencia estatal. Con esa nueva mirada policial, la vida de estos chicos en la calle será mucho más peligrosa. También los grandes medios de comunicación dejarían de dudar en llamar a un menor delincuente y tendrían vía libre para desplegar todo el morbo de que son capaces cuando ocurren hechos que involucran a adolescentes. Pero más grave que ello es que los propios chicos, frente a un Estado que les dice “ustedes pueden ser delincuentes, pueden ir a la cárcel, deberán soportar la fuerza de la policía”, se verán obligados a cambiar la idea que tienen sobre sí mismos y su futuro. Ahora tendrán enfrente cada vez menos un Estado protector, y cada vez más un Estado policial.

Además de esto, si se va a aplicar un régimen penal a un chico de 14 años, debemos recordar cómo funciona el régimen penal de adultos, porque los mismos problemas pueden repetirse: el derecho a defensa está totalmente deteriorado desde que las defensorías oficiales están colapsadas; las prisiones preventivas sin sentencia son extremadamente excesivas; es recurrente el maltrato policial y penitenciario; los alojamientos penitenciarios son crueles y degradantes; los jueces y fiscales desconocen la situación de vulnerabilidad.

Hay pocos consensos tan extendidos en nuestra sociedad como el que afirma que a mayor educación, menos delitos. ¿Por qué entonces los legisladores se proponen reforzar el sistema penal y bajar la edad de imputabilidad? Digamos las cosas por su nombre: el sistema penal reparte penas, no derechos sociales; como las arenas movedizas, más te movés ahí adentro, más te atrapa. Es de una ironía cruel que a 14 años de la reforma educativa, que dejó a más de la mitad de los jóvenes sin terminar la escuela, se decida hoy responsabilizar penalmente a las chicas y chicos que nacieron con ella.

* Red por los Derechos de los Jóvenes.