Hace quince años Silvia Inchaurraga realizó su primera experiencia en la reducción de daños. Fue en un hospital rosarino, donde distribuyó kits con agujas, jeringas, algodón, preservativos, agua esterilizada y un instructivo sobre los riesgos de pincharse con drogas como la cocaína. La iniciativa era parte de un programa del Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias y Sida (Ceads) de la Universidad Nacional de Rosario. Luego vendría el manual para usuarios de marihuana, el mismo que derivó en una causa judicial por apología, en Mendoza, y que recomendaba no fumar las tucas e incorporarlas al próximo porro para no dañarse la boca y hasta aclaraba que basta retener el humo pocos segundos para que haga efecto porque hacerlo más tiempo “es sólo inútil exposición al humo y sus carcinógenos”.

Ahora, esta psicóloga dirige el Ceads y es la presidenta de la Asociación de Reducción de Daños de la Argentina (ARDA). Acaba de volver de Bangkok, Tailandia, donde expuso en un congreso mundial en la materia. Su tema fue la campaña de prevención del alcoholismo en Tierra del Fuego. También habló de la importancia del respeto de los derechos de los usuarios y de la necesidad de modificar las percepción sociales sobre ellos. “Ni faloperos ni drogadictos, ciudadanos”, es el slogan que imparte en Rosario. Inchaurraga presentó el Sniff kit, para quienes aspiran cocaína, anfetamina o ketamina.

El mensaje de este kit no tiene ningún eufemismo. Junto con un preservativo y un canuto para aspirar (con la indicación de no compartirlo porque contagia VIH y hepatitis, entre otras enfermedades) viene un folleto que recomienda: “Después de una noche de agite siempre conviene lavar con agua y sal las fosas nasales”. El reparto del kit se hizo en barrios pobres de Rosario y sirvió para estudiar los hábitos de cien usuarios. El 85 por ciento afirmó haber compartido el canuto alguna vez, el 43 continúa compartiéndolo. Pocos conocían los riesgos.

No todas las estrategias para reducir los problemas derivados del consumo funcionan, pero esto no amedrenta a la psicóloga. Una de sus últimas campañas fue trasladarse a las fiestas electrónicas para ofrecer el Test de Marquis, que sirve para comprobar si el éxtasis es trucho o no. “Después se veía el logo que traía la pastilla y se elaboraba un afiche advirtiendo que no la consumieran, lo que nos trajo dificultades con algunos dealers, pero logramos que dejaran de hacer circular estas porquerías”, contó Inchaurraga. Sin embargo, como reconoció después, algunos usuarios no favorecidos por el test decían: “Me gasté 30 mangos en esto, de alguna manera me va a pegar, así que lo tomo igual”.

Para la presidenta de ARDA, estas son dificultades que demuestran “la falta de tradición” en el cuidado de la salud, “la tendencia a la experimentación y el policonsumo de gente que quiere consumir cualquier cosa que tenga efecto psicoactivo y no busca una droga determinada”. Estos son algunos de los desafíos de la reducción de daños (en adelante RDD), que podría convertirse en parte de la política oficial en materia de drogas, si prospera la reforma que impulsa el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. Hay muchos obstáculos por delante, son el tema central de esta entrevista.

–¿Dar información es para la ley actual lo mismo que promover el uso?

–Hay artículos que de alguna manera se pueden pensar como un obstáculo porque asimilan el modelo de RDD con esta idea totalmente falaz de la apología o del incentivo al consumo. En realidad, depende de cómo se lea a la ley. Los defensores de la RDD pensamos que advertir sobre los riesgos que implica el consumo forma parte del derecho a la salud y a la información que debe tener cualquier ciudadano del país. Lo que se penaliza es preconizar, o sea, incentivar el consumo. Nosotros no decimos esto, para mí las drogas no son buenas ni son malas, la RDD les dice a las personas cómo cuidarse si las consume.

–¿Tuvieron problemas legales después de lo que pasó en Mendoza?

–¿Lo del manual de marihuana? Esa causa no avanzó, quedó en un cajón como esas denuncias absurdas de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, que quedan... como esos discursos demonizadores que abundan en nuestra sociedad pero no han avanzado hasta ser un obstáculo concreto. Un obstáculo concreto en la RDD hoy en Argentina es la falta de una política coherente. Cuando decimos “¿qué necesitamos en la Argentina?”, bueno... necesitamos modificar la ley de drogas, indudablemente, hay que despenalizar la tenencia para consumo personal; nosotros hace más de una década que reclamamos esto en Argentina. Pero además, necesitamos una reforma integral de la política de drogas. Hoy el principal obstáculo en la política de salud es la Sedronar (la secretaría de prevención y lucha contra el nacotráfico). Diría que es impensable la despenalización si no hay una reforma absoluta de las políticas de drogas y de Sedronar.

–¿Cómo evalúa la gestión de la Sedronar en la prevención?

–El eje del discurso oficial de la Sedronar es el de la abstinencia como abordaje asistencial y dentro del abordaje preventivo el discurso está basado en el terror, usan todos los elementos que piensan como disuasorios de la conducta de consumir drogas. No es la reducción de daños. A diferencia de Brasil, que avanzó en modificar su abordaje de las políticas de drogas, incluyendo la RDD como política de Estado, financiando programas de jeringas con recursos del Estado, programas nacionales de RDD, etc, hoy nosotros en Argentina tenemos sólo algunas municipalidades, como la de mi ciudad, Rosario, que ha desarrollado algunas estrategias de RDD. Pero en general son acciones de la sociedad civil, organizaciones vinculadas con la universidad. No ha sido un programa del Estado, no ha sido la Sedronar la que ha financiado ni programas de jeringas, ni programas de RDD que brinden información sobre los riesgos de consumir drogas.

–¿Piensa que el personal de salud pública podría apartar sus prejuicios sobre las drogas?

–Hay un punto fundamental en eso: modificar la percepción social del usuario, que no siga siendo percibido como un enfermo, como una amenaza, como un enemigo. O sea, ésta es la realidad, tanto para “Doña Rosa”, la señora de la esquina de tu casa, como para los médicos de un hospital, lamentablemente. Hay una percepción social que no es asimilable a que el usuario de drogas sea un ciudadano más, que tiene derechos, que puede tener problemas de salud, como los tiene el usuario de una droga legal.

–En Suiza hay programas de prescripción médica de heroína, ¿qué pasaría en Argentina con una droga como la cocaína a la hora de un tratamiento?

–En Inglaterra tienen hace mucho tiempo las clínicas de drogas, donde también hay una prescripción médica de aquellas sustancias vinculadas con una dependencia física de la persona. Son estrategia de reducción de daños. La cocaína también pasó a ser entendida como un medicamento del que una persona dependía. Para evitar que esta persona la consumiera, por un lado en forma clandestina, por otro, en una forma riesgosa y dañina para su salud, los médicos la pueden prescribir legalmente. Esto significa un cambio de concepción, volver a pensar a la cocaína como inicialmente se pensó, cuando era un medicamento que comercializaba el laboratorio Merk. Una sustancia que algunas personas podían consumir con otros fines, que no fuera para aquellos para el que ese medicamento había sido creado, pero no dejaba de ser un medicamento igual que la morfina, por ejemplo.

–¿Hay un negocio basado en la desinformación en el caso de las granjas de rehabilitación?

–Se ve toda la oferta de comunidades terapéuticas y de instituciones, que le dan toda una información al pobre familiar que está preocupado, que está angustiado, que tiene miedo. Le dicen un montón de cosas que hacen que ese miedo crezca y después le ofrecen garantías de que ellos se van a ocupar, así sea contra la voluntad de las personas. Ellos lo van a ir a buscar y lo van a internar porque la droga “lo está cambiando”, le está alterando su vida y le da características para identificar a esa persona, a esas drogas. No hay ningún matiz, nadie piensa en la diferencia entre un usuario ocasional y un dependiente. Por la percepción social que tiene el tema basta que alguien tome contacto con una sustancia para que sea asimilado justamente a la figura de enfermo, pero también de amenaza al cuerpo social. Hay que curarlo, encerrarlo, custodiarlo.

–¿Hay controles sobre estas comunidades?

–Lamentablemente no los hay. Hay, entre comillas, un cierto control de la administración de las becas que da el Sedronar, ese mecanismo perverso que es la tercerización de la asistencia a través de instituciones privadas, comunidades terapéuticas que muchas veces son religiosas, centradas en el modelo residencial con el eje puesto en la abstinencia, no modelos intermedios como otras instituciones como hospitales de día, centros de salud o lugares como el Cenareso (Centro Nacional de Reeducación Social) con un tratamiento individual, psicoterapéutico. Es una paradoja: hoy el único lugar público y gratuito con internación es del Cenareso y no depende de Sedronar, sino del Ministerio de Salud.

–¿Qué puede hacer la RDD con tóxicos como el paco?

–El paco es un analizador del vínculo que tiene la droga con la pobreza. Demuestra el fracaso de las políticas públicas que se han quedado peleándose contra la droga. Si las drogas no estuvieran prohibidas, no habría cada vez drogas más tóxicas y más baratas. No estaría esta necesidad de hacer rentable el mercado, metiendo de nuevo en el sistema los excesos que sobran de la producción del clorhidrato de cocaína. Por otro lado, la RDD tiene que estar vinculada con las políticas públicas del Estado, no puede ir aisladamente a ocuparse de que no se comparta la lata para evitar la trasmisión de enfermedades o mejorar la higiene y la nutrición. Con un chico que aspira solvente porque le saca el hambre y el frío, el problema no es el solvente, sino el hambre y el frío. La RDD no es más que una pata.