Hay por lo menos dos personas que aún no rindieron cuentas con la Justicia por la tragedia de Cromañón. Se trata de los empresarios Rafael Levy y Raúl Vengrover, dueños del local que fue una trampa mortal para 193 personas, y también de gran parte de los locales ubicados en la misma manzana del barrio de Once: la cueva donde funcionó un taller clandestino de costura, un local nocturno donde se ejercía la explotación sexual de mujeres y un hotel alojamiento no habilitado como tal, ambos clausurados en diciembre. Ahora se suman los locales de Textirama, una gran feria de indumentaria ubicada en la estratégica esquina de Rivadavia y Ecuador, frente a Plaza Miserere, a la vuelta del local incendiado, que está a punto de inaugurarse, pese a que no cuenta con habilitación del Gobierno de la Ciudad.

Textirama se promueve como “el primer Shopping textil de Argentina”. Gustavo Vera, presidente de la Fundación La Alameda, dedicada a la lucha contra el trabajo esclavo, advierte que “las prendas que se van a comercializar en el lugar provienen en su mayoría de talleres clandestinos, con lo cual esto se convertiría en una nueva ‘Saladita’ en pleno Once”, dijo, en alusión a las ferias que funcionan en Puente La Noria y en Constitución. Hasta esa esquina llegará hoy a las 19 un grupo de familiares de víctimas de Cromañón y militantes de La Alameda, para denunciar esta nueva actividad del dueño del local donde ocurrió la tragedia.

Los dueños del local donde ocurrió la tragedia en diciembre de 2004 no llegaron al juicio oral que finalizó hace diez días con la condena a Omar Chabán, el manager de Callejeros, Diego Argañaraz, y el subcomisario Carlos Díaz. Pero Levy, que fue procesado por el juez Alberto Baños y sobreseído luego por la Cámara del Crimen, volvió a ser investigado por orden de la Cámara de Casación. Es que, como propietario del local, sería el responsable de la habilitación e incluso de la colocación de las media sombras cuya combustión intoxicó a la mayoría de las víctimas.

De acuerdo con una investigación de la publicación digital Noticias Urbanas, la propiedad de los locales de Textirama en el Registro de Inmuebles y el permiso de obra en el Gobierno porteño están a nombre de las empresas Nacional Uranumus y Leven SA, dos compañías off shore creadas por Levy y Vengrover para manejar las propiedades de esa manzana. Así lo había determinado una investigación de la Inspección General de Justicia (IGJ) publicada en su momento por Página/12. La denuncia de la IGJ para desactivar esa off shore se encuentra en la justicia comercial desde hace cuatro años.

Los locales de Textirama comenzaron a construirse en forma irregular, de acuerdo con una denuncia de una organización vecinal de Balvanera, que dio lugar a una causa que se tramita ante la Fiscalía de Cámara Nº 2, a cargo de Verónica Guagnino, y una clausura, el 16 de febrero. En julio último hubo una nueva denuncia por el derrumbe de una cortina metálica en el frente de los locales, accidente en el cual, milagrosamente, no se registraron víctimas. La feria iba a ser inaugurada este fin de semana, pero la apertura fue suspendida. “No tiene habilitación, si la abren, la vamos a clausurar”, dijo a Página/12 una fuente de la Agencia Gubernamental de Control del gobierno porteño.

Los negocios del dueño Levy no se limitan al boliche de la tragedia o al shopping Textirama. A fines del año pasado, tras la publicación en este diario de que en Rivadavia 3007 funcionaban un prostíbulo y un hotel alojamiento clandestino, ambos locales fueron clausura-

dos. Se trata de la whiskería Quatro Cat’s y el Hotel Leblon. La propiedad de ambos locales se atribuyó a las empresas off shore de Levy y Vengrover. La clausura se realizó después de una denuncia penal por el presunto delito de trata de personas, presentada por la Defensoría del Pueblo y una cámara oculta realizada por militantes de La Alameda, donde quedaba en evidencia la explotación sexual de mujeres. El único comercio abierto hoy en esa esquina es el Hotel Star, sobre la calle Ecuador. Allí fijó su domicilio Vengrover cuando se le tomó declaración indagatoria.

En cuanto al local donde funcionó República Cromañón, la propiedad estaba registrada a nombre de Nueva Zarelux, una sociedad off-shore radicada en Islas Vírgenes Británicas. La habilitación del comercio estaba en posesión del Hotel Central Park –también propiedad de Levy– y figuraba a nombre de otra empresa off shore, Lagarto S.A., que según el juez Baños también controlaba Levy.