El empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, fue detenido, por orden del juez Norberto Oyarbide, en el marco de una causa en la que se investiga adulteración de medicamentos oncológicos y para la hemofilia, apropiación de fondos de obras sociales, robo de medicamentos de programas oficiales y malversación de fondos de la Administración de Programas Especiales, constituida por aportes de los trabajadores. También se detuvo ayer a Sergio Blanco, socio de Lorenzo, y se efectuaron treinta allanamientos en busca de material probatorio. El juez Oyarbide afirmó que “Lorenzo tiene un rol protagónico” en los hechos investigados y señaló su “vinculación con Sebastián Forza”, una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez. La obra social más afectada es la de los bancarios. Entre los denunciantes de estos delitos se encuentra la ex ministra de Salud Graciela Ocaña.

Néstor Osvaldo Lorenzo, de 53 años, a quien se considera titular de la droguería San Javier, fue detenido en un departamento ubicado en Senillosa 957, barrio de Parque Chacabuco, junto con Sergio Blanco, que se hallaba con él. Los treinta allanamientos coordinados incluyeron la sede de la Obra Social Bancaria, el Policlínico Bancario, droguerías, farmacias, estudios jurídicos, escribanías y viviendas en la ciudad de Buenos Aires, La Plata, Haedo y Villa Martelli.

“Tal cantidad de allanamientos se vincula con delitos tan graves como la adulteración de productos oncológicos: una verdadera locura”, comentó a este diario el juez Oyarbide. “La cantidad de material incautado es inmensa y será analizada este fin de semana. Después, es posible que se disponga la libertad de los detenidos, pero Lorenzo está muy comprometido: su rol sería protagónico, según surge de intervenciones telefónicas”, agregó el magistrado, quien también señaló “la vinculación de Lorenzo con Sebastián Forza”, una de las víctimas, junto con Damián Ferrón y Leopoldo Bina, del triple crimen de General Rodríguez, en 2008.

Carlos Leiva, secretario del mismo juzgado, señaló que la investigación tiene “dos facetas: una de ellas es la falsificación: puede concernir al producto en sí mismo o bien al envase utilizado para vender un producto sustraído. El Ministerio de Salud de la Nación tiene programas de entrega gratuita de medicamentos, como el Plan Remediar o el Programa Nacional de Sida: estos fármacos pueden ser robados por empleados infieles o a través de robos hormiga en hospitales; se les cambia la leyenda que dice ‘Uso gratuito. Prohibida su venta’ y se los incorpora a la comercialización. La venta puede efectuarse a obras sociales, a hospitales o a otras droguerías”.

“La segunda faceta de lo investigado –continuó Leiva– se refiere a los beneficios de la APE (Administración de Programas Especiales, que funciona en el Ministerio de Salud y cuyos fondos provienen de los descuentos a los trabajadores), para medicamentos o tratamientos especiales. Se trata en especial de reintegros efectuados a la Obra Social Bancaria: falta constatar si los tratamientos o medicaciones se efectuaron realmente o hubo algún tipo de malversación.”

Leiva explicó un mecanismo utilizado: “La APE adelanta un subsidio; la obra social, a través de la droguería proveedora, debe hacer llegar la documentación o, en su defecto, devolver el subsidio. Lo que hacen estos empresarios es comprar droguerías a punto de quebrar, de modo que la APE no tiene a quién reclamarle la devolución del dinero que adelantó. Estamos investigando esto en unas cuantas droguerías”.

En cuanto a la adulteración de fármacos propiamente dicha, “se investiga la provisión de medicamentos oncológicos y para hemofílicos”, precisó Leiva.

Ocaña comentó a este diario que “Lorenzo trabajaba básicamente con la obra social bancaria, en la que un fideicomiso le garantizaba seis millones de pesos mensuales para proveer medicamentos y unos siete millones para atención médica. Es socio histórico de José Luis Zanola y otros sindicalistas. También trabajaba con la obra de los empleados de entidades deportivas. Yo lo denuncié, como ministra, por falsificar troqueles de medicamentos de alto costo a fin de reclamar fondos de la APE. Y cuando fui titular del PAMI, lo denuncié por pretender cobrarles a los afiliados del Hospital Francés medicamentos de los planes gratuitos del Ministerio”.

Ocaña afirmó que “en el 80 por ciento de las 400 denuncias que la Anmat hizo en los últimos cinco años, por medicamentos robados o adulterados, aparecen las mismas cuatro o seis droguerías, entre ellas San Javier, de Lorenzo, y las de Sebastián Forza: los dos tenían un mismo emprendimiento”. La ex funcionaria sostuvo que “Lorenzo fue principal aportante para la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner” y sostuvo que “cuenta con enorme protección en la política y el sindicalismo”. Durante el gobierno de Carlos Menem, Lorenzo fue empleado de Carlos y Lorenzo Spadone y resultó sobreseído en la causa por proveer al Estado leche adulterada.

Raúl Fontana, candidato a secretario general de la Asociación Bancaria por la lista Azul y Blanca, opositora, agregó que “enfermeras del Policlínico Bancario, que se negaron a administrar a pacientes los productos oncológicos adulterados, fueron trasladadas”. Ayer Página/12 intentó en vano obtener respuesta de las actuales autoridades del gremio.