La Convención Constituyente de la ciudad de Buenos Aires de 1996 tuvo entre sus objetivos eliminar los rasgos de carácter autoritario y contrarios al estado de derecho que –como los edictos policiales— ofendían a la democracia. Allí se fijaron los lineamientos de la política de seguridad pública dando apertura legal a la creación de una policía local. Los diversos gobiernos de la ciudad no avanzaron en su creación quedando así incumplido aquel mandato constitucional que el mismo poder político se había fijado, hasta que el año pasado se dictó la Ley Nº 2894 de Seguridad Pública. En ella quedó establecida la base jurídica e institucional fundamental para un sistema de seguridad pública en la ciudad y se creó la Policía Metropolitana. Dicha ley fue el fruto de un arduo consenso alcanzado entre casi todo el arco político porteño, en el que participó activamente la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.

Luego de jornadas, encuentros y seminarios se acordó que la policía local sería sólo una parte dentro de una política de seguridad integral. En el debate parlamentario quedó manifiesta la visión mayoritaria acerca de la política de seguridad en general, y qué fuerza policial, en particular, sería la adecuada para la ciudad. El propio Poder Ejecutivo había manifestado oportunamente que, teniendo en cuenta esta oportunidad histórica, la nueva policía debía ser moderna, de proximidad, alejada de los vicios y prácticas de las fuerzas federales y provinciales, profesionalizada y controlada.

Ahora bien, algunas de las disposiciones dictadas luego por el jefe de Gobierno de la ciudad no se condicen con el espíritu con el que se consensuó la creación de la Policía Metropolitana.

Primero dictó el Decreto 210/09, que permite incorporar personal proveniente de las fuerzas militares en los mandos medios de la futura Policía Metropolitana, contradiciendo el artículo 47 de la Ley 2894 y agrietando el consenso que se había construido en el entendimiento de que una policía de seguridad tiene objetivos bien distintos a los de las Fuerzas Armadas y su instrucción y formación, en consecuencia, son también dispares. Resulta muy dudoso que quienes provienen de la formación militar sean efectivos a la hora de la prevención y disuasión frente al delito.

Segundo, llegó el Decreto 520/09, que abrió la posibilidad del ingreso para quienes provienen de otras instituciones policiales sin haber terminado el secundario, afectando así otro de los acuerdos oportunamente arribados respecto de la imperiosa necesidad de profesionalizar y jerarquizar la nueva fuerza, que deberá remar, si se cumple con las expectativas porteñas, contra lo que ha sido la histórica corrupción y prepotencia.

Finalmente, el jefe de Gobierno designó a ex miembros de la Policía Federal en la conducción de la Policía Metropolitana, en uso de las facultades que le otorgó la ley, atribución que se acordó en tanto la promesa había sido formar un cuerpo policial con una conducción intachable y apegada a los derechos humanos; en el marco de una política de seguridad con prioridad en la prevención del delito, de proximidad con los vecinos y organizaciones sociales, renovada y despejada de los vicios de las fuerzas federales y provinciales. Ni antes Jorge Alberto Palacios ni ahora Osvaldo Horacio Chamorro se ajustan a esas perspectivas consensuadas. Había cierto acuerdo que implicaba la creación de un cuerpo policial diferenciado de las fuerzas de seguridad tradicionales: una fuerza comandada por el poder político y no por emergentes de la vieja policía que se referencia en ella misma. Las decisiones sobre los problemas de seguridad no deberían quedar en manos del ejercicio policial. Y el cuerpo policial, a su vez, no debería ser la única herramienta para combatir la inseguridad.

Si bien es cierto que la Policía Metropolitana no ha comenzado aún a funcionar, ello no obsta a que se advierta sobre las precoces fisuras que ya registra, para que sean reparadas o encauzadas, y así seguir trabajando para recuperar el consenso que laboriosamente se había construido y que dio luz a la norma fundacional de la nueva policía.

* Jefe de Seguridad Urbana de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.