Luego de despedir a Alberto Costa, el subsecretario de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires, el ministro de Salud Ricardo Zin aseguró que había pedido a sus funcionarios que no compraran medicamentos en la droguería San Javier, involucrada en la llamada “mafia de los medicamentos”. “Hablé con todos mis funcionarios hace un año, con el señor Costa también, y les advertí que no le compren a San Javier, por la situación casi delictual de ese grupo”, afirmó Zin. El vínculo de Néstor Lorenzo, el dueño de la droguería San Javier, y Costa, está siendo investigado por el juez federal Norberto Oyarbide. El empresario está acusado de vender medicamentos adulterados o robados al Estado. Zin admitió que conocía la relación entre su funcionario y Lorenzo pero insistió que la provincia no le compraba productos a su droguería. Según Costa, “sólo hablaban de cuestiones personales y proyectos”, dijo. Según el ministro bonaerense, al menos el 10 por ciento de los remedios que circulan son truchos. Ayer, por orden de Oyarbide, cuatro cooperativas de vivienda cercanas al edificio donde funciona el gremio de los bancarios fueron allanadas en busca de más documentación sobre Lorenzo y la red de medicamentos “truchos”.

Hacía cinco años que el subsecretario despedido tenía a su cargo las compras de medicamentos de la provincia. Según Oyarbide, de las escuchas realizadas a Lorenzo surgen “diálogos complicados” con Costa, a quien el juez investiga por negociaciones incompatibles con su función, cohecho y asociación ilícita. Zin recordó que hace más de un año, cuando ocurrió el triple crimen de los empresarios vinculados con compraventa de efedrina, la entonces ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, le proporcionó un listado de droguerías involucradas en causas judiciales, que ella misma había confeccionado. San Javier era una de ellas.

“Afortunadamente nosotros no le comprábamos a ninguna, pero a partir de ese momento hicimos aún más hincapié para que no se le comprara a ninguna droguería de este grupo”, afirmó Zin, quien negó cualquier tipo de compra de su cartera a Lorenzo. Por otra parte, y luego de elogiar a Oyarbide (“es uno de los mejores jueces federales, si no el mejor”), el ministro adelantó que habrá una investigación interna debido a la comercialización ilegal de medicamentos “para descartar cualquier tipo de responsabilidad”. En sus declaraciones, Zin contó que le preguntó a Costa si el ministerio compraba algo a los laboratorios vinculados a Lorenzo y dijo que no. “¿Y de qué hablaban?, le pregunté y me dijo que sólo de ‘cuestiones personales y proyectos, que le contaba cosas’”, recordó el ministro. Más tarde, este funcionario reconoció: “Debe haber situaciones que desconozco” en torno de la investigación que vincula a Costa y las maniobras de Lorenzo en la obras sociales sindicales, a quienes vendió medicamentos truchos y muy caros para tratamientos oncológicos y de VIH.

“Es muy posible que el 10 por ciento de los medicamentos que circulan sean falsificados”, estimó Zin. “Venden muestras médicas (gratuitas) o se retocan las fechas de vencimiento de los remedios.” Estas prácticas, agregó, constituyen un delito internacional, “pero acá parece que se hace con más saña que en otros lugares, está en riesgo la vida de la gente”. A modo de ejemplo, Zin relató lo que habría hecho la droguería San Javier: fabricar troqueles, el cartón del envase del medicamento, que se abrocha a la receta para que finalmente pague el Estado, “sin que se haya suministrado ningún medicamento”. Otra de las estafas, investigada por el juez Oyarbide es en la venta, surgió con la denuncia de un médico, quien advirtió que la medicación que él suministraba a un paciente de una obra social con cáncer no tenía efecto. Las obras sociales, la de los bancarios sobre todo, estarían implicadas en estas peligrosas estafas.

Ayer, el titular del gremio de los bancarios, Juan José Zanola, se defendió de las acusaciones de Ocaña, quien lo involucró en las maniobras de Lorenzo: la droguería San Javier proveía de medicamentos truchos abonados través de un “fideicomiso que garantizaba el negociado”. Zanola admitió conocer a Lorenzo “como proveedor de la obra social” pero juró que no tienen “una relación especial”. Sin embargo, Oyarbide reveló ayer que en un allanamiento consiguió documentación probatoria sobre el fideicomiso existente entre la Obra Social Bancaria, el Banco Provincia y la droguería San Javier. Ese fideicomiso, según Ocaña, beneficiaba a dos farmacéuticos que algunas vez fueron socios: Lorenzo y Sebastián Forza, uno de los tres empresarios asesinados en General Rodríguez.