La Justicia porteña ordenó suspender el decreto dictado por Mauricio Macri para que una asociación vecinal desalojara una plaza del barrio de Boedo, construida por los mismos vecinos hace 24 años. El gobierno de la ciudad planeaba construir allí un Centro de Gestión y Participación (CGP), pero ahora deberá esperar el resultado de una audiencia pública convocada por el juzgado, en la que deberán exponer sus motivos las autoridades de los ministerios de Desarrollo Urbano, Ambiente y Espacio Público y Desarrollo Económico.

La jueza en lo Contencioso Administrativo y Tributario Karina Cicero ordenó la suspensión del decreto que revocaba el permiso de uso público del predio en el que la Asociación de Vecinos Florentino Ameghino (Avefa) construyó la “única plaza del barrio de Boedo”, según resaltan orgullosos. El fallo es consecuencia del recurso de amparo presentado por Avefa hace una semana, del cual dio cuenta Página/12.

La asociación vecinal argumentó en su presentación que “satisface el interés público y cumple con los fines para los cuales el permiso de uso fue otorgado” y que “el jefe de Gobierno (Mauricio Macri) carece de facultades constitucionales para revocarlo”, explicó Solange Verón, abogada de los vecinos.

“Hasta tanto se reciban las actuaciones y se realice la audiencia, se ordena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que se abstenga de ejecutar la desocupación administrativa del predio”, sentenció el fallo de la jueza Karina Cicero, y ordenó presentar en el plazo de 5 días los documentos referidos al decreto.

La audiencia será el 23 de septiembre para los funcionarios, con cargos directivos, de Ambiente y Espacio Público y de Desarrollo Urbano, desde donde aseguraron “no estar notificados”. En el Ministerio de Desarrollo Económico confirmaron que se presentarán a la audiencia, pero que no harán declaraciones hasta después de la fecha.

“Por ahora, estamos contentos, pero sabemos que hay que seguir peleando. Es nada más que un pasito. Al menos, la jueza escuchó nuestro reclamo y tomó una decisión a partir de la línea argumental que presentamos sobre la nulidad del decreto. El desalojo significaría romper la asociación. Si todo sale bien, tendremos la tranquilidad para empezar a proyectar a largo plazo”, adelantó Daniela Paredes, integrante de la Comisión Directiva de Avefa.

El tironeo entre el gobierno porteño y Avefa comenzó hace un año, cuando el titular del CGP 5, Marcelo Bouzas, adelantó a los integrantes de la asociación que en el predio se instalaría el nuevo edificio de esa dependencia gubernamental. Y se corporizó en el decreto 623/09, que intimaba a Avefa a abandonar el predio a fines de septiembre por no cumplir “con la función social, recreativa y deportiva” que se le requería a la asociación como condición para mantener el permiso de tenencia precaria de uso gratuito del predio hasta 2016.

Según Verón, “la asociación cumple con el interés público” por las actividades culturales y deportivas que se llevan a cabo en el lugar. “Con el esfuerzo de los vecinos se decidió abrir una plaza que beneficia a todo el barrio y no sólo a los asociados. Sin el predio, la asociación desaparece. Lo clave es su territorialidad, su función de establecer lazos históricos y sociales en el barrio”, agregó.

En el predio funciona una escuelita de fútbol, se desarrolla el Programa de Calesitas del gobierno porteño, realizan actividades las cooperadoras escolares y tiene su sede una escuela primaria para mayores.

Entre los argumentos del fallo para solicitar la medida cautelar figura la fecha de vencimiento de la intimación que, según el decreto, sería a fin de septiembre. “Su no ejecución no genera grave daño al interés público, pero (de concretarse) sí podría provocar un daño difícil de revertir”, dice la sentencia.

Además, Verón indicó que “el procedimiento está viciado del debido proceso” por dos razones. Una es la falta de legitimidad del decreto, ya que “el permiso del predio fue otorgado por el Concejo Deliberante (en 1998) y, con la sanción de la Constitución de la Ciudad, su continuación legal es la Legislatura. Por tanto, es la que tiene las facultades para revocar el permiso”. Además, ese cuerpo aprobó hace una semana, con 25 votos, un proyecto de declaración contra el desalojo. La otra razón es que, según la abogada, el decreto “fue firmado el 6 de julio y aún no apareció en el boletín oficial”.

“No entiendo mucho de resoluciones... Pero me alegró mucho el fallo: jugué varios años en la canchita de la plaza”, resaltó un vecino que venía juntando firmas para detener el desalojo.

Informe: Nahuel Lag.