La fuente judicial, que trabaja a metros del despacho del juez Norberto Oyarbide y deja doce horas diarias, a veces, más, para atender las causas relacionadas con “la mafia de los medicamentos” aclara que no va a adelantar medidas. Sabe de la petición del fiscal Luis Comparatore para que se llame a declarar al sindicalista bancario Juan José Zanola “como testigo”, pero enseguida pisa el freno. “El fiscal puede pedir lo que quiera, pero el que provee es el juez y por ahora la causa está en estudio”, dice la fuente. ¿Faltan pruebas sobre el vínculo entre la Droguería San Javier, sospechada de proveer medicamentos a la obra social bancaria, y Zanola? No, dice. Pero todavía no tienen el peso para que el sindicalista sea traído al juzgado como imputado y no como simple testigo.

“Después de todos los allanamientos necesitamos evaluar las pruebas antes de indagar a alguien. De todas formas, la causa está muy avanzada”, agrega la fuente judicial. Por el juzgado de Oyarbide ya pasó Néstor Lorenzo, uno de los dueños de la droguería San Javier, y aunque está en libertad (pasó preso solo un día) no puede salir del país. Entre la prueba colectada, agrega el colaborador del juez, “hay de todo”: grabaciones, documentos escritos, computadoras, cajas y cajas de medicamentos.

Mientras tanto, Zanola salió a defenderse. Aseguró que las sospechas en su contra son una operación política para perjudicarlo en las elecciones en su gremio, el próximo 23 de septiembre, y se puso a disposición de la Justicia para saldar cualquier malentendido. Para llevar “tranquilidad” a los afiliados de la obra social de los bancarios, informó ayer que esperan los “resultados de auditoría interna y externa” sobre todos los medicamentos que se proveyeron. “Nosotros, siendo víctimas, aparecemos como victimarios”, dijo Zanola.

“El gremio trabajó con la droguería de Lorenzo en 2006 y 2007, con insumos oncológicos y de VIH, pero después de la adulteración detectada en el Policlínico Bancario en 2007, y con petición de la Anmat (el ente que regula los medicamentos), se dejó de comprar drogas a San Javier, a partir de marzo del 2008”, aseguró el sindicalista. Los investigadores también sospechan de Paula Aballay, su esposa, que estaría al frente de la Obra Social del gremio que él dirige. Habrían introducido esos medicamentos sabiendo que eran truchos y cobrando alguna comisión por ellos.

La fiscalía pidió ayer que se los cite “inmediatamente” a ambos. En el escrito, el fiscal Luis Comparatore mostró particular interés en que se indague a quien “se encontraba a cargo del control de todas las clínicas y hospitales que prestaban servicio a la obra social bancaria”: Aballay. Y sugirió que, “dadas las urgentes medidas que se vienen desarrollando en la presente causa”, se obligue a Zanola que “en caso de que viaje al exterior, lo ponga en conocimiento del tribunal previamente”.

Comparatore también solicitó que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) precise los informes patrimoniales de todos los involucrados, incluidos los funcionarios públicos, y que se le pida a la policía internacional Interpol informes para saber si los medicamentos “truchos” pudieron haber salido del país. Por ahora, hay un solo ex funcionario público vinculado directamente con el caso, Alberto Costa, que fue subsecretario de Control Sanitario de la provincia de Buenos Aires. Costa fue desplazado la semana pasada por su jefe, el ministro de Salud bonaerense, Claudio Zin.

El escrito del fiscal sugiere más medidas “conducentes para la pesquisa”. A saber: que se le requiera al juez federal Ariel Lijo la nómina de aquellas “personas físicas o jurídicas” que hayan hecho aportes desde el sector salud al Frente para la Victoria. Sobre este punto, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, afirmó que “tal vez” hubo aportes, sin que lo supiera la Presidenta (ver aparte). La ex ministra de Salud Graciela Ocaña, una de las denunciantes en esta causa de la mafia de los medicamentos, sostuvo ayer que las “metodologías corruptas y criminales de esta mafia van más allá de un partido político o de un gobierno”.

Consultado sobre estas artimañas, Marcelo Peretta, presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, resumió el asunto de este modo: “Hace 15 años que los medicamentos especiales, por su alto costo (cuestan en promedio 2000 pesos) y ‘su baja incidencia’ (son pocos los pacientes que los utilizan), fueron sacados del circuito de las farmacias públicas y privadas. Se empezaron a distribuir por un canal especial: por correo o por ventanilla en las obras sociales. Lo que pasó es que este canal administrativo para obtener los medicamentos se corrompió”.

Dos ministros de Salud (Gines González García y Ocaña), intentaron frenar esta mafia. El primero limitando la creación incesante de droguerías (algunas de ellas fantasmas), la segunda apuntalando los manejos internos. Una de las prácticas más comunes era robarle medicamentos al Estado y volver a vendérselos. “Es gente inescrupulosa, muchos son delincuentes vestidos de empresarios”, define Peretta. Una mafia consolidada que, en palabras de Ocaña, “viene actuando amparada en el anonimato, con sobornos y contactos políticos y sindicales, desde hace años”.