La intervención a la obra social de los empleados bancarios, dispuesta ayer por el Poder Ejecutivo nacional viene a destacar la probabilidad de que gremialistas de la Asociación Bancaria –empezando por su titular, Juan José Zanola– estén implicados en delitos vinculados con la provisión de medicamentos a los afiliados. El desplazamiento de las autoridades de la obra social había sido “sugerido” por el juez Norberto Oyarbide, que lleva la causa. Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, destacó que “la intención del Gobierno es llegar hasta el hueso de la causa”. El viernes pasado –en un allanamiento al Policlínico Bancario dispuesto por Oyarbide– se habían encontrado medicamentos oncológicos vencidos y con la fecha de vencimiento borrada. El flamante interventor, Pedro Ferrara, es un oncólogo especialista en cuidados paliativos, hijo de Floreal Ferrara, ex ministro de Salud bonaerense. El decreto presidencial no fijó plazos para la intervención, que fue celebrada por afiliados y empleados del Policlínico Bancario.

La intervención de la Obra Social Bancaria Argentina (OSBA) fue dispuesta por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y anunciada conjuntamente por Aníbal Fernández, jefe de Gabinete, y por Juan Manzur, ministro de Salud. “Son muchos los testimonios según los cuales la medicación suministrada por la obra social bancaria no tenía efectos”, afirmó Aníbal Fernández al anunciar la medida “con el propósito de proteger a los afiliados que pudieran haber sido defraudados”. El funcionario subrayó que “en los allanamientos se incautaron sustancias medicinales cuestionadas, así como documentación relativa a su origen espurio”.

Aníbal Fernández agregó que la instrucción de la Presidenta es “llegar hasta donde sea necesario para dilucidar todas las complicaciones que pueda haber: se habla de medicamentos adulterados, comercializados, robados y vencidos que han sido suministrados para patologías muy severas como el VIH, las oncológicas o la hemofilia”.

El jefe de Gabinete aclaró que “no se puso una fecha específica de finalización de la intervención” y le fijó “dos metas: encontrar desde el primero hasta el último de los responsables y garantizar a los afiliados que serán protegidos por el sistema”. Aníbal Fernández calificó de “desleznables” los delitos que se investigan y subrayó que “la actitud del Gobierno es llegar al hueso de la causa y cumplir con todas las acciones que le permitan al juez dar con desde el primero hasta el último” de los responsables.

El ministro Manzur, por su parte, calificó los hechos de “criminales y delictivos” y anunció “la máxima colaboración” con la investigación judicial.

Oyarbide había comentado que, en el allanamiento a La Bancaria, se encontraron “depósitos increíbles, por su volumen, de medicamentos vencidos”, incluso cajas de remedios ocultas bajo tierra.

El interventor designado es Pedro Ferrara, oncólogo y especialista en cuidados paliativos, a quien Aníbal Fernández presentó como “un conocedor de la medicina pública”, que está “comprometido en llegar hasta donde sea necesario”. Ferrara es oncólogo y organizó el Area de Cuidados Paliativos del Hospital Rodolfo Rossi de La Plata –donde desarrolló un trabajo innovador que Página/12 dio a conocer el 28 de octubre de 2004–. No se dieron a conocer antecedentes de Ferrara en administración hospitalaria. Su padre, el sanitarista Floreal Ferrara, fue ministro de Salud en 1973, y, entre 1989 y 1997, fue director gerente de prestaciones en la obra social que ahora será conducida por su hijo, entonces denominada Instituto de Servicios Sociales Bancarios.

El juez Oyarbide había enviado una carta a la presidenta de la Nación, en la cual detallaba las irregularidades encontradas y sugería la intervención de la obra social de los empleados bancarios.

Ayer Jorge Fainstein, director médico del Policlínico Bancario, sostuvo que “ningún médico de esta institución hubiera suministrado jamás un medicamento adulterado” y que “cuando hubo sospecha de que no era un medicamento original, que pudo haber estado adulterado o violentado, se hizo la denuncia correspondiente; esto sucedió en 2007, y lamentamos que la autoridad de aplicación (en la obra social bancaria) no haya llevado adelante la investigación correspondiente”.

La intervención desplaza formalmente de la titularidad de la obra social a Juan José Zanola. Paula Aballay, pareja del sindicalista, venía desempeñándose como directora administrativa del Policlínico Bancario. Ayer, en el Policlínico Bancario, empleados y afiliados de la OSBA celebraron la intervención con gritos y cánticos. Susana Fiona, vicedirectora de la entidad, se retiró con custodia policial, insultada por los trabajadores.

Los sucesos que desencadenaron la intervención comenzaron el 4 de este mes, cuando el juez Oyarbide dispuso la detención del empresario Néstor Lorenzo, dueño de la droguería San Javier, en el marco de una causa que incluye adulteración de medicamentos oncológicos y para la hemofilia, apropiación de fondos de obra sociales, robo de medicamentos de programas oficiales y malversación de fondos de la Administración de Programas Especiales (APE, constituida por aportes de los trabajadores y dependiente del Ministerio de Salud). En los días sucesivos, la investigación señaló que la droguería San Javier tenía incluso una sede en el interior del Policlínico Bancario.